Más de S/ 13,000 millones de deuda tributaria en cobranza coactiva: ¿quiénes están detrás?

Nos dijeron que eran las mineras y las grandes industrias. Sin embargo, entre los principales deudores hay empresas que ya no operan, empresas estatales, personas naturales y compañías vinculadas a episodios del pasado. ¿Quiénes realmente le deben al Perú? 

El debate sobre el presupuesto público para el año fiscal 2027 continúa, y una de las principales discusiones es la falta de recursos para atender las demandas sociales. Ante ello, surge una propuesta aparentemente simple: ¿por qué no empezar por cobrarles a quienes le deben al país?, usualmente en referencia a grandes empresas de sectores estratégicos. Sin embargo, antes de asumir que todos esos montos constituyen deudas pendientes de cobro, conviene revisar qué entendemos por “deuda” y en qué situación se encuentran estas obligaciones. 

De acuerdo con la Sunat, una obligación tributaria se vuelve exigible desde el día siguiente al vencimiento de su plazo de pago^[1]. De permanecer impaga, la deuda pasaría a cobrarse de manera coactiva —mediante la retención de cuentas bancarias, el embargo de bienes, entre otras medidas—. Habitualmente, el Gobierno utiliza distintos mecanismos para lograr el pago de estas obligaciones antes de llegar a dicha instancia. 

Esta definición permite establecer un estándar para comparar a los deudores bajo un mismo lente: empresas que no cumplieron con el pago de sus obligaciones tributarias y cuya deuda es exigible. Considerar otros procesos, como los que se encuentran en litigio o impugnación, mezclaría casos que no son comparables y presentaría como deudas pendientes montos cuya situación se encuentra en discusión o, directamente, no corresponden a deudas exigibles. 

Entonces, ¿quiénes realmente se encuentran en deuda con el Perú? Según la lista de contribuyentes con mayor deuda en cobranza coactiva de la Sunat, actualizada al 21 de setiembre, el monto asciende a S/ 13,151 millones, correspondientes a 8,833 deudores. En perspectiva, esta cifra equivale al 5.7% del ingreso recaudado por la Sunat en 2025, y al 5.1% del presupuesto público inicial de 2026. 

El ranking lo encabeza la subsidiaria de Avianca en el Perú, con S/ 1,344 millones. No obstante, cabe mencionar que esta empresa ya no se encuentra operativa —y, por ende, no genera ingresos ni ganancias—, luego de entrar en un proceso de liquidación en 2020, en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, que paralizó el transporte aéreo nacional. 

A esta le sigue la empresa estatal de hidrocarburos: Petroperú, con S/ 729 millones. Esto ocurre en medio de la crisis operativa y financiera que la empresa arrastra por varios años, y luego de recibir cuantiosos recursos que, pese a ser constituidos como rescates “temporales”, muchos de ellos acabaron siendo asumidos por el Gobierno (ver Semanario 1302). 

Otras empresas que completan el ranking son Agro Pucalá (S/ 552 millones), Pomalca (S/ 487 millones) y Odebrecht, esta última vinculada a los casos de corrupción que marcaron la década pasada, con una deuda de S/ 361 millones. En conjunto, las ocho primeras empresas del ranking concentran S/ 4,237 millones, equivalentes al 32.5% de la deuda total.

La deuda coactiva no se concentra únicamente en empresas que mantienen operaciones. Del total de deudores, 145 se encuentran en proceso de liquidación y acumulan S/ 1,594 millones en deuda. Asimismo, 680 corresponden a personas naturales con RUC, cuya deuda conjunta asciende a S/ 840 millones. 

El problema de las finanzas públicas no pasa únicamente por cuánto recauda o deja de recaudar el Gobierno, sino también por cuánto logra convertir en bienes y servicios para la población. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2025 quedaron sin ejecutar S/ 18,775 millones del presupuesto público. En agregado, durante los últimos cinco años, se devolvieron S/ 25,352 millones, en promedio, al cierre de cada ejercicio. 

Ni toda deuda coactiva representa recursos inmediatamente disponibles ni todo recurso presupuestado termina convirtiéndose en gasto efectivo. El reto del Gobierno nacional y de los próximos Gobiernos regionales y locales será convertir los recursos disponibles en bienes y servicios que respondan a las necesidades de la población. Y el reto de quienes pregonan “cóbrenles a las empresas deudoras” es informarse un poco mejor.

[1] A falta de un plazo de vencimiento, la obligación es exigible a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.