El sueldo mínimo requiere predictibilidad

El lunes 9 de noviembre, la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) inició el debate para institucionalizar el procedimiento y la metodología de reajuste de la remuneración mínima vital (RMV). Un proceso necesario para otorgar mayor predictibilidad a trabajadores y empresas. Es fundamental respetar los acuerdos tripartitos alcanzados desde 2007, conforme al encargo aprobado por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) a comienzos de setiembre. 

Según los acuerdos tripartitos previos, la metodología de actualización del salario mínimo debe considerar dos componentes esenciales: la productividad multifactorial y la inflación subyacente. El primer indicador permite aproximar las mejoras de eficiencia en el uso conjunto del trabajo y el capital, descontando el efecto de una mayor utilización de estos factores productivos. Su incorporación busca que los reajustes de la RMV respondan a mejoras sostenibles de productividad y no únicamente a incrementos de producción derivados de una mayor acumulación de capital. Esto es importante porque una empresa puede producir más, debido a una mayor utilización de maquinaria, en vez de un mejor rendimiento de sus trabajadores. Mientras que la inflación subyacente, que excluye componentes altamente volátiles como alimentos y energía, evita que fluctuaciones extraordinarias se trasladen automáticamente a incrementos salariales permanentes. 

Lamentablemente, el Gobierno no ha respetado estos acuerdos. Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la RMV vigente en 2023 superaba en un 41% el valor que habría resultado de aplicar la fórmula acordada en 2007. Los reajustes posteriores de la RMV refuerzan la necesidad de actualizar este ejercicio y determinar cuánto se ha alejado su nivel vigente de la trayectoria que habría resultado de aplicar consistentemente la metodología acordada. 

Debido a que los incrementos tuvieron un sustento técnico insuficiente, es importante analizar la competitividad de la RMV con comparaciones internacionales. El índice de Kaitz es un indicador económico que mide qué tan elevado es el salario mínimo respecto de las remuneraciones que perciben los trabajadores en una economía. Según estimaciones previas, este índice alcanzó un valor del 73.9% durante 2025, lo que superó la media del 55% entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (ver Semanario 1318). 

De acuerdo con la OCDE, un índice de Kaitz elevado implica que el salario mínimo se aproxima a las remuneraciones habituales del mercado laboral, lo que dificulta la contratación formal. Es decir, cuando el piso salarial es alto respecto de los salarios que pueden pagar las empresas, aquellas con menor productividad enfrentan mayores dificultades para contratar trabajadores, especialmente jóvenes y personas con poca experiencia. 

¿Qué está pendiente de aprobación?

Debido a los elevados niveles de la RMV respecto de la realidad del mercado laboral, es recomendable establecer una revisión bianual, para permitir que su evolución se aproxime gradualmente a la trayectoria que habría resultado de aplicar los acuerdos de 2007. Asimismo, cada procedimiento de revisión de la RMV debería concluir, idealmente, a mediados del año, a fin de aprovechar la disponibilidad de información estadística actualizada y otorgar suficiente tiempo para que las empresas anticipen posibles reajustes en sus presupuestos anuales. 

También es importante que los futuros incrementos consideren los avances y retrocesos en la reducción de la informalidad laboral. Ya que la mayoría de los trabajadores pertenecen a este sector, un aumento de la RMV sin considerar sus efectos sobre la contratación laboral puede agravar la situación actual. Por ello, las revisiones de la RMV deberían incorporar la evolución de la informalidad laboral y evaluar los posibles efectos de un reajuste sobre la contratación formal, especialmente en las empresas de menor productividad. Este análisis debe complementar los criterios de productividad e inflación establecidos en la metodología. 

Asimismo, deberían contemplarse mecanismos excepcionales para postergar los reajustes ante eventos que afecten significativamente la actividad económica, como un fenómeno de El Niño de intensidad suficiente para comprometer la producción y el empleo en sectores particularmente expuestos, entre ellos la agricultura y la pesca. Esta consideración es especialmente relevante para el sector agropecuario, donde el costo total de contratación formal puede superar el 170% de la remuneración mínima, uno de los niveles más elevados del país, como reconoció la OCDE. Incrementar adicionalmente estos costos durante una coyuntura adversa podría comprometer la recuperación de las empresas y el empleo. 

La reactivación de la CEPSM ofrece la oportunidad de resolver una discusión pendiente desde hace casi dos décadas. El reto será completar los consensos existentes y establecer una metodología que se aplique de manera consistente, para evitar que los reajustes dependan de decisiones coyunturales y favorecer una mejora sostenible de las remuneraciones y el empleo formal.