El decepcionante desempeño del Perú frente al reto de la corrupción

La corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que el Estado brinde servicios públicos eficientes y genere confianza en la ciudadanía. Sus efectos se reflejan tanto en la vida cotidiana como en el desempeño económico, a través de una menor calidad del gasto público y retrasos en las inversiones. En la reciente edición del Índice de Percepción de la Corrupción, el Perú se ubicó entre las cinco economías con peor desempeño en América Latina. 

Elaborado por Transparencia internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) es utilizado para evaluar cómo se percibe la corrupción en el sector público de las economías. El puntaje del índice se mide en una escala de 0 a 100, donde 0 representa una percepción muy alta de corrupción y 100 una muy baja. Si bien sus resultados no representan niveles efectivos de corrupción, estas percepciones pueden influir sobre las expectativas económicas, la inversión privada, el desarrollo de negocios y la credibilidad institucional. 

En la edición 2025, el Perú obtuvo 30 puntos sobre 100, lo que lo ubicó en el puesto 127 de 182 economías evaluadas a nivel mundial. Este resultado responde a una caída de un punto respecto de la edición anterior y, si se considera la incorporación de dos nuevas economías en el ranking, hubo un retroceso de tres posiciones en la clasificación. Más allá del resultado, la evolución del puntaje del Perú muestra la ausencia de mejoras estructurales sostenidas. Desde 2021 se observa un deterioro que se profundiza en los últimos años y que no puede atribuirse únicamente a la inclusión de economías en el índice, sino a un debilitamiento continuo de los factores institucionales que influyen en la percepción de integridad del sector público. 

A nivel América, el país se mantiene por debajo del promedio, que alcanzó 42 puntos, lo que lo sitúa nuevamente entre las economías con mayor percepción de corrupción (entre las de peor ubicación en el índice). En América Latina, Perú se ubica en el séptimo puesto, solo por encima de Bolivia (136), Paraguay (150) y Venezuela (180). De acuerdo con el CPI, el puntaje peruano refleja evaluaciones desfavorables en dimensiones como el Estado de derecho, la calidad institucional, la gobernanza democrática y el entorno regulatorio. Asimismo, se observa una percepción negativa y heterogénea sobre el desempeño institucional del sector público. 

El informe de Transparencia internacional advierte que, en países con bajos puntajes —entre ellos el Perú—, la percepción de corrupción se ve reforzada por interferencias politizadas en el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil. Este entorno, menciona el reporte, dificulta que periodistas, organizaciones civiles y denunciantes puedan señalar prácticas irregulares con libertad, lo que incrementa el riesgo de impunidad y el uso indebido del poder. 

En contraste, Estonia es un ejemplo de mejora sostenida en la percepción de integridad pública. Desde 2012, el país incrementó su puntaje en 12 puntos, con lo que pasó del puesto 32 al 12 en 2025 y se consolidó entre las economías mejor posicionadas de Europa. Este desempeño estuvo acompañado por un marco institucional orientado a la transparencia y la integridad, que incluye legislación anticorrupción vigente y planes de acción enfocados en fortalecer la rendición de cuentas y reducir espacios de discrecionalidad en la gestión pública, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En el Perú, los delitos de corrupción constituyen la principal causa de exclusión definitiva del ejercicio de la función pública. Cerca del 70% de las inhabilitaciones permanentes impuestas entre 2017 y 2024 corresponden a estos delitos, según la Contraloría. Las sanciones se concentran en conductas vinculadas al manejo indebido de recursos públicos (peculado; 38.7% del total), la colusión en procesos de contratación (25.6%) y la intervención indebida en decisiones estatales (negociación incompatible; 14.9%), lo que evidencia que la corrupción sancionada se encuentra estrechamente asociada con espacios clave de decisión y gestión dentro del Estado. 

Casos como el de Lava Jato, que involucró grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la Línea 1 del Metro de Lima y tramos de la carretera Interoceánica, evidencian cómo la corrupción en la contratación pública puede tener efectos que trascienden el ámbito judicial. Más allá de las responsabilidades penales ya determinadas, estos episodios generaron sobrecostos, paralizaciones y retrasos en la ejecución de obras clave, lo que afectó la provisión oportuna y eficiente de servicios públicos de calidad para la ciudadanía. 

A pocos meses de las elecciones generales, se subraya la importancia de que el debate incorpore propuestas orientadas a fortalecer las instituciones y mejorar la calidad del control, la ejecución y la gestión pública. En esa línea, Transparencia internacional advierte que la inestabilidad en el liderazgo debilita los esfuerzos anticorrupción, un aspecto relevante para un país como el Perú, marcado por frecuentes cambios de autoridades y una limitada continuidad en la conducción política.