Inseguridad en cifras: ¿qué muestran las denuncias?

La inseguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones del país, en un contexto marcado por más de 26,000 denuncias por extorsión en 2025 y una respuesta del Gobierno que no logra traducirse en resultados visibles. 

Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), entre 2024 y 2025, las denuncias por hurto, robo y extorsión exhibieron dinámicas claramente diferenciadas a nivel territorial y por tipo de delito. Además, estas tendencias vienen acompañadas con una percepción ciudadana de inseguridad persistentemente elevada, que no parece reducirse. En este contexto, vale preguntarse: ¿qué tan alineados están los datos de criminalidad, la percepción ciudadana y la respuesta del Gobierno? 

Los delitos patrimoniales, aquellos que lesionan el derecho de propiedad o posesión de una persona sobre sus bienes, siguen siendo los más frecuentes a nivel nacional, principalmente en el ámbito urbano. Según datos del SIDPOL, en 2025 se registraron cerca de 237,244 denuncias por hurto y robo a nivel nacional, cerca de la mitad concentradas en Lima Metropolitana (108,988 denuncias). No obstante, al compararse con el promedio de los últimos cinco años, se observa una reducción del 16% a nivel nacional. En este contexto, las regiones que registraron las mayores caídas en el último año con respecto a dicho promedio fueron Ucayali (-40%), Puno (-32%) y Pasco (30%). 

Por otro lado, la extorsión, definida como la exigencia de pagos u otros beneficios mediante amenazas o coerción, se estaría extendiendo más allá de los principales centros urbanos. En 2025 se registraron 26,585 denuncias de extorsión, de las cuales 11,192 corresponden a Lima Metropolitana. Si comparamos 2025 con el promedio de los últimos 5 años, se registró un incremento interanual del 43%. En Lima Metropolitana, las denuncias por este delito crecieron un 44%, lo que ubica a la capital como el principal foco del problema. No obstante, los mayores incrementos relativos se observaron en regiones como Tumbes (+99%), Madre de Dios (+78%) y Piura (+66%), regiones donde la extorsión, si bien partía de niveles más bajos, mostró una rápida expansión. 

De acuerdo con el reporte Estadísticas de Seguridad Ciudadana, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de la población urbana considera que podría ser víctima de un delito en los próximos doce meses, pese a que la tasa de victimización efectiva es sustancialmente menor, cercana al 25%. Esta brecha evidencia que la percepción de inseguridad supera ampliamente la experiencia directa de victimización. 

El miedo también se traslada a la vida cotidiana. Según el INEI, más de la mitad de la población urbana se siente insegura al caminar sola por su barrio durante la noche, proporción que supera el 60% en Lima Metropolitana y el Callao. Otras regiones que destacan son La Libertad, Piura y Lambayeque, donde más de la mitad de la población urbana reporta sentirse insegura al transitar por su barrio durante la noche. 

Estudios internacionales muestran que este tipo de percepciones no es neutral: una mayor sensación de inseguridad reduce el uso del espacio público, acorta horarios comerciales y puede afectar especialmente a negocios y servicios locales, cuya actividad depende del tránsito peatonal y la dinámica nocturna. 

Frente a este escenario, resulta clave analizar la respuesta del Estado. En 2025, la función orden público y seguridad representó alrededor del 6.5% del presupuesto. En términos agregados, la ejecución presupuestal fue elevada; sin embargo, este resultado oculta importantes diferencias entre niveles de gobierno y territorios. Mientras que el Gobierno nacional alcanzó el 95% de ejecución, los Gobiernos regionales y locales solo alcanzaron el 89%. 

Las municipalidades de Tacna (98.7%), Amazonas (96.2%) y Cusco (95.4%) comandaron la ejecución registrada, mientras que aquellas ubicadas en Loreto (25.8%), Ica (35.4%) y Junín (47.3%) fueron las tres peores. En este contexto, si bien el nivel de gasto en seguridad es significativo, su composición y ejecución desigual restringen la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos y de carácter recurrente, como la extorsión, y para generar mejoras sostenibles que contribuyan a recuperar la confianza ciudadana. 

La percepción de inseguridad se mantiene elevada y condiciona la vida económica y social. Reducir la inseguridad no pasa solo por gastar más o denunciar más, sino por lograr que la política pública genere resultados visibles y recupere la confianza de la población.