Precipitaciones de verano: ineficiencias y consecuencias de la gestión subnacional

Recientemente, el Gobierno declaró el estado de emergencia en algunos departamentos por riesgo elevado de inundaciones. Este fenómeno recurrente expondría a casi 6 millones de peruanos a nivel nacional durante el primer trimestre del año, mientras que casi 4.5 millones podrían ser afectados por movimientos de masas (huaicos y avalanchas). Junín, Arequipa, Cusco y Puno destacan por su vulnerabilidad. 

Es importante tener presente que este año no existen condiciones climáticas atípicas. El Gobierno ha descartado la existencia del fenómeno de El Niño para este verano (60% de probabilidad de una condición neutra). También pronostica lluvias normales en la costa y sierra, con escenarios debajo de lo habitual durante enero, aunque advierte incrementos en la selva. Sin embargo, la población expuesta a riesgo alto o muy alto de inundaciones representa cerca del 70% de la población expuesta durante los primeros meses de 2023, cuando ocurrió El Niño. 

En esta ocasión, la mayoría del riesgo que traen las lluvias se explicaría por la deficiente estrategia de adaptación del Gobierno. Muchas personas habitan todavía en zonas de alto riesgo y hace falta infraestructura que mitigue el impacto de las lluvias a nivel nacional. Respecto de las inundaciones, la situación se agrava en Junín debido a que 915,866 personas y 312,115 viviendas enfrentan un riesgo elevado (alto o muy alto) de sufrir perjuicios, sobre todo durante los meses de febrero y marzo, según estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). 

Las inundaciones también podrían afectar severamente a Arequipa (665,938 personas en riesgo elevado), Cusco (613,528 personas) y Puno (611,350 personas). Preocupa la situación de estos dos últimos departamentos dado que también destacan como los más expuestos a movimiento de masas, sobre todo en marzo. Otras regiones que también podrían resultar muy afectadas son Huánuco (296,425 personas), Cajamarca (271,753 personas) y Amazonas (270,170 personas). 

Cabe resaltar que no existe certeza sobre la ocurrencia de precipitaciones superiores a lo habitual, dado que, como máximo, existe una probabilidad cercana al 50% de ocurrencia en la selva norte (Amazonas, San Martín y Loreto) y la sierra suroriental (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno), de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). En la mayoría de las regiones es igual o más probable que ocurran precipitaciones normales. Por esto, el riesgo de afectaciones que generarían las lluvias se explicaría por deficiencias en la inversión pública. 

Presupuesto ineficiente

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el programa presupuestal 0068 se encarga de salvaguardar a la población de los peligros de origen natural e inducidos por la acción humana (incendios forestales). Debido a la magnitud y recurrencia de estos fenómenos, cerca de un tercio de la población objetivo del programa refiere a aquella vulnerable ante inundaciones y movimiento de masas. Las intervenciones pueden desarrollarse a manera de gasto público (acciones comunes, implementación de brigadas, monitoreo, simulacros, mantenimiento, entre otros) o de inversión pública (construcción de infraestructura, mejoramiento, ampliaciones, etc.). 

La lógica sugiere que la infraestructura física para contener la mayoría de los peligros de origen natural (con excepción de sismos, tsunamis y volcanes) sería la alternativa más efectiva, mientras que la “estrategia” pública prioriza el gasto público (casi el 70% del presupuesto del programa asignado a dicho concepto el año pasado). Sobre este concepto, un 41.7% se destina a acciones comunes, cifra que aumenta al 61.5% a nivel subnacional, principalmente orientado a la atención de actividades de emergencia en el sector agropecuario. Una política reactiva, en lugar de preventiva. 

La mayoría de los departamentos replica esta dinámica: 18 de 24 asignan menos de la mitad del presupuesto subnacional del programa 0068 a inversión pública. Existe una ligera tendencia positiva con respecto al nivel de vulnerabilidad: entre mayor cantidad de población expuesta a inundaciones se prioriza la inversión pública. Sin embargo, en los departamentos más vulnerables (Junín, Arequipa, Puno y Cusco) se interrumpe la relación. Estas cuatro necesitan invertir más en defensas ribereñas, sistemas de drenaje pluvial, muros de contención, etc. 

También es importante tener presente que, cerca del 50% del presupuesto subnacional del programa del año pasado se concentró en cuatro departamentos: Ica (S/ 363 millones; 24.9% del total), Áncash (S/ 135 millones; 9.3%), Lima (S/ 122 millones; 8.4%) y Cusco (S/ 103 millones; 7.1%). Al respecto, mientras que Cusco (tercera más vulnerable a inundaciones) e Ica (sexta) estarían en riesgo elevado, la menor exposición en Áncash (moderada) y Lima (mínima) representan una oportunidad para redistribuir el presupuesto a favor de departamentos más vulnerables. 

Sobre todo, porque tanto Lima como Ica solo asignaron un 11.6% del presupuesto subnacional del programa a la inversión pública durante el año pasado. Lo mismo debería considerarse para La Libertad, Amazonas, Loreto, Cajamarca y Madre de Dios, siendo las que menos invierten en infraestructura en esta materia, con énfasis en la última que asignó un 0%. Así, dentro del programa es importante una revisión de la distribución y gestión del presupuesto público.