Las municipalidades son percibidas como las que más sancionan en vez de orientar

Durante años, el Perú ha buscado reducir la informalidad mediante regímenes especiales, incentivos y mayor fiscalización. Estas medidas no han sido suficientes. El reto no es solo entender por qué una empresa permanece en la informalidad, sino qué enfrenta cuando decide formalizarse. Si cumplir implica mayores costos, trámites y sanciones, sin beneficios proporcionales, la formalidad pierde atractivo. 

De acuerdo con un reciente informe de IPSOS, encargado por ComexPerú, el 74% de las empresas del país considera que recibe a cambio menos de lo que aporta al Estado, cifra que aumenta al 91% en las grandes empresas. Esto evidencia una severa desconexión de los servicios públicos, que son insuficientes para agregar valor a la formalidad. La situación se agudiza al considerar que, en la mayoría de las ocasiones, las entidades con las que las empresas interactúan tienen un carácter punitivo. 

Para las empresas de todos los tamaños, el proceso o gestión con el Estado más problemático es el manejo de las fiscalizaciones o inspecciones (según manifiesta el 45% de entrevistados). Sin embargo, no existe una sola entidad con percepción negativa, sino que aquella que más afecta a las empresas cambia según el tamaño del negocio. Para las microempresas, las municipalidades son las que más perjudican el crecimiento, para las pequeñas y medianas es la SUNAT, y para las grandes es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Cabe resaltar que, más allá del tamaño del negocio, existe un consenso: las municipalidades son las que más buscan sancionar en vez de orientar. Tanto las microempresas evaluadas (37% de ellas) como las pequeñas y medianas empresas (42%), y las grandes empresas (59%) identificaron a las comunas como la entidad con mayor enfoque sancionador. Esta situación es preocupante porque también son estos Gobiernos locales los que con mayor frecuencia visitan a las empresas al año, con un promedio de casi dos visitas anuales, seguidas por una de la SUNAT y media de la Sunafil^[1]. 

Si bien no es recomendable limitar la capacidad inspectora de las municipalidades, es importante establecer directivas que orienten mejor las fiscalizaciones y limiten los casos de abusos. En el caso de las microempresas, tener una alta frecuencia de visitas representa un disuasivo para formalizarse, sobre todo si no existe acompañamiento y asesoría previa. 

¿Qué otras limitaciones existen para el desarrollo de negocios?

De acuerdo con la encuesta, existen factores adicionales que limitan el desarrollo de los negocios. Para la mayoría de las empresas (54%), la delincuencia, extorsión e inseguridad ciudadana representan los principales obstáculos actualmente. En lo que respecta a las microempresas, estos constituyen los principales problemas. 

En las pequeñas y medianas, la corrupción de funcionarios públicos ocupa el primer lugar (54% de las encuestadas), mientras que para las grandes empresas el problema se concentra en el exceso de fiscalizaciones y el enfoque sancionador de las entidades (67%). 

Todas estas limitaciones refuerzan la percepción mayoritaria de que los aportes obligatorios que exige la formalidad no traen un beneficio equivalente o superior. Por ello, es imposible para el actual Gobierno reducirla de manera considerable sin desarrollar una nueva formalidad. Desde ComexPerú, consideramos que esta debe asegurar un entorno de negocio seguro, con entidades que contribuyan, asesoren y apoyen al crecimiento, y no solo castiguen a las empresas formales. 

Para el desarrollo de los negocios formales, la prioridad del Gobierno debe ser reducir los altos niveles de inseguridad por el daño que representan los cobros de cupos y las extorsiones. Lo segundo debe ser regular las fiscalizaciones, para evitar que deriven en multas arbitrarias, y contemplar, al menos para las empresas de menor tamaño, opciones de corrección en vez de sanción inmediata. Esto porque en muchas ocasiones las microempresas que incumplen lo hacen por desconocimiento ante un sistema tributario, laboral y municipal tan complejo. 

Una política de formalización sostenible requiere que el cumplimiento sea compatible con el crecimiento empresarial y que la relación con el Estado ofrezca mayor certeza que incertidumbre. Si la formalidad implica asumir costos crecientes sin beneficios proporcionales, esta pierde capacidad para consolidarse como una opción atractiva. El objetivo debe ser precisamente el contrario, construir un nuevo entorno en el que cumplir no solo sea posible, sino que también facilite que las empresas crezcan, inviertan y generen más empleo formal.

[1] Se considera el promedio total de los encuestados. La intensidad de la Sunafil aumenta considerablemente en las grandes empresas, hasta alcanzar 2.4 visitas anuales, pero aun así es menor que la de las municipalidades (2.5 visitas).