Facultades legislativas: una oportunidad que no debemos desperdiciar

El Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades para legislar en un conjunto amplio de materias. Seguridad ciudadana, formalización de las mypes, empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, infraestructura, tributación, reforma del Estado y vivienda forman parte de una propuesta que puede marcar el inicio de la gestión del nuevo Gobierno. 

La discusión no debería reducirse a si corresponde o no otorgar facultades. La pregunta realmente importante es para qué se utilizarán. 

El proyecto contiene varios elementos que apuntan en la dirección correcta. En materia de micro y pequeñas empresas, propone fortalecer mecanismos de formalización voluntaria, facilitar acceso a financiamiento y modernizar regímenes societarios. En el ámbito laboral, plantea simplificar normas, promover la contratación formal, fortalecer la intermediación laboral y optimizar los servicios públicos de empleo. 

Particularmente relevante es el capítulo de simplificación administrativa. Allí se plantea revisar procedimientos, requisitos y cargas administrativas; eliminar barreras burocráticas; fortalecer el análisis de impacto regulatorio; acelerar la transformación digital del Estado y mejorar la calidad regulatoria. También resulta destacable que el proyecto incluya una reforma estructural del Poder Ejecutivo, meritocracia en el servicio civil, fortalecimiento de la gestión de recursos humanos y una implementación más efectiva del presupuesto por resultados. 

Son reformas largamente postergadas y que el país necesita con urgencia. 

El Perú no podrá recuperar tasas elevadas y sostenidas de crecimiento mientras producir formalmente siga siendo innecesariamente difícil, invertir demande atravesar una maraña de permisos y procedimientos, y el Estado continúe midiendo demasiado su desempeño por cuánto presupuesto gasta y demasiado poco por los resultados que obtiene. 

Por eso, la delegación de facultades representa una oportunidad que no debería desperdiciarse en modificaciones aisladas o ajustes menores. 

La prioridad debe ser remover los obstáculos estructurales que impiden que nuestra economía crezca. 

Eso supone reducir radicalmente las barreras para formalizarse, invertir, contratar y producir. Significa también acelerar infraestructura y cerrar brechas de conectividad, simplificar regulaciones, fortalecer la competencia, digitalizar procedimientos y construir un servicio civil basado realmente en mérito y desempeño. 

El proyecto incluye también facultades tributarias y aduaneras. Entre ellas se encuentran modificaciones destinadas a simplificar y optimizar regímenes tributarios y obligaciones formales, así como facilitar el comercio exterior. 

Aquí la orientación debe ser especialmente cuidadosa. El objetivo no puede ser encontrar nuevas maneras de exigir más a quienes ya producen y tributan formalmente. La reforma tributaria más importante que necesita hoy el Perú es incorporar un mayor número de empresas y trabajadores a la formalidad, y generar más actividad económica. 

Una economía que crece, invierte y formaliza amplía naturalmente su base tributaria. Una economía en la que unos pocos contribuyentes soportan crecientes obligaciones mientras una enorme proporción permanece fuera del sistema hace exactamente lo contrario. 

El Congreso tiene, por supuesto, la responsabilidad constitucional de delimitar con precisión las facultades que otorgue y ejercer posteriormente su función de control. Una delegación tan amplia exige objetivos claros, transparencia y rendición de cuentas. 

Pero también debemos evitar que la discusión política termine paralizando reformas necesarias. 

El nuevo Gobierno tiene una ventana de oportunidad. Debe utilizarla para atacar problemas que llevamos décadas diagnosticando: informalidad, burocracia, baja productividad, infraestructura insuficiente y un Estado que todavía cuesta demasiado para los resultados que entrega. 

Las facultades legislativas pueden ser una herramienta importante. Lo determinante será que se utilicen para hacer las reformas que el Perú lleva demasiado tiempo esperando.