La calidad regulatoria: un desafío pendiente para las próximas autoridades locales

Los Gobiernos locales constituyen el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y las empresas. Por ello, promover el uso de herramientas de mejora regulatoria para contar con normativa clara y eficiente resulta fundamental si se quiere promover el desarrollo económico. 

El próximo 4 de octubre se realizarán las elecciones de los Gobiernos subnacionales (regionales y municipales)[1], de acuerdo con el calendario electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese contexto, uno de los principales desafíos de estas autoridades es la aplicación de la normativa vigente al evaluar y emitir regulaciones. 

La mejora regulatoria es fundamental porque permite que las normas sean más eficientes, transparentes y basadas en evidencia, lo cual asegura que las regulaciones realmente contribuyan a resolver problemas públicos sin generar cargas innecesarias para los ciudadanos y las empresas. Considerando su importancia, en el Perú, el Decreto Legislativo 1565 y su reglamento establecen instrumentos para este fin. 

Entre ellos se encuentran la agenda temprana, que promueve la predictibilidad y transparencia en la identificación de problemas públicos; el análisis de impacto regulatorio (AIR) ex ante y ex post, que permiten evaluar, respectivamente, los efectos esperados y los resultados reales de las regulaciones; el análisis de calidad regulatoria (ACR), orientado a eliminar o simplificar procedimientos innecesarios y reducir cargas administrativas; la consulta pública, que incorpora la participación de los actores afectados; la implementación de innovaciones costo-efectivas, que fomenta soluciones basadas en evidencia; y la revisión y derogación de normas, que contribuye a mantener actualizado y ordenado el marco normativo. 

Sin embargo, salvo la obligatoriedad para las entidades del Poder Ejecutivo, la aplicación de estos instrumentos en los Gobiernos subnacionales es de carácter gradual, lo que limita su uso y reduce las oportunidades de mejorar la calidad de la producción normativa. 

Esto tiene especial relevancia porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su evaluación de la política regulatoria del Perú, ha identificado problemas en la implementación de la mejora regulatoria a nivel subnacional, así como dificultades para aplicar instrumentos como el AIR ex ante y la limitada coordinación entre el nivel nacional y subnacional. 

En esa misma línea, la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha publicado los Lineamientos Estratégicos para la Mejora de la Calidad Regulatoria en Gobiernos Regionales y Locales, en los que recoge cuáles son los desafíos que enfrentan los Gobiernos subnacionales y qué acciones deben emprender. 

En dicho documento, además de los problemas institucionales, se advierte que las municipalidades, pese a su familiaridad con herramientas como el TUPA, presentan limitaciones para aplicar instrumentos más sofisticados como el AIR ex ante y el ACR, especialmente en la elaboración de diagnósticos, evaluación de impactos, sustentación de costos y análisis de alternativas regulatorias. 

Asimismo, se mantiene la presencia de sobrerregulación, expresada en requisitos y procedimientos que elevan los costos de cumplimiento y reducen la eficiencia administrativa, así como una participación ciudadana aún limitada en las etapas de diseño normativo y formulación de políticas públicas. 

Ante ello, la PCM propone fortalecer la gobernanza regulatoria y la articulación entre niveles de gobierno mediante la asistencia técnica de la Secretaría de Gestión Pública y el trabajo coordinado con entidades como Servir, ENAP e Indecopi, además de promover el diálogo con la academia, el sector privado y la ciudadanía. De igual forma, plantea simplificar trámites administrativos, revisar el stock de procedimientos, actualizar el TUPA, estandarizar procesos y depurar normas inconsistentes, junto con el fortalecimiento de la participación ciudadana y la difusión de buenas prácticas regulatorias. 

En conjunto, estos lineamientos guardan relación con las recomendaciones de la OCDE, que enfatizan la necesidad de implementar una estrategia orientada a promover la adopción de instrumentos de mejora de la calidad regulatoria en los Gobiernos subnacionales, para asegurar la continuidad y efectividad de iniciativas como los programas piloto del ACR. Asimismo, destaca la necesidad de consolidar una gobernanza regulatoria multinivel y de fijar una política general que promueva un enfoque de cooperación regulatoria internacional (CRI), que permita establecer relaciones en materia de política regulatoria y gobernanza con otros países. 

En conclusión, los nuevos Gobiernos regionales y municipales deben asumir como guía los lineamientos de mejora regulatoria y las recomendaciones de la OCDE, a fin de fortalecer la calidad de la producción normativa y asegurar regulaciones más claras, eficientes y orientadas a resultados. Su adecuada implementación permitirá responder mejor a las necesidades de la población, al reducir cargas innecesarias y promover un entorno más favorable para el desarrollo económico y social.

[1] Resolución N.° 0632-2025-JNE