Petroperú: más de lo mismo

Resulta difícil comprender cómo, en el actual contexto fiscal y económico, y pese a los intentos de aclaración, el Gobierno está evaluando una nueva inyección de capital a Petroperú tras reunirse con sus sindicatos. Más aún cuando la evidencia reciente demuestra, con claridad, que los problemas de la empresa no responden a una coyuntura transitoria, sino a deficiencias estructurales en su gestión. 

No se trata de cuestionar la existencia de una empresa estatal per se, sino de advertir las consecuencias de sostener, con recursos públicos, un modelo de operación que distorsiona el mercado, afecta la competencia y, finalmente, perjudica a los ciudadanos. 

Petroperú ha mostrado una incapacidad sostenida para competir en condiciones de mercado. Su estrategia comercial ha consistido, en buena medida, en reducir precios por debajo de la paridad de importación, práctica que no solo resulta insostenible en el tiempo, sino que además genera un entorno de competencia desleal frente a operadores privados que se rigen por criterios de eficiencia y rentabilidad. 

A ello se suma una situación particularmente grave: la deuda pendiente en el marco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Mientras el Estado evalúa nuevos aportes de capital a la petrolera estatal, mantiene obligaciones impagas con otros actores del mercado, lo que genera un trato desigual que vulnera principios básicos de competencia y seguridad jurídica. 

Este tipo de decisiones envía señales equivocadas. En lugar de promover un entorno competitivo, transparente y predecible —condiciones indispensables para atraer inversión—, se refuerza la percepción de un Estado que interviene para favorecer a sus propias empresas, incluso cuando estas no cumplen con estándares mínimos de eficiencia. 

El marco constitucional es claro: el rol del Estado en la actividad empresarial es subsidiario. Esto implica que solo debe participar de manera directa cuando el sector privado no pueda o no quiera hacerlo. En el caso de la comercialización de combustibles, dicha condición no se cumple. Existe una amplia presencia de operadores privados a lo largo del país, capaces de abastecer el mercado en condiciones competitivas. 

Por ello, Petroperú debería reorientar su operación hacia aquellos espacios donde efectivamente exista una falla de mercado —zonas alejadas o de difícil acceso— y dejar de competir en segmentos donde el sector privado ya opera eficientemente. 

En paralelo, el reciente decreto de urgencia que establece un plan de reestructuración para la empresa debe ser implementado con seriedad y sin interferencias políticas. Este proceso no puede convertirse en una formalidad mientras, por otro lado, se siguen comprometiendo recursos públicos sin implementar cambios de fondo. 

El país enfrenta enormes brechas en infraestructura, salud, educación y seguridad. Persistir en el financiamiento de una empresa estatal ineficiente no solo es una mala decisión económica, sino también una asignación irresponsable de recursos públicos. 

El Perú necesita reglas claras, respeto del marco constitucional y un compromiso real con la competencia. Insistir en lo contrario es, simplemente, seguir postergando las soluciones de fondo.