Durante los últimos años, el Gobierno ha reconocido la importancia de involucrar activamente al sector privado en la tarea de mejorar las condiciones de los servicios que brinda; por ejemplo, en aspectos como el acceso a centros de salud, a una educación de calidad, a una fuente de agua potable desde sus hogares a toda hora o a una vía segura de asfalto que conecte sus comunidades.

Si bien estas no son responsabilidades del sector privado, el Estado puede crear las condiciones necesarias para que a las empresas les resulte financieramente posible involucrarse en este objetivo, y así lo ha venido haciendo a través de los mecanismos de obras por impuestos (OxI) y las asociaciones público-privadas (APP) (ver Semanario 952). Ambos instrumentos han sido los principales medios por los cuales se ha logrado crear infraestructura con alcance geográfico y social focalizado, y con efectos directos en la mejora de la competitividad del país.

En el Perú, la inversión representa alrededor de un 20% del PBI. A través de ella, es posible acumular capital productivo, lo que tiene efectos positivos en el desarrollo. En el total de la inversión bruta fija, la privada concentra el 80%. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada ha logrado retomar una senda de crecimiento desde 2018, luego de cuatro años consecutivos de caídas y estancamiento. Así, en lo que va del año, la inversión privada creció un 3% en el primer trimestre y un 5% en el segundo con respecto al año anterior.

A pesar de este panorama favorable, vemos que el crecimiento de la producción nacional ha estado por debajo de las expectativas, con serias deficiencias en sectores productivos clave, deterioro de la balanza comercial y factores políticos que debilitan las instituciones. Ante esta situación, es necesario repotenciar la promoción de inversiones privadas, de manera que logren ser un mecanismo efectivo para la mejora en la competitividad y las condiciones sociales en nuestro país. De acuerdo con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), la estrategia para reducir la brecha de infraestructura de largo plazo, equivalente a S/ 363,452 millones, pasa por la ejecución de 52 proyectos priorizados por un total de S/ 99,196 millones. De estos, 29 proyectos se realizarán bajo la modalidad de APP (un 66% del total de inversión) y 17 serán obras públicas que podrían ser cofinanciadas mediante OxI. Así, queda claro el importante rol de estos mecanismos dentro de la reducción de brechas de competitividad.

APP y OxI: LOS RESULTADOS DE LA FÓRMULA PARA LA COOPERACIÓN

De acuerdo con cifras de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), desde 2009, se han concretado 380 proyectos a través de OxI, por un total de S/ 4,634 millones. Entre estos, un 49% de las OxI están gestionadas por municipalidades distritales, un 24% están bajo la gestión de municipalidades provinciales y un 27%, de Gobiernos regionales o ministerios. Estas cifras muestran la importancia de este mecanismo como promotor de la buena gestión en los Gobiernos locales. En cuanto a su evolución en el tiempo, las cifras de ProInversión muestran el despegue que tuvieron desde su creación hasta el año 2017. Sin embargo, 2018 y 2019 (hasta la fecha) no indican mejoras en la ejecución de estas inversiones (ver Semanario 947).

Esta inversión por parte de las empresas ha estado enfocada en Áncash, Arequipa y Piura, con participaciones del 16%, 13% y 13% sobre el total invertido a lo largo del tiempo, respectivamente. Los departamentos en los que nunca se ha utilizado este mecanismo son Amazonas, Madre de Dios y San Martín, seguidos por Tumbes y Ayacucho, con inversiones que solo representan el 0.4% de lo invertido en OxI en el país. En términos de sectores con mayor inversión, se destinaron S/ 1,492 millones a Transportes (puentes, vías asfaltadas, caminos afirmados, calles, etc.), S/ 1,095 millones a Educación (implementación de colegios) y S/ 584 millones a Saneamiento (creación y mantenimiento de redes públicas de agua y desagüe).

Con respecto a la inversión a través de APP, existen actualmente siete proyectos en fase de transacción por un monto total de US$ 841 millones. Entre estos, cuatro se encuentran en el sector Energía y Minas (US$ 344 millones), uno en Saneamiento (US$ 270 millones), uno en Transportes y Comunicaciones (US$ 227 millones), y uno en Irrigación (monto por definir). Si bien este monto y alcance sectorial representa un avance con respecto al estancamiento de años anteriores, resulta preocupante que tan solo uno (Sistema de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca) haya sido adjudicado a la fecha. 

Si queremos cumplir con las metas que el Perú se ha propuesto en materia de competitividad y desarrollo económico, y alcanzar las proyecciones de crecimiento del PBI, debemos promover el uso y los beneficios de los verdaderos mecanismos de colaboración público-privada. Solo de esta manera la inversión privada puede ir de la mano con una planificación efectiva de la economía que influya en el desarrollo del país.

Es verdad que la crisis política y el estado actual de las instituciones en el país representan una gran barrera que dificulta el correcto funcionamiento de estos sistemas de colaboración. Sin embargo, recordemos que la visión fundamental del PNCP y el PNIC es proveer una hoja de ruta de largo plazo que proporcione el norte a los representantes y gobernantes de turno en nuestro país. Esta planificación fue un esfuerzo coordinado por un gran número de actores públicos y privados, que nos da una visión clara y transparente del curso que debe seguir el país para cumplir sus objetivos, y debe primar por sobre cualquier interés político o coyuntura por la cual se atraviese.