Perú cae dos posiciones en el Índice de Libertad Económica 2026

El Perú mantiene fortalezas macroeconómicas y apertura comercial, pero enfrenta rezagos persistentes en institucionalidad. Esto que limita su competitividad y explica la pérdida de posiciones frente a economías más dinámicas.

El pasado 10 de marzo, The Heritage Foundation publicó el Índice de Libertad Económica 2026, que evalúa el grado de libertad económica en 176 economías. El índice determina qué tan favorable es el entorno para la inversión, el emprendimiento y el desarrollo productivo, con base en 12 indicadores agrupados en cuatro pilares[1]: Estado de derecho, Tamaño del Gobierno, Eficiencia regulatoria y Apertura de mercados. A nivel global, solo un grupo reducido de economías alcanza la categoría de “libres”, mientras que la mayoría se ubica en niveles intermedios o bajos de libertad económica. 

En este contexto, el Perú retrocedió dos posiciones frente al año anterior y pasó a ubicarse en el puesto 56 del índice, con un puntaje de 66.3. Con este resultado, el país mantiene una categoría de libertad moderada, tanto a nivel global como en la región. No obstante, se mantiene por detrás de economías que lograron avances más sostenidos en la calidad de su entorno institucional y regulatorio, como Chile (puesto 17), Uruguay (puesto 32) y Paraguay (puesto 55), líderes en la región.

Nuestra trayectoria reciente evidencia un claro estancamiento. Tras alcanzar su puntaje más alto en 2020 (67.9 puntos), el país ha oscilado en un rango acotado. Esta evolución indicaría que las fortalezas macroeconómicas no fueron suficientes para compensar los rezagos institucionales. Particularmente, la persistencia de debilidades en Estado de derecho, Integridad gubernamental y Efectividad judicial ha limitado la capacidad del país para consolidar mejoras en libertad económica.

Sobre las fortalezas, el país destaca en aspectos vinculados a la apertura de mercados y la estabilidad macroeconómica. Sobresalen indicadores como la libertad de comercio (81.6 puntos), la estabilidad monetaria (77.6) y la libertad empresarial (73.1), con desempeños superiores a los promedios regional y global. Asimismo, se observan resultados favorables en el frente fiscal, donde indicadores como el gasto público (84.8) y la salud fiscal (87.4) ubican al país por encima de sus pares. No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que no necesariamente reflejan la calidad del gasto ni las presiones fiscales recientes, asociadas a mayores costos y desafíos en la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Por otro lado, todavía se observan debilidades estructurales en el pilar de Estado de derecho, que continúan siendo el principal lastre para la mejora del desempeño del país en el índice. Si bien el Perú muestra un desempeño ligeramente superior al promedio de Sudamérica en derechos de propiedad (44 frente a 43.3), se mantiene por debajo del promedio mundial (52.2). Más aún, los rezagos son más evidentes en otros componentes clave: la integridad gubernamental (35) se sitúa por debajo tanto del promedio regional (39.7) como del global (44.7), mientras que la efectividad judicial (47.8) apenas alcanza el promedio mundial (48.2) y se ubica por debajo del regional (50.5).

Estas debilidades se manifiestan en la capacidad administrativa del Estado, particularmente de los Gobiernos locales. A partir del Registro Nacional de Municipalidades 2025, se estima que más del 80% de municipalidades requiere capacitación o asistencia técnica en procedimientos administrativos y de administración tributaria. Es decir, presentan dificultades incluso en el desempeño de sus funciones más básicas.

Asimismo, el nivel de corrupción refleja los desafíos persistentes en materia de integridad y confianza institucional. Según el Sistema de Denuncias Policiales, las denuncias por corrupción a nivel nacional se mantienen elevadas, con más de 290 casos registrados en 2025, una ligera disminución frente a las 326 denuncias realizadas en 2024. De hecho, el informe señala que el sistema judicial es vulnerable a la interferencia política y que los problemas de corrupción han debilitado la confianza en las instituciones públicas.

Esta brecha institucional no es nueva. A pesar de haber consolidado un marco abierto al comercio y la inversión —mediante reformas orientadas a facilitar la creación y operación de empresas—, la falta de instituciones sólidas que garanticen reglas de juego claras y previsibles limitan un mayor avance. Particularmente, la incertidumbre política y la debilidad del sistema judicial afectarían la confianza empresarial y las decisiones de inversión de largo plazo.

Los resultados del índice adquieren especial relevancia en el contexto de las elecciones generales de 2026. Más allá de la posición en el ranking, el desafío no solo radica en fortalecer el Estado de derecho, reducir la incertidumbre regulatoria y consolidar la integridad institucional, sino también en preservar los avances alcanzados. En un contexto donde surgen propuestas que plantean una mayor intervención estatal o cambios abruptos en las reglas de juego, la evidencia internacional muestra que este tipo de medidas tiende a debilitar la confianza, desalentar la inversión y limitar el crecimiento económico.

[1] El Índice de Libertad Económica evalúa los indicadores con puntajes entre 0 y 100, construidos a partir de información macroeconómica, regulatoria y encuestas. Un mayor puntaje implica mayor libertad económica.