Más allá de las urgencias

El próximo Gobierno no tendrá margen para la improvisación. Recibirá un país que arrastra profundas debilidades institucionales, enormes brechas sociales y un Estado cuya capacidad de gestión se ha deteriorado de manera preocupante durante los últimos años. Empieza, por decirlo en términos futbolísticos, con un marcador adverso de tres a cero. Pero también tiene claro cuáles son sus prioridades. Esa claridad constituye un buen punto de partida. 

Los primeros meses estarán marcados por tres frentes ineludibles. El primero es el fenómeno de El Niño. Quedan pocos meses para ejecutar obras de prevención y reducir la vulnerabilidad de miles de familias, negocios e infraestructura crítica. Resulta lamentable que, pese a las advertencias conocidas desde hace meses, buena parte de los Gobiernos regionales, municipales e incluso el propio Ejecutivo no hayan actuado con la urgencia que la situación demandaba. Las consecuencias de esa inacción podrían volver a medirse en pérdidas económicas, viviendas destruidas y vidas humanas. 

La segunda prioridad es la inseguridad ciudadana. Hoy el crimen organizado afecta mucho más que la tranquilidad de las personas. Incrementa los costos de operar, desalienta nuevas inversiones, golpea el turismo y deteriora la confianza en las instituciones. Recuperar la seguridad constituye una condición indispensable para recuperar también el crecimiento. 

La tercera es simplificar el aparato estatal. Durante años se ha construido un entramado de permisos, autorizaciones y procedimientos que terminan retrasando proyectos de inversión durante meses e incluso años. La permisología se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Destrabar inversiones no significa reducir estándares ambientales o sociales, significa eliminar burocracia innecesaria para que el Estado deje de ser un freno y vuelva a convertirse en un facilitador del desarrollo. 

Sin embargo, limitar la agenda únicamente a las urgencias sería un error. El próximo Gobierno también debe asumir reformas estructurales que durante años han sido evitadas por su elevado costo político. 

Una de ellas es la descentralización. Después de más de dos décadas, los resultados están lejos de justificar el modelo vigente. El país continúa mostrando profundas diferencias en la calidad de los servicios públicos, mientras que muchas autoridades subnacionales siguen evidenciando serias limitaciones para planificar, ejecutar inversiones y gestionar eficientemente los recursos disponibles. El problema no radica en el modelo económico, como algunos sostienen, sino en un proceso de descentralización que nunca logró construir capacidades donde más se necesitaban. Reformarlo ya no debería ser un tema tabú. 

La otra gran tarea pendiente es la reforma laboral. El Perú mantiene una de las legislaciones laborales más rígidas de la región, lo que dificulta la contratación formal, desalienta el emprendimiento y limita la productividad. El resultado está a la vista: más de siete de cada diez trabajadores permanecen en la informalidad. Pretender combatir ese problema sin revisar el marco laboral equivale a ignorar una de sus principales causas. Una legislación moderna debe proteger al trabajador, pero también facilitar la creación de empleo formal y ampliar las oportunidades para millones de peruanos. 

Atender las urgencias permitirá estabilizar al país. Pero solo las reformas devolverán al Perú la capacidad de crecer de manera sostenida y cerrar brechas sociales. El nuevo Gobierno tiene frente a sí una oportunidad poco frecuente: resolver lo inmediato sin perder de vista lo verdaderamente importante. Gobernar no consiste únicamente en apagar incendios. También exige la decisión de corregir aquello que hace demasiado tiempo sabemos que dejó de funcionar.