El tiempo de prevenir es ahora

Los pronósticos climáticos más recientes vuelven a encender las alertas sobre la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño, tanto en su manifestación costera como global, durante los próximos meses. Si bien persiste cierto nivel de incertidumbre respecto de su intensidad y duración, las principales agencias meteorológicas internacionales y nacionales coinciden en advertir condiciones oceánicas y atmosféricas que merecen especial atención. La experiencia reciente nos ha enseñado que esperar a que los impactos se materialicen para actuar no solo resulta más costoso, sino también más dañino para la población y la economía. 

El Perú es particularmente vulnerable a este tipo de fenómenos. Las lluvias intensas, inundaciones, desbordes de ríos y huaicos suelen afectar con mayor severidad a las regiones de la costa norte y centro del país, y comprometen infraestructura vial, sistemas de saneamiento, viviendas, centros educativos y establecimientos de salud. Pero los efectos no se limitan a estas zonas. El fenómeno también altera la actividad pesquera, impacta la producción agrícola, genera interrupciones logísticas y afecta cadenas de suministro que repercuten sobre toda la economía nacional. 

La agricultura enfrenta riesgos evidentes. Cultivos de exportación y de consumo interno pueden verse afectados por excesos de lluvia, cambios en los ciclos productivos y proliferación de plagas. La pesca, por su parte, ya experimenta alteraciones en la distribución de especies y cierre de temporada, con consecuencias para miles de empleos y para una de las actividades económicas más importantes del país. A ello se suma el potencial deterioro de carreteras, puentes y otra infraestructura crítica, cuya interrupción incrementa costos logísticos y dificulta el abastecimiento de mercados. 

Frente a este escenario, la respuesta del Estado no puede ser reactiva. Es indispensable acelerar de manera urgente las acciones de prevención. La limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, el fortalecimiento de defensas ribereñas, el mantenimiento de sistemas de drenaje urbano, la protección de infraestructura estratégica y la preparación de los servicios de salud deben convertirse en prioridades inmediatas. Cada sol invertido en prevención evita pérdidas mucho mayores cuando ocurre el desastre. 

Sin embargo, existe un elemento adicional que no puede pasar desapercibido. Nos encontramos a pocas semanas del cambio de Gobierno. Ello obliga a pensar no solo en las medidas de emergencia que deben ejecutarse en el corto plazo, sino también en la necesidad de garantizar continuidad institucional. La prevención y gestión de riesgos no pueden quedar sujetas a los tiempos políticos. 

Por ello, el actual Gobierno tiene la responsabilidad de dejar una hoja de ruta clara para la siguiente administración. Esto implica identificar proyectos prioritarios, asegurar mecanismos de financiamiento, transparentar avances, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y establecer metas verificables para los próximos años. La transferencia de gestión debe incluir un componente específico de prevención y adaptación frente a eventos climáticos extremos. 

Los fenómenos naturales no distinguen calendarios electorales. La diferencia entre una crisis manejable y una catástrofe de gran magnitud dependerá, en buena medida, de las decisiones que se adopten hoy. El tiempo para prevenir se está agotando.