No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes

Ante la difusión de una versión del proyecto de delegación de facultades que el nuevo Gabinete presentaría al Congreso, es positivo que se discutan temas que el sector empresarial, de todo tamaño, viene planteando desde hace muchos años como indispensables para recuperar el crecimiento, impulsar la inversión y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sin embargo, también es momento de reconocer una realidad incómoda: casi todos los Gobiernos de las últimas décadas han solicitado delegación de facultades para abordar materias similares y, pese a ello, los problemas estructurales del país permanecen prácticamente intactos. 

Si seguimos proponiendo las mismas medidas, con el mismo nivel de ambición y esperando resultados distintos, volveremos a desaprovechar una oportunidad. El Perú necesita reformas profundas que eliminen los obstáculos que frenan su desarrollo. Contamos con enormes ventajas competitivas, recursos naturales, ubicación estratégica y una población emprendedora. Lo que falta es la decisión política para remover las trabas que impiden convertir ese potencial en crecimiento y bienestar. Por ello, celebramos el nivel de ambición de esta propuesta de delegación de facultades. 

La seguridad ciudadana debe ser la prioridad absoluta. Sin seguridad no hay inversión, empleo ni oportunidades para millones de peruanos. Del mismo modo, es indispensable avanzar en una agenda que promueva el desarrollo empresarial y la formalización, especialmente de las micro y pequeñas empresas. Modernizar los marcos tributario, laboral y regulatorio permitirá reducir los costos de la informalidad, elevar la productividad y generar más empleo formal. Buscar la tan necesaria NUEVA FORMALIDAD. 

Esta agenda debe complementarse con un verdadero proceso de simplificación administrativa y desregulación. El Estado tiene que dejar de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador de la actividad económica. Menos burocracia, menos duplicidad de trámites y mayor eficiencia son condiciones indispensables para atraer inversiones y recuperar competitividad. 

Todo ello puede y debe hacerse preservando los derechos de los trabajadores. La discusión no debe plantearse como una falsa dicotomía entre protección laboral y crecimiento económico. El verdadero objetivo es que más peruanos accedan a empleos formales y mejores oportunidades de desarrollo. 

Ahora la responsabilidad recae en el Congreso de la República. Más que partir de posiciones ideológicas o de una oposición automática al Ejecutivo, corresponde analizar y debatir cada propuesta con rigor técnico y pensando en el interés nacional. El país no necesita confrontación permanente, sino instituciones capaces de construir consensos alrededor de las reformas que permitan crecer sostenidamente. 

En ese sentido, resulta alentador haber escuchado voces sensatas y dispuestas al diálogo en las bancadas de Obras y del Partido del Buen Gobierno. Esa es la actitud que hoy demanda el Perú. 

No podemos seguir desperdiciando oportunidades. El país tiene todo para crecer mucho más de lo que viene creciendo. Lo que falta no son diagnósticos ni nuevas listas de problemas, sino la voluntad política para adoptar decisiones de fondo. Esta puede ser una oportunidad para iniciar ese cambio. Sería un grave error volver a hacer lo mismo y esperar, una vez más, resultados diferentes.