La minería ilegal en el debate electoral: ¿qué proponen los partidos de cara a las elecciones?

La minería ilegal es actualmente la principal economía criminal del Perú, con una rentabilidad hasta seis veces mayor que la del narcotráfico, según la Policía Nacional. El fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la necesidad de un sistema de trazabilidad articulado y el rumbo que seguirán las interdicciones, se perfilan como los principales ejes de debate de cara a las elecciones. 

El pasado 5 de marzo se presentó el documento La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026-2031, en el marco del foro del mismo nombre, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI). Este documento recopila las propuestas de los 36 partidos que presentaron planes de gobierno en torno a la formalización minera y la lucha contra la minería ilegal. 

Entre los principales ejes de estos planes se encuentra la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)[1]. El motivo detrás es claro: el contundente fallo del proceso actual. Hoy existen 31,626 registros en el Reinfo, de los cuales 23,083 se encuentran vigentes. Sin embargo, el universo de personas dedicadas a la minería ilegal en territorio nacional ascendería a alrededor de 400,000 (ver Semanario 1230). Por ello, diversos partidos coinciden en la necesidad de reformar o reemplazar el esquema de formalización actual. 

Las diferencias para ejecutar esta reforma aparecen en el enfoque. Organizaciones como Alianza para el Progreso o Integridad Democrática proponen reestructurar el Reinfo añadiendo nuevos esquemas de formalización con metas verificables, depuración de registros sin avances (lo que ya se viene ejecutando) y regímenes diferenciados para MAPE. Otros, como el Partido Morado y Somos Perú proponen el cierre definitivo del registro y establecen plazos para transitar hacia un régimen más estricto de formalización. 

Un segundo eje presente en varios planes abarca el fortalecimiento de la trazabilidad del oro y la persecución financiera de la minería ilegal, debido al vínculo estrecho que esta tiene con delitos como el lavado de activos. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los últimos 10 años se elaboraron 675 informes de inteligencia financiera[2], de los cuales solo 52 corresponden a la minería ilegal. No obstante, estos casos concentraron S/ 6,628 millones, más de la mitad del total del periodo (S/ 11,970 millones). Desafortunadamente, solo se congelaron fondos y activos cinco veces en todo este tiempo, por un monto de apenas S/ 370,213. 

Frente a esto, los partidos presentan medidas orientadas a fortalecer el control sobre la cadena de valor del oro. Por ejemplo, el partido Sí Creo plantea implementar un código único de importación de insumos químicos para monitorear el comercio de sustancias como el mercurio. Asimismo, Avanza País y Libertad Popular reforzarían el control financiero mediante sistemas de intercambio de información entre entidades públicas y la banca. Por otra parte, Fuerza Popular propone culminar la implementación del Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA)[3], a fin de fortalecer la trazabilidad de insumos en la MAPE. 

Un tercer eje radica en el fortalecimiento de las acciones de interdicción y control territorial frente a la minería ilegal. En 2025[4], el Ejecutivo impulsó más de 1,000 operativos a nivel nacional, en los que se incautaron bienes utilizados por esta actividad valorizados en más de S/ 3,800 millones. Sin embargo, el problema sigue presente, lo que evidencia la magnitud de los recursos movilizados por la minería ilegal. 

En este contexto, Avanza País, Fuerza Popular y Perú Primero proponen la creación de comandos o fuerzas de tarea interinstitucionales —integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras entidades— para intervenir en zonas críticas, reforzar el control territorial y enfrentar las redes criminales vinculadas a la minería ilegal. Por otro lado, Integridad Democrática, Partido Morado y Unidad Nacional plantean la implementación de operativos permanentes, por ejemplo, con la instalación de bases de monitoreo en los territorios afectados. 

Por otro lado, resulta preocupante la creciente presencia de propuestas que plantean la intervención del Estado en la comercialización del oro de la MAPE. En un contexto donde la trazabilidad del mineral aún presenta importantes debilidades y parte de la producción aurífera circula fuera de los canales formales, introducir esquemas de compra o intermediación estatal facilitaría el ingreso de oro de origen ilegal en canales aparentemente formales. 

Aun así, partidos como Renovación Popular y Libertad Popular proponen expresamente que el Estado compre o garantice la compra de la producción de los pequeños mineros formalizados. Por su parte, Unidad Nacional plantea crear una nueva entidad público-privada que reemplace al Reinfo —basada en modelos como ENAMI de Chile o el antiguo Banco Minero del Perú— encargada de acopiar y comercializar la producción de la MAPE. 

La minería ilegal no solo genera impactos económicos y ambientales, sino que debilita la competitividad del Perú como destino de inversión minera. Según la última encuesta anual de compañías mineras del Instituto Fraser, el país perdió posiciones frente a vecinos como Brasil y Chile. De cara a las elecciones, el desafío será pasar del diagnóstico a la implementación de una estrategia efectiva para hacer frente a esta economía criminal.

[1] Según la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en el Perú al 2030 —documento oficial que orienta las acciones del Estado en esta materia—, la minería ilegal se desarrolla mayoritariamente en un nivel productivo similar al de la pequeña minería.

[2] Documento de inteligencia financiera confidencial emitido por la UIF tras el análisis de los reportes de la información disponible en la SBS, mediante el cual se concluye que determinados casos presentan indicios de delitos económicos; sin embargo, no puede ser utilizado como medio de prueba en procesos judiciales, salvo autorización expresa de la UIF.

[3] El SIPMMA se encuentra bajo responsabilidad del grupo de trabajo multisectorial creado en junio de 2025 mediante la Resolución Ministerial N.° 198-2025-MINEM/DM, con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre todas las entidades involucradas en la formalización minera.

[4] Información al 15 de diciembre de 2025.