Empleo para todos, no solo para algunos

El reciente debate sobre la reforma laboral aprobada en Argentina ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el camino que debería seguir el Perú en esta materia. Durante años, la discusión laboral en nuestro país ha estado centrada en cómo proteger puestos de trabajo existentes. Sin embargo, en un contexto donde la informalidad laboral supera el 70%, el verdadero desafío no es preservar empleos formales para una minoría, sino crear condiciones para que millones de peruanos puedan acceder a uno. 

Ese debe ser el punto de partida de cualquier reforma laboral seria: pasar de un enfoque que protege puestos de trabajo a uno que promueve la creación de empleo. 

La estructura actual de nuestro mercado laboral evidencia una profunda desconexión entre la normativa y la realidad. Mientras un reducido grupo de trabajadores formales cuenta con amplios beneficios y protección, la gran mayoría opera fuera del sistema, sin acceso a seguridad social, estabilidad ni derechos laborales básicos. En otras palabras, tenemos normas laborales diseñadas para una minoría, mientras la mayoría permanece excluida del marco legal. 

La reforma impulsada en Argentina parte justamente de reconocer este problema. Entre sus objetivos está reducir la litigiosidad laboral, simplificar los esquemas de contratación y brindar mayor previsibilidad a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. No se trata de eliminar derechos laborales, sino de generar un marco más equilibrado que facilite la contratación formal. 

Ese es un principio que el Perú debería considerar con urgencia. 

En una economía como la nuestra, donde las micro y pequeñas empresas constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo, y enfrentan importantes restricciones financieras y regulatorias, elevar los costos o la rigidez de contratación suele producir el efecto contrario al buscado: desalienta la formalidad y empuja a más trabajadores hacia la informalidad. 

Por ello, una agenda de modernización laboral debería apuntar a tres objetivos centrales. 

Primero, simplificar los esquemas de contratación y terminación laboral, para reducir la incertidumbre legal que hoy enfrentan muchas empresas al momento de contratar. La previsibilidad es un factor clave para promover empleo formal. 

Segundo, revisar los costos no salariales y los procedimientos administrativos asociados al empleo formal, que hoy constituyen una barrera especialmente alta para las mypes. 

Y tercero, avanzar hacia un sistema laboral más inclusivo, que permita que quienes hoy trabajan en la informalidad puedan incorporarse progresivamente al sistema sin enfrentar exigencias imposibles de cumplir. 

Nada de esto implica renunciar a la protección de los derechos laborales. Al contrario: un mercado laboral más dinámico y formal es el mejor mecanismo para garantizar derechos efectivos. Un trabajador informal, por definición, carece de ellos. 

El Perú necesita actualizar su marco laboral con una mirada realista. Ir hacia una “nueva formalidad”. El objetivo no debe ser proteger empleos que existen solo en el papel, sino crear las condiciones para que millones de peruanos puedan acceder a uno. Porque en un país con más del 70% de informalidad, las normas laborales deben diseñarse para todos, no solo para unos pocos.