Menos discrecionalidad, más competitividad

Una de las principales conclusiones de la reciente evaluación de la OCDE sobre política regulatoria en el Perú es alentadora: el país ha logrado construir los cimientos de un sistema moderno de mejora regulatoria. Sin embargo, el verdadero desafío ya no consiste en seguir creando herramientas o normas, sino en garantizar que estas se traduzcan en mejores decisiones públicas, mayor seguridad jurídica y un entorno más competitivo para ciudadanos y empresas. 

Durante los últimos años se han dado avances importantes. La implementación progresiva del análisis de impacto regulatorio, el fortalecimiento de la simplificación administrativa y la evaluación de calidad normativa muestran un cambio de enfoque respecto de cómo se produce regulación en el Estado. No obstante, la OCDE advierte que todavía persisten problemas de implementación, escasa coordinación institucional y una cultura regulatoria que sigue privilegiando el cumplimiento formal sobre los resultados. 

En ese contexto, cobra especial relevancia el precedente vinculante recientemente emitido por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. En dicha decisión se establece que, cuando una norma admita más de una interpretación jurídicamente válida, deberá prevalecer aquella que mejor cumpla los fines de la legislación sobre eliminación de barreras burocráticas, simplificación administrativa y promoción de la competitividad. Asimismo, fija una metodología uniforme para resolver estos conflictos interpretativos, lo que reduce la discrecionalidad administrativa y fortalece la predictibilidad. 

Este precedente no supone debilitar la capacidad reguladora del Estado. Por el contrario, reafirma un principio fundamental de toda buena regulación: las normas deben interpretarse de manera coherente con los objetivos que persiguen y no convertirse en instrumentos que generen costos innecesarios, incertidumbre o restricciones injustificadas para la actividad económica. 

El Perú necesita un Estado que regule mejor, no necesariamente que regule más. La competitividad depende tanto de infraestructura e inversión como de reglas claras, estables y predecibles. Cada procedimiento innecesario, cada interpretación contradictoria y cada barrera burocrática terminan afectando la productividad, la formalización y la capacidad del país para atraer inversiones. 

La mejora regulatoria no debe entenderse como una agenda exclusivamente técnica, sino como una política pública de desarrollo. La próxima administración tendrá la oportunidad de consolidar los avances alcanzados, fortalecer instituciones como el Indecopi y profundizar una agenda que coloque al ciudadano y a la competitividad en el centro de la acción del Estado. 

Porque un país competitivo no es aquel que produce más normas, sino aquel cuyas reglas generan confianza, reducen incertidumbre y facilitan el desarrollo.