No solo serlo, sino también parecerlo

La transparencia es una obligación legal y ética. En una coyuntura marcada por la fragilidad institucional y la inminencia de un proceso electoral, cada acto de las autoridades debe estar guiado por una sola brújula: la transparencia. 

Se necesitan estándares mucho más estrictos de transparencia en la gestión pública. No se trata solo de publicar agendas, sino de garantizar que el Estado no sea instrumentalizado —voluntaria o involuntariamente— por intereses que buscan lavar reputación, ganar influencia o incluso capturar decisiones públicas. 

La transparencia no puede limitarse a cumplir un trámite formal. Debe ser efectiva, verificable y sujeta a estándares objetivos que excluyan toda posibilidad de arbitrariedad o encubrimiento. En ese sentido, resulta urgente establecer filtros rigurosos —previos y públicos— sobre los actores que buscan reunirse con autoridades de alto nivel. 

No puede ser aceptable que personas investigadas por corrupción, delitos ambientales o vínculos con economías criminales tengan la misma puerta de entrada que cualquier ciudadano o empresario formal. Hacerlo no solo es una irresponsabilidad ética; podría implicar una infracción a los principios de la función pública y, en algunos casos, configurar actos ilegales. 

Esto es especialmente grave cuando hablamos de sectores donde la criminalidad organizada ha extendido sus redes en las últimas décadas. La minería ilegal, por ejemplo, ya no es solo un problema ambiental o tributario: es una amenaza directa al Estado de derecho. Tiene capacidad financiera, territorial y política. Su interés en influir en autoridades no es nuevo, pero sí cada vez más sofisticado. 

En un país con instituciones débiles y procesos electorales vulnerables, no podemos ignorar el riesgo de captura del aparato público por parte de estas economías. Frente a ello, la respuesta no puede ser tímida ni ambigua. Se requiere una política de puertas abiertas, pero con candados bien puestos. 

Cualquier autoridad debe rendir cuentas —en tiempo real— de con quién se reúne, por qué motivos y bajo qué criterios. Pero también debe abstenerse de todo encuentro con actores que representen un riesgo para la integridad del Estado. 

La transparencia, en este contexto, no es un gesto simbólico: es una herramienta de prevención frente a la corrupción y la captura institucional. Y también es una condición básica para la atracción de inversiones responsables. Difícilmente una economía puede proyectar seguridad jurídica y gobernanza si sus autoridades no se conducen con claridad y firmeza. 

El Perú está en una etapa crucial. Necesitamos consolidar una institucionalidad que no solo permita gobernar, sino que resista a quienes buscan corromperla. Y eso empieza por entender que no todo encuentro es inocente ni toda omisión es casual. La confianza ciudadana se construye —y se destruye— en esos detalles.