Nuevas medidas para las mypes. ¿Qué retos quedan pendientes?

Facilitar la formalización de una micro o pequeña empresa no garantiza que pueda sostenerse ni crecer. El verdadero reto comienza después: lograr que desarrolle capacidades productivas, acceda a financiamiento, encuentre mercados y amplíe progresivamente sus operaciones. 

El pasado 28 de agosto, el Ejecutivo presentó un proyecto de solicitud de facultades legislativas al Congreso, en distintas materias[1]. En materia de mypes, el proyecto contempla medidas orientadas a facilitar la formalización y permanencia empresarial, mejorar el acceso al financiamiento, fortalecer el desarrollo productivo y modernizar el régimen societario. 

Respecto de la formalización, el proyecto plantea simplificar procedimientos administrativos y facilitar el ingreso y permanencia de las mypes en la formalidad. Según el Business Ready 2025 del Banco Mundial, el Perú obtuvo 54.85 puntos sobre 100 en eficiencia operativa, indicador que mide la facilidad con la que las empresas cumplen las regulaciones y utilizan los servicios públicos. Este resultado se ubicó ligeramente por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (55.43 puntos). Además, persisten la dependencia de intermediarios, la imposibilidad de completar íntegramente en línea la constitución empresarial y la falta de interoperabilidad entre entidades. 

Sin embargo, superar el registro no lo es todo. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025, el 77.1% de las mype no lleva registros de cuentas y solo el 3.7% utiliza libros contables o un sistema completo de contabilidad. Esta debilidad afecta la gestión de costos, ingresos e inversiones, así como limita la posibilidad de aprovechar los instrumentos disponibles. 

En cuanto al financiamiento, el proyecto contempla fortalecer los instrumentos dirigidos a las mype, entre ellos el factoring y los mecanismos de garantías. El primero permite obtener liquidez mediante la cesión de facturas por cobrar, mientras que las garantías facilitan el acceso al crédito al reducir el riesgo asumido por las entidades financieras. 

La medida resulta relevante: según la Enaho 2025, aunque el 57% de los emprendedores mype contaba con algún producto financiero formal, solo el 19.8% tenía un producto de crédito. Sin embargo, ampliar la oferta de financiamiento debería acompañarse de asistencia contable y financiera que permita a las empresas generar información verificable sobre sus operaciones, además de mejorar sus condiciones de acceso al crédito. 

En lo que se refiere a desarrollo productivo, el proyecto propone fortalecer el marco institucional de la Red CITE y ampliar su participación público-privada. Los CITE brindan transferencia tecnológica, asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad empresarial. No obstante, según el Instituto Tecnológico de la Producción —adscrito al Ministerio de la Producción— apenas el 30% de los usuarios atendidos por la Red CITE cumplía con los criterios establecidos y existía una concentración de servicios en áreas urbanas y sectores tradicionales. Por ello, su fortalecimiento debería acompañarse de una mejor focalización y de metas vinculadas con productividad, certificaciones, nuevos productos y acceso a mercados. 

Asimismo, el proyecto permitiría que los Gobiernos regionales transfieran recursos a ProInnóvate para financiar programas regionales de innovación y emprendimiento. La medida acercaría estos instrumentos a las necesidades productivas de los territorios, siempre que su asignación responda a sus brechas y capacidades específicas. 

Pero mejorar las capacidades productivas y ampliar el financiamiento cobra mayor relevancia si permite a las empresas acceder a mercados de mayor escala. En este punto, la información del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) muestra que el acceso al mercado estatal no sería la principal restricción: en 2025, las mypes concentraron el 47.8% del monto adjudicado en el Régimen General de contrataciones públicas. 

La dificultad aparece al intentar escalar. Según el OECE, la participación de las mypes disminuye progresivamente en contrataciones superiores a S/ 10 millones y en mercados que demandan mayores capacidades técnicas, financieras y operativas. Asimismo, la entidad identifica la asociatividad como un mecanismo relevante para acceder a contrataciones de mayor escala. En ese sentido, el fortalecimiento de los CITE y ProInnóvate podría complementarse con programas de desarrollo de proveedores, certificaciones y asociatividad que permitan a las empresas convertir las mejoras productivas y el acceso al financiamiento en oportunidades efectivas de crecimiento. 

La relevancia económica de estas medidas es considerable. Según cifras de la Enaho 2025, las mypes representaron el 99.6% de los negocios del país y emplearon al 43.4% de la población económicamente activa. Sus ventas alcanzaron S/ 164,010 millones, equivalentes al 13.7% del PBI. No obstante, el 86.5% no contó con RUC. Además, la ligera reducción de la informalidad frente a 2024 respondió principalmente a una caída del 2.3% en las mypes informales, mientras que las formales crecieron apenas un 0.3%. 

La evidencia muestra que la informalidad de las mypes no responde a una sola restricción, sino a un conjunto de limitaciones que se acumulan a lo largo de su desarrollo. Por tanto, el reto estará en que las reformas permitan generar una trayectoria continua desde la formalización hacia empresas más productivas, financiables y capaces de crecer. Para ello, será clave mejorar la articulación entre entidades, focalizar mejor los servicios y realizar seguimiento a los resultados obtenidos por las empresas beneficiarias. Así, el avance de la política mype debería medirse no solo por cuántas empresas ingresan a la formalidad o reciben apoyo público, sino por cuántas logran permanecer, elevar su productividad, aumentar sus ventas y ampliar su escala.

[1] La delegación de facultades legislativas permite que el Congreso autorice temporalmente al Poder Ejecutivo a legislar mediante decretos legislativos sobre materias específicas. En este caso, la solicitud comprende medidas orientadas a atender problemas vinculados con la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la formalización y el fortalecimiento institucional, entre otros ámbitos. Este mecanismo permite que las medidas comprendidas en la delegación sean aprobadas directamente por el Ejecutivo durante el plazo autorizado, sin seguir individualmente el procedimiento legislativo ordinario para la aprobación de una ley. La autorización, sin embargo, no es irrestricta: corresponde al Congreso definir previamente las materias sobre las cuales podrá legislar el Ejecutivo y el periodo durante el cual podrá hacerlo.