Iniciativas del Congreso en materia laboral que aumentarían la presión fiscal

En los últimos 10 años, el presupuesto para remuneraciones del Gobierno central se incrementó un 122%. La década pasada, el presupuesto para planillas representaba, en promedio, el 21.7% de su presupuesto total. Para este año, representa el 29.9%. Pese a ello, persisten proyectos de ley en materia laboral que generarían una mayor presión en la caja fiscal. 

El presupuesto para remuneraciones del Gobierno central^[1] asciende a S/ 48,150 millones para este año, un 11.6% más que el año pasado, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, en los últimos diez años (2016-2026), este se ha más que duplicado (+122%). Mientras que, hasta 2023, el presupuesto para remuneraciones oscilaba entre un 20% del total, en los últimos tres años se ha incrementado considerablemente, hasta alcanzar casi el 30% del presupuesto total del Gobierno central. 

Pese a ello, y con retrocesos en la calidad de los servicios que atiende la función pública, existen diversos proyectos de ley (PL) en el Congreso que buscarían incrementar el gasto en remuneraciones estatales. Específicamente, varios de estos tienen como finalidad incorporar a trabajadores del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo (DL) 728. 

De los 143 PL presentados en abril último^[2], 51 tienen alguna relación laboral, previsional o remunerativa directa o indirecta. Entre sus objetivos destacan aquellos que buscan migrar a los trabajadores del régimen CAS al régimen laboral del DL 728, en distintas entidades del Estado. También se tienen iniciativas relacionadas con nombramientos en el sector salud, modificaciones de escalas remunerativas, homologaciones salariales, y restitución de pensiones y derechos laborales. 

Entre aquellos PL relacionados con un cambio de régimen laboral, se encuentran los que buscan migrar hacia el régimen del DL 728 al personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, Susalud, SIS, FISSAL, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Seguro Social de Salud (EsSalud)^[3]. 

Existen, además, seis PL cuya finalidad es lograr el nombramiento del personal de salud, administrativo y COVID^[4]. También, nueve PL buscan modificar remuneraciones, actualizar escalas salariales y homologaciones^[5]. Por su parte, en este mes se han presentado dos proyectos de ley relacionados a pensiones^[6] y tres vinculados a derechos laborales generales^[7]. 

Estas iniciativas implican un mayor presupuesto público para el pago de remuneraciones y otros beneficios que, como se observa, han crecido de manera sustancial en los últimos años. La incorporación de personal a un régimen laboral distinto mediante una ley específica para una entidad pública, sin un análisis integral del impacto presupuestal ni su articulación con el proceso de ordenamiento del servicio civil, puede generar presiones adicionales sobre el gasto público y establecer precedentes que luego resulten difíciles de gestionar en otras entidades del Estado. 

Además, existen iniciativas presentadas anteriormente que no solo representan un riesgo fiscal, sino que también pueden generar incentivos perversos. Esto es, fomentar un mecanismo que, en lugar de solucionar un problema, provoca resultados contrarios o indeseados. Este es el caso del PL 2953/2022, el cual propone incorporar al régimen laboral del DL 728 al personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). 

La propuesta incorpora un mecanismo de financiamiento que vincula parte de los recursos de la entidad con el exceso de recaudación anual por concepto de recursos directamente recaudados. Dicho esquema genera incentivos institucionales que no se alinean con su mandato. Al vincular parte de los recursos disponibles con el exceso de recaudación por multas, se refuerza un enfoque centrado en la sanción para lograr objetivos de recaudación, en lugar de promover resultados vinculados con la formalización laboral y la mejora de las condiciones de trabajo; esto desvirtúa la razón de ser de la Sunafil. 

En este contexto, resulta indispensable que cualquier iniciativa en materia laboral se evalúe con criterios de prudencia fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas. El incremento sostenido del gasto en planillas limita los márgenes de acción del Estado y puede comprometer la estabilidad macroeconómica si no se gestiona de manera responsable. Por ello, es clave priorizar decisiones basadas en evidencia, que equilibren las demandas laborales con una trayectoria fiscal sostenible en el tiempo.

[1] Considera el gasto en personal y obligaciones sociales. Fecha de consulta: 30 de abril de 2026.

[2] Fecha de consulta: 29 de abril de 2026.

[3] Véase los Proyectos de Ley 14489/2025-CR, 14450/2025-CR, 14439/2025-CR, 14435/2025-CR, 14425/2025-CR, 14417/2025-CR, 14403/2025-CR y 14401/2025-CR.

[4] Véase los Proyectos de Ley 14494/2025-CR, 14430/2025-CR, 14422/2025-CR, 14421/2025-CR, 14398/2025-CR y 14357/2025-CR.

[5] Véase los Proyectos de Ley 14492/2025-CR, 14455/2025-CR, 14432/2025-CR, 14413/2025-CR, 14411/2025-CR, 14410/2025-CR, 14384/2025-CR, 14363/2025-CR y 14358/2025-CR.

[6] Véase los Proyectos de Ley 14472/2025-CR y 14447/2025-CR.

[7] Véase los Proyectos de Ley 14471/2025-CR, 14451/2025-CR y 14440/2025-CR.