La agenda pendiente del sector agropecuario

La actividad agropecuaria constituye la principal fuente de empleo del país. Concentra el 22.5% del empleo nacional y el 76.5% del empleo rural, según la Encuesta Permanente De Empleo Nacional (EPEN) 2025. Además, la informalidad afecta al 93.7% de todos los trabajadores del sector, aunque en zonas rurales alcanza el 98.8%. Pese a su importancia y precariedad, el sector aún enfrenta serias limitaciones para alcanzar un mayor desarrollo. 

Durante el año pasado, el trabajador agrícola promedio en el Perú recibía un sueldo de S/ 898. Sin embargo, mientras que en las zonas urbanas el promedio asciende a S/ 1,164, en las rurales apenas se alcanzan S/ 709, según estimaciones de la EPEN. Una brecha aún mayor se observó entre trabajadores agrícolas formales (S/ 2,319) e informales (S/ 770). Así, la informalidad limita los ingresos promedio de manera significativa. 

La Política Nacional Agraria 2021-2030 señala que el acceso al agua para riego, el uso de semillas de calidad y la capacitación técnica de los productores son factores esenciales para elevar la productividad y competitividad agropecuaria. No obstante, todavía el 65.6% de las hectáreas agrícolas a nivel nacional depende de las lluvias para acceder al riego, mientras que en el resto sí existen sistemas de riego instalados, según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024. Dentro de este último grupo, la mayor parte se riega por gravedad[1] y apenas el 19.1% utiliza sistemas tecnificados como goteo o aspersión. 

Respecto al uso de semillas de calidad, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reconoce que las semillas certificadas son fundamentales para lograr mejores cosechas y mayor rendimiento. A pesar de esto, solo el 20.7% del área sembrada total durante la campaña 2024/2025 las utilizó. En cuanto a capacitación, la ENA evidencia que entre 2018 y 2024 disminuyó la proporción de productores que recibía capacitación de 12.3% a 6.5%, mientras que para aquellos que tuvieron asistencia técnica cayó de 6.7% a 3.1%. Estos resultados demuestran un retroceso en los esfuerzos del Estado por impulsar las medidas mencionadas. 

Al contexto descrito se suman amenazas que perjudican al sector, como la recurrente variabilidad climática. Según el Banco Central de Reserva (BCRP), el fenómeno de El Niño (FEN) reduce rendimientos, favorece plagas y genera estrés hídrico. En sintonía con ello, el Senamhi advierte que amplias zonas del país mantienen una alta vulnerabilidad frente a estos eventos debido a limitaciones en prevención, preparación y capacidad de respuesta. 

En esa misma línea, persiste una elevada vulnerabilidad a los precios internacionales de los insumos. Por ejemplo, el alza internacional en los precios de los fertilizantes en 2022 contribuyó a que el sector agrícola cerrara 2023 con una caída del 4.1%, su peor desempeño en más de treinta años, y aún no hay medidas preventivas para mitigar este riesgo futuro, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). 

Si bien existe consenso en la necesidad de ampliar la infraestructura hídrica, cuatro megaproyectos de irrigación priorizados desde 2019, que irrigarían 111,000 hectáreas nuevas y generarían más de 400,000 empleos directos, permanecen paralizados, de acuerdo con el IPE. Avances en estos puntos de forma simultánea y estratégica serían una condición necesaria para que cualquier mejora productiva sea sostenible. De otra forma, cualquier mejora productiva seguiría siendo frágil. 

En búsqueda de soluciones ante esta problemática del sector, estudios demuestran que cuando los productores se vinculan simultáneamente a una organización productiva y a una empresa, se generan mejoras concretas en su desempeño como una mayor orientación al mercado, adopción de buenas prácticas agrícolas (uso de semillas mejoradas y métodos de control biológico), mejor acceso al crédito y a la mano de obra, e incrementos tanto en el valor de sus activos como en su bienestar general. 

En la praxis, la Ley N.^o 32434 establece que los gobiernos regionales y locales puedan promover la asociatividad y garantiza que las organizaciones formalizadas puedan acceder a crédito, garantías, extensión agraria y seguros. Sin embargo, según la ENA 2024, solo el 26% de los productores agropecuarios cuenta con título de propiedad de al menos una parcela, requisito indispensable para inscribirse en el Padrón y acceder a los beneficios que la ley contempla. 

El próximo Gobierno tiene un reto que demanda responsabilidad y visión estratégica de largo plazo. Para generar un cambio sustancial y maximizar los beneficios del sector, tendrá que combinar el destrabe de infraestructura con política activa de asociatividad. De ello dependerá que el sector agropecuario siga sobreviviendo a la incertidumbre o empiece a cosechar desarrollo.

[1] Método tradicional que consiste en conducir el agua por canales sin ningún control tecnificado.