El Estado de derecho es la base sobre la cual las sociedades alcanzan paz, justicia e igualdad. Un sistema de leyes e instituciones no solo protege a las personas frente a la arbitrariedad, sino que también reduce la corrupción y promueve la confianza en la justicia. Anualmente, el World Justice Project (WJP) elabora el Índice del Estado de Derecho, instrumento que permite establecer puntos de referencia comparables entre países y monitorear el avance de reformas institucionales. 

En la edición 2025, se evaluó la solidez institucional de 143 países y jurisdicciones a partir de las percepciones de más de 215,000 hogares y 4,100 expertos en todo el mundo. Este indicador mide ocho factores principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. 

Dinamarca, Noruega y Finlandia ocuparon nuevamente los primeros lugares del índice, con puntajes de alrededor de 0.9, en una escala que va de 0 (menor adhesión al Estado de derecho) a 1 (mayor cumplimiento). Estos países destacan por su independencia judicial, baja corrupción, cumplimiento regulatorio efectivo y altos niveles de confianza institucional. En el otro extremo, Venezuela, Afganistán y Camboya se ubicaron entre los últimos puestos, con puntajes cerca del 0.3, marcados por la debilidad de sus sistemas judiciales, la falta de contrapesos al poder político y altos niveles de impunidad. A nivel agregado, los hallazgos resultan preocupantes: el Estado de derecho volvió a debilitarse en la mayoría de los países (68%), con retrocesos en su puntaje, según el WJP. 

En América Latina y el Caribe, Uruguay se mantiene como el país mejor posicionado de la región, con un puntaje de 0.72, seguido por Costa Rica (0.68) y Barbados (0.66), reflejo de sistemas judiciales estables, baja corrupción y marcos regulatorios predecibles. En contraste, Venezuela ocupa el último lugar regional, donde persisten graves déficits en derechos fundamentales, independencia judicial y control del poder político. En conjunto, 22 de los 32 países de la región registraron descensos en su puntaje durante el último año, principalmente en ausencia de corrupción, justicia penal y límites al poder del Ejecutivo. 

El Perú obtuvo un puntaje de 0.5, ubicándose en el puesto 93 a nivel global y en el puesto 21 dentro de la región. Ello representa una caída de dos posiciones respecto de 2024, lo que la mantiene en la mitad baja del índice. Entre los ocho factores analizados, los mejores desempeños corresponden a orden y seguridad, derechos fundamentales y límites al poder gubernamental, con puntajes de alrededor de 0.6. 

Los retos que revela el índice para nuestro país se concentran en dos ámbitos: corrupción y justicia. Con un puntaje de 0.3 en el factor de ausencia de corrupción, el país ocupa el puesto 25 en la región, especialmente por la baja calificación del Congreso con puntaje de 0.1 y se sitúa en el puesto 26) y la persistente desconfianza de los hogares y expertos hacia el sistema político. La justicia civil y la justicia penal evidencian demoras y altos costos, lo que afecta la resolución de controversias y la protección de contratos. 

Frente a estos retos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), ente que fomenta la consolidación del Estado de derecho, ha mostrado acciones en materia de integridad pública y acceso a la justicia. En el marco del Plan Estratégico Institucional 2025-2030, se implementaron oficiales de integridad en ministerios y Gobiernos regionales, se fortalecieron los mecanismos de prevención y gestión de riesgos de corrupción, y se desarrollaron planes institucionales de integridad[1] con seguimiento permanente. Ahora, el Minjusdh avanza hacia la ampliación de los servicios de defensa pública gratuita, junto con la digitalización progresiva de trámites y plataformas de atención ciudadana. 

En agosto último, la Presidencia del Consejo de Ministros instaló un grupo de trabajo para la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción a 2040, con menos niveles de tolerancia e incremento de la prevención de prácticas antiéticas y corruptas. 

El fortalecimiento del Estado de derecho en el Perú exige una gestión pública orientada a la integridad, la eficiencia y la equidad en el acceso a la justicia. Mejorar requiere continuidad política, coordinación interinstitucional y un compromiso sostenido con la rendición de cuentas, para avanzar hacia un país donde la ley sea justa e igualitaria para todos

[1] El Programa de Integridad Institucional busca promover una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, mediante acciones de capacitación, evaluación de riesgos y difusión de buenas prácticas.