En 2025, el presupuesto de inversión pública para la función saneamiento asciende a S/ 6,108 millones. De ese total, el 61.7% está en manos de los Gobiernos locales; sin embargo, al cierre del tercer trimestre, apenas han ejecutado el 47.3%, lo que los convierte en el nivel de gobierno con mayores dificultades para llevar adelante la inversión en este sector. 

El acceso a agua y saneamiento seguro es mucho más que una necesidad básica: constituye un motor de desarrollo humano y económico. Cuando las comunidades cuentan con servicios adecuados, disminuyen de manera significativa enfermedades como la diarrea y las infecciones intestinales, lo que permite que los niños crezcan sanos, aprendan mejor en la escuela y alcancen su máximo potencial. Al mismo tiempo, las familias reducen gastos médicos y los adultos pierden menos días de trabajo, lo que genera beneficios directos para la economía. 

Según el Banco Mundial, invertir en agua y saneamiento no solo salva vidas, también impulsa la productividad y el crecimiento económico sostenible al fortalecer el capital humano de los países. 

En este contexto, la situación resulta especialmente preocupante en algunos departamentos. En Piura, Huancavelica, Ucayali, Pasco, Puno y Madre de Dios, los Gobiernos locales han ejecutado menos del 40% de su presupuesto de inversión pública para este sector. El problema se agrava si consideramos que todos estos departamentos, según la Encuesta Nacional de Hogares, registran un porcentaje de hogares con acceso a saneamiento inferior al promedio nacional (78.4%). En casos como Puno (59.2%), Madre de Dios (54.6%) y Ucayali (44.8%, el más bajo del país), el acceso no llega siquiera al 60%.  

Si nos centramos en los cuatro departamentos en los cuales los Gobiernos locales tienen la menor ejecución en 2025, los resultados son aún más reveladores. Según el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, en Madre de Dios, la brecha financiera de saneamiento proyectada a 2025 asciende a S/ 2,116 millones, a S/ 8,268 millones en Puno, a S/ 3,805 millones en Ucayali y a S/ 1,534 millones en Pasco. Estas cifras reflejan la magnitud de los recursos que aún se necesitan para cerrar las brechas de acceso al saneamiento en dichos departamentos. 

Por otro lado, cuando se observa la ejecución presupuestal, los Gobiernos locales, que son los responsables de la mayor parte del presupuesto en esta función, muestran niveles bajos de avance con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado). Entre 2020 y 2025, en Madre de Dios se ejecutó solo el 51.5% del PIM en saneamiento; en Puno, el 51.8%; en Ucayali, el 57.1%; y en Pasco, apenas el 28.4%. Estos porcentajes no implican una reducción equivalente de la brecha financiera, sino que evidencian la limitada capacidad de estos Gobiernos para transformar los recursos asignados en proyectos concretos que contribuyan a cerrarla.  

Adicionalmente a esta limitada ejecución presupuestal, según la Contraloría General de la República, a junio existen 446 obras paralizadas del sector saneamiento con un monto superior a S/ 7,493 millones. De estas, 232 están paralizadas desde 2019 o antes, lo cual agrava la situación. 

Del total, 323 obras paralizadas (72%) están a cargo de los Gobiernos locales: 21 están en Puno, 11 en Ucayali, 7 en Madre de Dios y 5 en Pasco. 

Estos bajos niveles de avance, además de las obras paralizadas, tanto en el presente año como en los anteriores, no solo impiden reducir la brecha de saneamiento, sino que la agravan. A medida que la población crece y aumenta la demanda de servicios, la falta de ejecución amplía aún más una brecha que ya es crítica. 

El saneamiento no puede seguir siendo la función con más brechas y menor ejecución en manos de los Gobiernos locales. Cada sol que se queda sin invertir significa familias sin acceso a servicios básicos, niños expuestos a enfermedades que limitan su desarrollo y comunidades enteras frenadas en su crecimiento. Es indispensable que las autoridades subnacionales fortalezcan su capacidad de gestión y garanticen la eficiencia en la ejecución. Solo así las inversiones en el sector podrán traducirse en salud, productividad y mejores oportunidades de vida para millones de peruanos.