A propósito del Ranking de Competitividad Mundial 2024, desarrollado en conjunto por Centrum PUCP y el Institute of Management Development de Suiza, analizaremos los resultados que obtuvo nuestro país en el pilar Infraestructura y los factores Mercado laboral y Legislación para los negocios, sus determinantes y las oportunidades de mejora. 

En primer lugar, dentro del pilar Infraestructura, aunque casi todos los factores muestran retrocesos, destacan por su relevancia "Acceso a agua" e "Infraestructura Sanitaria", los cuales presentan resultados deficientes. 

En cuanto al acceso a agua, nuestro país se ubicó en la posición 64 (de 67 países analizados), con lo cual el informe expone que este servicio no está totalmente garantizado ni adecuadamente gestionado. Esto se sustenta en los resultados expuestos en el informe técnico de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual señala que el acceso al servicio de agua por red pública a nivel nacional fue del 89.4% en 2023. 

Al desagregar estos datos, se observa que el 92% de la población urbana accede a este servicio, mientras que la población rural solo el 78.8% tiene acceso. Aunque estas cifras parecen ser aceptables, lo grave es que el 73.7% de la población a nivel nacional no tiene agua gestionada de manera segura, y que esta cifra sube al 97.5% en la población rural, mientras que es el 67.8% en la urbana. Cabe resaltar que este último indicador ha venido empeorando desde 2019, año en el que alcanzó su nivel más bajo y se veían mejoras. 

Asimismo, la infraestructura sanitaria también deja mucho que desear. En esta edición del ranking ocupamos la penúltima posición, al caer tres puestos con respecto a la edición anterior. De acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), en 2022, existían un total de 25,242 establecimientos de salud activos, entre aquellos adscritos al Ministerio de Salud (Minsa), privados, EsSalud, Fuerzas Armadas, entre otros. De estos, 8,297 de los 8,783 del primer nivel de atención en el país cuentan con capacidad instalada inadecuada, según estimaciones del Minsa. Es decir, el 94.5% de estos establecimientos públicos tiene una infraestructura precaria y un equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. 

A la luz de estos resultados, que describen una preocupante situación, es imperativo que se destraben los proyectos de inversión de los sectores de agua y saneamiento, y salud. Según información de la Contraloría General de la República, a junio de 2024, existen 492 obras paralizadas del sector vivienda, construcción y saneamiento, que sumaban S/ 6,631 millones. En la misma línea, se tienen 69 obras paralizadas del sector salud, equivalentes a S/ 4,024 millones de soles. 

Por otro lado, en cuanto a la Eficiencia de Negocios, enfocándonos en el mercado laboral, nuevamente nuestro país presentó un desempeño pobre. Ocupó la posición 57, un retroceso considerable desde el puesto 36 obtenido en 2023. Esta caída drástica se debe a los altos niveles de desempleo, subempleo e informalidad. Estos problemas estructurales de nuestro mercado laboral afectan la competitividad del país, lo que limita su capacidad para atraer y retener talento calificado. 

A fin de mejorar en este aspecto, sugerimos la implementación de reformas laborales que fomenten la formalización del empleo y reduzcan la informalidad. Esto incluye simplificar los trámites para la contratación y el despido, y ofrecer incentivos para la creación de empleo formal. Además, es crucial desarrollar programas de formación profesional y educación continua en colaboración con el sector privado. Esto ayudará a mejorar las habilidades de la fuerza laboral y adaptarla a las demandas del mercado. Finalmente, es necesario crear políticas de atracción y retención de talento local, mediante el ofrecimiento de beneficios y oportunidades de desarrollo profesional para los empleados. 

Como si fuera poco, en cuanto a la legislación para los negocios, el Perú se ubicó en la posición 53 en 2024, con lo que desciende ligeramente de la posición 48 en 2023. Este factor ha mostrado fluctuaciones a lo largo de los años, pero permanece en una posición baja. La legislación para los negocios en Perú aún enfrenta retos en términos de simplificación de procesos, burocracia y protección legal. La economía informal, evaluada a través de la percepción de su impacto negativo, ha mostrado un deterioro, con un valor que ha bajado de 1.9 a 1.7, y una caída en la posición de 62 a 66. El número de días necesarios para iniciar un negocio se ha mantenido constante en 26 días, pero la posición ha descendido ligeramente del puesto 59 al 61, lo que indica que otros países han mejorado más rápidamente en este aspecto. 

En ese sentido, si se quiere que el país se vuelva más competitivo, se debe facilitar la creación y operación de empresas mediante la reducción de trámites y costos asociados, implementando una ventanilla única para todos los trámites empresariales. Es esencial fortalecer el marco legal que protege a las empresas contra abusos y prácticas desleales, con el fin de asegurar un entorno regulatorio estable y predecible que fomente la inversión y el crecimiento empresarial. 

En resumen, el análisis sobre infraestructura y mercado laboral revela áreas críticas en las que el Perú necesita enfocarse y mejorar para aumentar su competitividad. A través de reformas estructurales y programas de desarrollo, es posible corregir las deficiencias actuales y construir una base más sólida para el crecimiento futuro del país. Se requiere voluntad política para abordar estos temas, en los cuales presentamos falencias desde tiempo atrás y que limitan la competitividad de nuestra economía.