¿Está preparado el agro peruano para enfrentar un nuevo déficit hídrico?

El déficit hídrico vuelve a poner a prueba la capacidad preventiva del Estado frente a los choques climáticos. Para un sector que apenas viene recuperándose de los impactos climáticos de los últimos años, ejecutar oportunamente los recursos disponibles puede marcar la diferencia entre prevenir una nueva caída o volver a reaccionar cuando las pérdidas ya se hayan materializado. 

Según cifras del INEI, el sector agropecuario se contrajo un 2.9% en 2023, afectado por las condiciones climáticas adversas asociadas al ciclón Yaku y los fenómenos de El Niño (FEN), tanto costero como global. Posteriormente, la actividad se recuperó con tasas del 5.4% y el 4.8% en 2024 y 2025, respectivamente. Apenas consolidada esta recuperación, una nueva amenaza se hace presente: el Gobierno declaró en emergencia 607 distritos ante el peligro inminente de déficit hídrico. 

No obstante, la magnitud del problema va mucho más allá de los distritos comprendidos en la declaratoria. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), 484 distritos presentan un nivel de riesgo muy alto y se concentran principalmente en las zonas central y sur de la sierra y selva, con cerca de 3.5 millones de hectáreas de superficie agrícola expuestas. A estos se suman otros 656 distritos en riesgo alto, que suman aproximadamente 4.7 millones de hectáreas agrícolas. En conjunto, 1,140 distritos presentan un nivel de riesgo alto o muy alto frente al déficit hídrico. 

Además, la amenaza ya muestra señales concretas. El Cenepred reporta que, entre enero y abril de 2026, se registraron déficits de precipitación en diversas zonas del país, que al inicio de este periodo llegaron a representar la ausencia total de las lluvias esperadas en zonas de Apurímac, Puno, Cusco, Huancavelica y Junín. En los próximos meses, las perspectivas tampoco permiten bajar la guardia: el análisis contempla la posible persistencia de condiciones asociadas al FEN hasta abril de 2027 y precipitaciones inferiores a lo normal durante el verano en sectores de la sierra centro oriental y sur. 

La declaratoria de emergencia cobra especial relevancia porque establece que las medidas frente al déficit hídrico deberán financiarse con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Por ello, la capacidad de respuesta dependería de los recursos disponibles y, sobre todo, de su ejecución oportuna. En este contexto, resulta relevante evaluar la capacidad presupuestal existente para prevenir y mitigar los efectos sobre el sector agrario. 

Para ello, se evaluaron dos programas presupuestales estrechamente vinculados con este objetivo: el programa de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, que financia intervenciones de prevención, preparación y respuesta frente a desastres (programa 0068); y el programa de aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, orientado al desarrollo de obras para mejorar la disponibilidad y el uso del agua en el sector agropecuario (programa 0042). 

Al cierre de julio de 2026, el primero registró un presupuesto de S/ 3,147 millones, con una ejecución del 49.4%. Dentro de la función agropecuaria, los recursos ascienden a S/ 656 millones, equivalentes a un 20.8% del programa. En este componente, los Gobiernos regionales concentran el 56.8% de los recursos (S/ 373 millones) y registran presupuesto en 15 de los 16 departamentos que concentran los distritos comprendidos en la declaratoria. Por su parte, el Gobierno nacional dispone de S/ 201 millones, con recursos en 13 de estos departamentos, sin registros en Loreto, Madre de Dios y Ucayali; mientras que los Gobiernos locales administran S/ 82 millones y tienen presencia presupuestal en los 16. 

La distribución del presupuesto agropecuario revela mayores contrastes. Mientras el Gobierno nacional concentra el 71% de sus recursos en los departamentos en riesgo, esta proporción se reduce al 47.6% en los Gobiernos locales y a solo el 6.9% en los Gobiernos regionales. 

Las diferencias también se observan al interior del programa. En la actividad Atención de Actividades de Emergencia, los Gobiernos regionales concentran S/ 335 millones de presupuesto; sin embargo, únicamente S/ 7.3 millones corresponden a departamentos incluidos en la declaratoria. A nivel local ocurre una situación similar: de S/ 48.4 millones, alrededor del 68% se ubica fuera de estos territorios. En el Gobierno nacional, el presupuesto para intervenciones preventivas como investigación aplicada, capacitación en gestión del riesgo de desastres y campañas comunicacionales se registra en Lima, mientras que no se identifican asignaciones específicas para estas mismas intervenciones en los departamentos actualmente en riesgo. 

El panorama es aún más desafiante para el segundo programa. Particularmente, la cobertura territorial vuelve a mostrar diferencias importantes. Los Gobiernos regionales registran presupuesto en 15 de los 16 departamentos comprendidos en la emergencia; el Gobierno nacional lo hace en 14, sin registros en Madre de Dios y Ucayali; y los Gobiernos locales también alcanzan 14 departamentos, aunque sin presencia presupuestal en Loreto y Ucayali. En otras palabras, ningún nivel de gobierno, por sí solo, registra recursos del programa en la totalidad de los departamentos priorizados. 

Al cierre de julio, este programa contó con S/ 3,471 millones, pero solo había ejecutado el 39.6% de su presupuesto. En este caso, los Gobiernos locales administran la mayor cantidad de recursos (S/ 1,643 millones), aunque presentan la menor ejecución (35.4%). Los Gobiernos regionales registran S/ 1,185 millones y un avance del 47%, mientras que el Gobierno nacional dispone de S/ 643 millones y ha ejecutado el 36.8%. 

Las brechas también son visibles por departamento. Áncash concentra el mayor presupuesto del programa a nivel local (S/ 295 millones), pero solo había ejecutado el 27.6%. En La Libertad, el Gobierno nacional administra S/ 151 millones y registra un avance de apenas el 27.8%, pese a tratarse de uno de los departamentos comprendidos en la declaratoria. En contraste, Apurímac alcanza una ejecución del 85.6% a nivel nacional y Tacna registra un avance del 74.1% a nivel local, lo cual demuestra que una ejecución más acelerada sí es posible.

Resulta evidente que el desafío no pasa únicamente por disponer de más recursos, sino por mejorar su asignación y capacidad de ejecución. Los resultados revelan problemas distintos entre programas y niveles de gobierno: mientras en algunos casos los recursos no se concentran en los territorios actualmente bajo emergencia, en otros, pese a una mayor correspondencia territorial, persisten bajos niveles de ejecución. Por tanto, la capacidad de respuesta no depende solo del presupuesto disponible, sino también de qué tan oportunamente puede orientarse y ejecutarse frente al riesgo.