El riesgo de legislar sin mirar la caja

En los últimos días se ha vuelto a encender una alerta sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Diversas leyes aprobadas por el Congreso implican nuevos compromisos de gasto que, en conjunto, significarían cerca de S/ 7,000 millones adicionales al año, lo que generaría déficit fiscal. Estimaciones del Consejo Fiscal advierten que el conjunto de normas aprobadas con impacto presupuestal costaría decenas de miles de millones de soles anuales, y esto pondría en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

La Constitución peruana establece una regla clara: el Congreso no tiene iniciativa para crear gasto público. Esta restricción busca evitar que el sistema político caiga en una dinámica de promesas y beneficios sin financiamiento, y así proteger el equilibrio fiscal del Estado. 

Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente que el Parlamento apruebe normas con impacto fiscal significativo. De hecho, estudios señalan que una parte importante de las leyes recientes incrementa el gasto público o reduce ingresos fiscales, lo que presiona el déficit y la deuda pública del país. 

Cuando el Legislativo genera obligaciones de gasto sin un análisis fiscal riguroso, no solo se pone en tensión el diseño constitucional, también se debilita la responsabilidad fiscal que sostiene la estabilidad económica. 

Uno de los casos más sensibles es el de las modificaciones al régimen de pensiones de militares y policías. Este tipo de medidas revive la lógica de sistemas previsionales extremadamente costosos, como el antiguo régimen de la llamada “cédula viva”, en el que las pensiones se ajustaban automáticamente, según los ingresos de los trabajadores activos. 

La historia económica del Perú demuestra que estos esquemas pueden convertirse en compromisos fiscales muy difíciles de sostener en el tiempo. 

El riesgo es evidente: si se abre nuevamente esa puerta para un sector, pronto surgirían presiones legítimas —y políticamente difíciles de rechazar— para extender beneficios similares a otros grupos, como maestros, trabajadores públicos u otros regímenes especiales. El resultado sería una escalada de obligaciones permanentes que el Estado simplemente no puede financiar. 

Para entender el problema basta pensar en la economía de un hogar. Si una familia decide asumir nuevas obligaciones —más créditos, mayores gastos o compromisos permanentes— sin que sus ingresos aumenten, inevitablemente enfrentará una disyuntiva: endeudarse más o recortar recursos destinados a otras necesidades. 

Eso mismo ocurre con el presupuesto público. Cada nuevo gasto aprobado sin financiamiento claro implica, tarde o temprano, más deuda o menos recursos para otros servicios públicos: educación, salud, seguridad o infraestructura. 

El presupuesto del Estado no le pertenece a los políticos ni al Congreso. Es el resultado del esfuerzo de millones de contribuyentes que, con sus impuestos, financian el funcionamiento del país. 

Cuando se aprueban leyes que generan gasto permanente sin sustento fiscal, lo que se está haciendo en realidad es trasladar el costo a todos los peruanos, ya sea mediante más impuestos, mayor deuda pública o menor capacidad del Estado para financiar servicios esenciales. 

La responsabilidad fiscal no es un tecnicismo económico. Es una condición básica para la estabilidad del país, para la confianza de los inversionistas y, sobre todo, para proteger los recursos públicos que pertenecen a todos. 

El Ejecutivo tiene la obligación de observar estas leyes o, en todo caso, llevarlas ante el Tribunal Constitucional. 

Legislar sin mirar la caja puede generar aplausos en el corto plazo. En el largo plazo, la factura siempre llega. Y, cuando llega, la pagamos todos.