Abastecimiento de agua en Lima: vulnerabilidades conocidas y soluciones que tardan años

El abastecimiento de agua de Lima enfrenta vulnerabilidades en distintos puntos de su infraestructura: reservas inoperativas, proyectos para desarrollar nuevas fuentes que tardan años en concretarse y activos críticos con décadas de antigüedad pendientes de rehabilitación. El problema no es solo que estas vulnerabilidades existan, sino el tiempo que toma resolverlas. 

Uno de los casos más críticos se encuentra en La Atarjea, la principal planta de tratamiento de agua para consumo humano de Lima y Callao, ubicada en la cuenca del río Rímac. Según el Informe de Transferencia de Gestión de Sedapal, la Planta 1 opera desde 1956, es la unidad más antigua del complejo y presenta deterioro y corrosión avanzada en sus estructuras. La empresa advierte que, ante un sismo de mediana intensidad, esta situación comprometería el abastecimiento de agua de aproximadamente el 40% de la población de Lima Metropolitana y Callao. 

La planta requiere una rehabilitación que permita expandir su capacidad de 7.5 m³ por segundo a 10 m³ por segundo. Sin embargo, el proyecto perdió viabilidad y retornó a preinversión. Además, intervenirla implica reducir temporalmente su producción, por lo que la empresa determinó que su rehabilitación debía realizarse después de construir la Planta 3, que permitiría disponer de capacidad de respaldo durante los trabajos. 

Sin embargo, la infraestructura de respaldo tampoco está construida. La Planta 3 ha atravesado una reformulación de su capacidad, de 5 m³ a 10 m³ por segundo, además de revisiones técnicas y definiciones pendientes sobre su estructuración y financiamiento. El caso evidencia una consecuencia adicional de las demoras: el retraso de una inversión puede, a su vez, postergar la ejecución de otra que dependa de ella. 

Pero la vulnerabilidad del abastecimiento empieza antes de que el agua llegue a La Atarjea. Una parte del recurso utilizado por Sedapal depende de sistemas que trasladan agua desde la cuenca del Mantaro hacia el Rímac. En 2024, la Defensoría del Pueblo encontró inoperativo Marca IV-Huascacocha, concebido como infraestructura de reserva hídrica y que demandó una inversión de US$ 76.9 millones. Entre las dificultades identificadas figuraban el saneamiento de terrenos, afectaciones a propiedades, conflictos con comunidades y componentes vandalizados. Asimismo, Marca III presentaba demoras en la renovación de canales, asociadas con dificultades para obtener licencia social. 

Asegurar el abastecimiento también requiere desarrollar nuevas fuentes frente a riesgos climáticos. Sedapal reportó a la Defensoría del Pueblo diez proyectos orientados a enfrentar fenómenos como El Niño. Durante la supervisión de 2024, uno permanecía a nivel de idea y nueve tenían Código Único de Inversiones (CUI); de estos, seis habían alcanzado viabilidad y ninguno contaba entonces con expediente técnico. El seguimiento posterior muestra avances, aunque heterogéneos: algunos proyectos pasaron a la elaboración del expediente técnico, mientras que otros continúan en etapas previas a la ejecución. 

El tiempo transcurrido resulta especialmente relevante. Tres inversiones vinculadas al desarrollo de nuevas fuentes fueron registradas desde marzo de 2019. El proyecto de galerías filtrantes del Rímac, viable desde 2020, recién fue convocado para ejecución de obra en 2026; mientras que el proyecto de galerías filtrantes del Chillón, viable desde 2023, avanzó posteriormente a la elaboración del expediente técnico. Así, aunque existen avances respecto de lo observado por la Defensoría, el tránsito entre la identificación de una necesidad y su ejecución puede extenderse varios años. 

Las necesidades continúan después de potabilizar el agua. En 2023 colapsaron 235 m² del techo del reservorio R4 Vicentelo, ubicado dentro del complejo de La Atarjea. Su reparación culminó en 2025 y Sedapal todavía señalaba la necesidad de priorizar la rehabilitación integral de los reservorios Vicentelo y La Menacho. Los casos muestran vulnerabilidades en diferentes componentes del abastecimiento: fuentes y reservas, nueva infraestructura para diversificarlas, plantas de tratamiento, capacidad de respaldo y almacenamiento. 

A esta cadena física se superpone una segunda: la cadena de inversión necesaria para resolver esas vulnerabilidades. Una necesidad identificada debe formularse, obtener viabilidad, desarrollar estudios y expediente técnico, resolver permisos y disponibilidad de terrenos, asegurar financiamiento, contratarse, ejecutarse y, finalmente, entrar en operación. La velocidad con la que una inversión recorre esta cadena determina cuánto tarda una vulnerabilidad conocida en convertirse en infraestructura capaz de reducirla. 

Los problemas aparecen en diferentes eslabones. Entre los casos revisados hay inversiones que no alcanzaron viabilidad o tardaron años en avanzar hacia etapas posteriores; dificultades prediales y de licencia social; infraestructura construida, pero inoperativa; una rehabilitación que regresó a preinversión; y una nueva planta que continúa su maduración técnica y financiera. No existe, por tanto, un único cuello de botella detrás de las demoras. 

El financiamiento, por sí solo, tampoco asegura que una inversión avance. Sedapal informó a la Defensoría que los diez proyectos destinados a enfrentar riesgos climáticos serían financiados con recursos propios. Sin embargo, los casos revisados muestran que contar con una fuente de financiamiento prevista no evita que una inversión enfrente restricciones en otras etapas de su desarrollo, desde aspectos técnicos hasta dificultades prediales o sociales. 

El diagnóstico trasciende a Sedapal. El Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 reconoce como obstáculos transversales de la inversión en infraestructura los retrasos en la gestión predial y el saneamiento físico-legal, la tramitación de permisos y autorizaciones, la gestión ambiental y las limitadas capacidades institucionales para planificar, formular, gestionar y ejecutar inversiones. Según el documento, estas dificultades afectan la ruta crítica de los proyectos y pueden traducirse en retrasos, sobrecostos y mayores riesgos de paralización. 

En infraestructura destinada a fortalecer la resiliencia, además, la oportunidad de la inversión es parte de su beneficio. Una planta de respaldo construida después de una interrupción, una reserva recuperada después de una emergencia o una fuente alternativa disponible después de un evento climático ya no ofrecen el mismo valor preventivo. Cada año que transcurre entre identificar una vulnerabilidad y resolverla prolonga la exposición de hogares y empresas a una eventual interrupción de un servicio esencial. 

Por ello, cerrar la brecha no depende únicamente de invertir más. Se requiere anticipar la reposición de activos críticos, acelerar la maduración de las inversiones, resolver oportunamente las restricciones prediales y sociales, y evitar que los proyectos permanezcan durante años entre etapas sin llegar a ejecución. Asimismo, la criticidad del activo y las consecuencias de su falla deberían tener un mayor peso en la priorización y seguimiento de las inversiones. 

Los casos revisados dejan así una advertencia más amplia que el deterioro de una planta o el retraso de un proyecto. Lima presenta vulnerabilidades en distintos componentes de la infraestructura que sostiene su abastecimiento y, al mismo tiempo, obstáculos en diferentes etapas de las inversiones necesarias para corregirlas. La resiliencia no depende solo de identificar el riesgo ni de asignar recursos, sino de la capacidad de transformar ese diagnóstico en infraestructura operativa antes de que la emergencia ponga a prueba el sistema.