El sector telecomunicaciones en el Perú: aportes y desafíos regulatorios

El crecimiento del sector telecomunicaciones ha generado beneficios económicos y sociales significativos para el Perú. No obstante, los desafíos regulatorios, operativos e institucionales plantean la necesidad de revisar el modelo de gestión para garantizar su sostenibilidad. 

El sector de telecomunicaciones se ha consolidado como uno de los principales motores del crecimiento económico y la inversión en el Perú. Según el INEI, en los últimos 30 años, este sector pasó de representar el 1.6% del PBI en 1994 al 5.1% en 2023, lo que refleja su generación de valor para el país[1]. Esto es positivo para mercado laboral, ya que las remuneraciones de los trabajadores formales del sector superan el promedio de otros rubros de servicios y contribuyó a la recuperación económica tras la pandemia. 

La expansión del sector ha generado beneficios directos para la sociedad en términos de acceso a la tecnología y conectividad. El uso de internet pasó del 16% en 2004 al 57% en 2023, y la telefonía móvil, del 16% al 95%. Este avance fue clave durante la pandemia, ya que permitió la continuidad de la educación mediante entornos digitales. 

No obstante, existen crecientes desafíos derivados del entorno regulatorio. Los operadores de telecomunicaciones afrontan diversas problemáticas vinculadas a la regulación emitida por Osiptel y la limitada coordinación entre el sector público y el privado. Estas barreras pueden afectar el ritmo de inversión, la innovación y la mejora continua en la calidad de los servicios. 

En relación con el rol del regulador, una de las principales preocupaciones es el incremento del enfoque punitivo. En 2025, las multas alcanzaron los S/ 181 millones, un monto menor al registrado en 2024, pero aún superior al de 2023 y al promedio anual del período 2021-2025, y supera ampliamente el promedio del período 2015-2019. El 23% de estas multas (S/ 41 millones) se impusieron por infracciones de menor impacto en los usuarios, como el envío incompleto, inexacto o tardío de información solicitada por el regulador. 

En la última década, las multas pasaron de representar cerca del 0.2% de los ingresos de los operadores a alrededor del 1% en los últimos cinco años, un nivel comparable al aporte al Fitel. Esta situación fue advertida por la OCDE, cuyo informe de 2023 señala que el incremento de las sanciones coincide con un deterioro en la relación entre el Osiptel y los operadores, por lo que recomendó revisar y ajustar el enfoque de protección al usuario para equilibrarlo con sus funciones como regulador económico. 

Otra problemática es que el decreto supremo 007-2024-MTC otorgó un plazo de dos años para el retiro del cableado aéreo antiguo, incluida la infraestructura instalada por la Compañía Peruana de Teléfonos. Si bien hay avances en el retiro, el plazo ha resultado insuficiente debido a la presencia de operadores informales que utilizan postes sin autorización y a la falta de medidas estatales para combatir esta situación. En este contexto, en lugar de disponer sanciones por el incumplimiento, la autoridad debería establecer medidas que faciliten el retiro, lo que demostraría la priorización de soluciones por encima de una cultura sancionadora. 

Un reto adicional está vinculado con la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), actualmente a cargo del Pronatel, en virtud de los Decretos Legislativos 1362 y 1560. Estas normas (emitidas luego de la caducidad del contrato de concesión de la RDNFO) encargan a Pronatel operar provisionalmente esta red directamente o a través de terceros. 

En ese contexto, la inestabilidad en la gestión de Pronatel ha afectado la continuidad operativa y puesto en riesgo la sostenibilidad de las redes regionales. Esta situación se evidencia en una deficiente gestión, que ha derivado en resultados desfavorables en procesos arbitrales vinculados a los proyectos en Piura y Tumbes, así como en la pérdida de otros laudos por montos cercanos a los US$ 4 millones. En conjunto, estos factores terminan afectando a los ciudadanos, quienes reciben un servicio deteriorado y asumen indirectamente el costo de las indemnizaciones. 

Por ello, se debe impulsar la asignación de la operación provisional a una empresa especializada, con obligaciones técnicas claras, estándares verificables y mecanismos efectivos de supervisión, y así asegurar un mejor desempeño en beneficio del interés público. 

El sector telecomunicaciones ha sido un actor clave en el desarrollo económico, la inclusión digital y la resiliencia social del Perú. Por ello, resulta indispensable reducir el énfasis punitivo, fortalecer la coordinación público-privada y garantizar una gestión técnica eficiente de la infraestructura pública para proteger la inversión, mejorar la calidad de los servicios y ampliar el acceso a conectividad en favor de millones de peruanos.

[1] Instituto Peruano de Economía (2024). Contribución de las telecomunicaciones al desarrollo económico y social del Perú 1194-2024.