Perú, entre los países donde más cuesta abrir y operar una empresa

La reciente publicación del Índice de Burocracia 2026, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), ubicó al Perú como la segunda economía entre 27 países evaluados, y la primera en América Latina y el Caribe, donde más tiempo cuesta abrir y operar una empresa. La barrera principal no se encuentra en el registro formal, sino en la obtención de permisos específicos y municipales, a lo que se suma una constante dinámica en la que el propio Estado genera más trámites. 

En América Latina y el Caribe, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan cerca del 99.5% del total de empresas en la región y son responsables de generar el 60% del empleo productivo formal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el Perú, una proporción similar del tejido empresarial se explica por las micro y pequeñas empresas (mypes), que contribuyen con el 20.6% del PBI, según el Ministerio de Producción (Produce). Sin embargo, la mayoría de ellas opera en la informalidad, debido a factores como los altos costos burocráticos que frenan su apertura, crecimiento y consolidación en el mercado.

El índice de burocracia evidencia que la apertura de una mype en el Perú demanda 3,853 horas, un 135% más horas que el promedio (1,638 horas) de las 27 economías analizadas, y muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe (1,812 horas). Esta carga equivale a aproximadamente 22 meses de trabajo a tiempo completo, considerando jornadas de ocho horas diarias y 22 días laborables al mes. 

Una vez iniciadas sus operaciones, una mype peruana enfrenta una carga administrativa estimada de 3,181 horas anuales, un 170% superior al promedio de las 27 economías evaluadas (1,178 horas) y un 145% mayor que el promedio de América Latina y el Caribe. Esto representa, aproximadamente, el 153% del tiempo de trabajo anual de un empleado a tiempo completo, es decir, una carga administrativa superior a la capacidad laboral anual. 

El contraste con la región es alarmante: abrir un negocio en el Perú toma más de once veces lo que cuesta hacerlo en Brasil (334 horas); mientras que, para la fase de funcionamiento, nuestro país demanda nueve veces más horas que Chile (376). 

El cierre de una empresa tampoco está exento de dificultades. Según el índice, una mype peruana enfrenta una carga burocrática estimada de 5,367 horas para cesar sus actividades, equivalentes a aproximadamente 31 meses de trabajo a tiempo completo. Esta elevada carga administrativa puede desincentivar la formalización y dificultar la salida ordenada de empresas del mercado 

¿Dónde están las barreras burocráticas?

Una barrera burocrática es toda exigencia, requisito o cobro que una entidad pública impone y que condiciona o impide el acceso o la permanencia de una empresa en el mercado, según Decreto Legislativo 1256. Sin embargo, cuando estas exigencias carecen de sustento legal o lógica, pueden constituir barreras burocráticas ilegales que afectan el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado. 

Entre enero y junio de 2026, el Indecopi reportó 608 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, un 183% más que en el mismo periodo de 2025. La Municipalidad Provincial del Callao concentró el 38.3% del total identificado. 

En el Perú, abrir una empresa y obtener el RUC toma aproximadamente 628 horas, mientras que la licencia municipal de funcionamiento demanda 1,879 horas, según la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), lo que demuestra que el mayor cuello de botella se encuentra en el ámbito municipal. En contraste, Chile integra el registro de empresas en una ventanilla única con criterios estandarizados entre entidades públicas, a lo que se suman iniciativas como Pyme Ágil, que permiten tramitar permisos en el menor tiempo posible y así reducen significativamente las horas dedicadas a los procesos de licenciamiento, de acuerdo con el Ministerio de Economía de Chile (MEC) 

Para reducir la carga burocrática, la prioridad es simplificar, eliminar requisitos innecesarios y aplicar criterios uniformes y estables, sobre todo en las municipalidades. El Indecopi señala que muchas de estas trabas responden al desconocimiento del marco normativo vigente por parte de las autoridades locales, por lo que es fundamental capacitar a los funcionarios al respecto.  

Mientras abrir, operar o cerrar una empresa implique una carga administrativa tan elevada, las mypes seguirán destinando a ello recursos que podrían emplear en producir, innovar y generar empleo. Simplificar la regulación no significa eliminar controles necesarios, sino reducir costos injustificados que desalientan la formalización y limitan la competitividad.