Iniciativas legislativas que impulsarían el sector salud

El sistema de salud sigue enfrentando brechas que afectan el acceso y la calidad de la atención. En este escenario, existen iniciativas legislativas que aportarían soluciones, aunque su impacto dependerá de que incorporen ajustes para asegurar su eficacia. 

El sistema de salud en el Perú continúa padeciendo brechas estructurales que limitan su capacidad para brindar servicios oportunos y de calidad a la población. Tal como se indicó en el Semanario 1279, si bien en los últimos años se han registrado avances en la construcción de hospitales y centros de atención, aún resultan insuficientes frente a la magnitud de las necesidades existentes. 

En particular, de acuerdo con el semanario antes citado, persisten problemas tanto en la cobertura como en la capacidad instalada de los establecimientos, especialmente en el primer nivel de atención, el más cercano a los ciudadanos. En efecto, el 95% de estos centros de salud a nivel nacional carece de infraestructura adecuada, equipamiento actualizado y mantenimiento oportuno, lo que limita su funcionamiento efectivo y reduce el impacto de las inversiones realizadas. 

Por otro lado, no puede sostenerse la situación actual de desabastecimiento de medicamentos, asociada, entre otros factores, a la ausencia de mecanismos que permitan aplicar de manera efectiva la confianza en la regulación de países de alta vigilancia sanitaria (PAVS), conocida como el principio de reliance, o los desafíos de gobernanza en las instituciones competentes. Esto dificulta el ingreso ágil de productos de alta calidad al país y retrasa su disponibilidad para los pacientes. 

Para enfrentar estas problemáticas, existen diversos proyectos de ley cuya evaluación debería ser priorizada. Uno de ellos es el Proyecto de Ley 13863/2025-CR, que busca precisar la Ley 31319, la cual facilita el acceso a medicamentos y productos biológicos registrados en PAVS para el tratamiento de enfermedades raras, huérfanas, cáncer y otras. El proyecto incorpora el principio de reliance en los procesos vinculados a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. De igual forma, propone la aplicación del silencio administrativo positivo para la inscripción y reinscripción de productos provenientes de PAVS, y mantiene un control posterior. 

Un elemento adicional que no recoge la iniciativa es que la Digemid actualice el listado de medicamentos para tratar el VIH/SIDA y enfermedades oncológicas que, en virtud de la Ley 27450, se encuentran exonerados del IGV y los derechos arancelarios. Hoy en día, la última lista publicada es de 2016, pese a que la norma vigente señala que la actualización es anual. 

De otro lado, se encuentra el Proyecto de Ley 06751/2023-CR, que establece garantías de atención oportuna en las IPRESS públicas para pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas, así como mecanismos para la atención de asegurados en establecimientos públicos y privados. Para ello, plantea un esquema progresivo de compra y venta de servicios de salud, que sería implementado por el Ministerio de Salud. 

Sin embargo, la iniciativa no contempla expresamente un elemento clave para su viabilidad: un mecanismo que asegure el pago de los servicios prestados por los profesionales e instituciones privadas, a fin de reforzar la confianza entre los actores involucrados y la sostenibilidad del mecanismo. Ante ello, podría tomarse como referencia la Ley de Contrataciones Públicas, que recoge en su artículo 61 la figura del fideicomiso como garantía de pago destinado a asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas entre las IAFAS e IPRESS, tanto públicas como privadas. Esto permitiría centralizar los recursos, reducir los riesgos de retrasos en los pagos y brindar mayor previsibilidad financiera a los prestadores de servicios. 

Por último, los proyectos de ley que proponen la creación de Apemed (10902/2024-PE y otros^[1], referidos a la gobernanza de Digemid) y de Onsa (11279/2024-PE, referido a la gobernanza de Digesa) deben garantizar una adecuada autonomía institucional. En particular, es fundamental que estas entidades cuenten con independencia técnica, presupuestal y administrativa como principio rector. Esto implica otorgar mayor flexibilidad en la designación de sus autoridades y asegurar que sus decisiones se adopten con criterios técnicos, para evitar interferencias que puedan afectar su funcionamiento. Solo así se podrá fortalecer su rol y evitar que queden sujetas a cambios coyunturales en la gestión pública. 

Si bien el sistema de salud enfrenta desafíos urgentes, estos no son insalvables. Las iniciativas legislativas antes descritas son una oportunidad concreta para avanzar en el cierre de brechas y mejorar el acceso a servicios y medicamentos; sin embargo, su efectividad dependerá de que incorporen ajustes clave que aseguren su adecuada implementación para las necesidades del sector. Con las precisiones necesarias, estos proyectos pueden convertirse en herramientas relevantes para fortalecer el sistema de salud, en beneficio de la población.

[1] 11091/2024-CR, 11688/2025-CR, 13172/2025-CR, 13227/2025-CR y 13257/2025-CR