En un acto de lo más irresponsable, en sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas, su presidente se negó a tramitar pedidos de cuestión previa formulados por diversos congresistas y forzó la votación de un dictamen de ley de minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE) que finalmente terminó desaprobado por amplia mayoría. 

En vez de aceptar las cuestiones previas y seguir debatiendo el dictamen en la siguiente legislatura, como ya se había aprobado en una sesión anterior para mejorar el texto notablemente, propició su desaprobación. Lo que toca es que el Ejecutivo presente una nueva propuesta que recoja mucho de lo ya debatido últimamente. 

Para ello, nada de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)  encubierto, como se pretendía en el dictamen desaprobado con el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat). Ojo que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que los poderes del Estado se abstengan de contemplar un marco jurídico-normativo de exención de responsabilidades penales, civiles y administrativas en el proceso de formalización minera, la prórroga del régimen transitorio y cualquier política pública que regule dicha actividad de manera permanente. 

Se debe descartar las categorías de minería tradicional o ancestral, que son ambiguas y no responden a un procedimiento seguido ante la administración que dé mérito a un título habilitante. Asimismo, no contemplar una figura de servidumbre forzosa para permitir actividad minera en concesiones de terceros, ya que sería un acto equiparable a una expropiación de la concesión minera y, por tanto, incompatible con el marco constitucional vigente. 

Se debe reconocer que, después de altas y bajas, hoy el proceso de formalización liderado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) pareciera seguir un norte. En el marco del Decreto Supremo 012-2025-EM, se estableció que el 31 de diciembre de este año se dé el cierre definitivo del Reinfo y, mediante Resolución Directoral 0004-2025-MINEM/DGFM, se dispuso la cancelación de más de 50,000 registros del Reinfo que se encontraban suspendidos desde hace unos años. 

Asimismo, se espera que próximamente se implemente el sistema interoperable para la trazabilidad, desde la producción hasta la planta procesadora. Corresponderá la fiscalización posterior a diversas entidades, principalmente Sunat, Sucamec y Minem. 

Como bien dijo un CEO de una importante compañía minera en el país, “no hay que tener vergüenza de decir que somos un país minero y que la minería ha trabajado por este país”. Y es que la minería no es solo nuestra principal actividad exportadora, sino que es clave para cerrar las enormes brechas sociales que hoy nos duelen como país. Actualmente, tenemos US$ 64,000 millones en proyectos mineros estancados. Si se pusieran en marcha, podrían traducirse en más infraestructura, hospitales, escuelas y oportunidades para millones de peruanos. 

Por eso, es imprescindible trabajar en una Ley MAPE que aporte soluciones reales al proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, y a la vez enfrente con decisión la minería ilegal, uno de los principales problemas económicos, ambientales y sociales que enfrentamos. 

Tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República tienen la responsabilidad de no retroceder. Necesitamos políticas públicas que impulsen la inversión, la formalización y la sostenibilidad. Defender la minería responsable es defender el desarrollo del Perú.