Desigualdad y crecimiento: el verdadero desafío es generar oportunidades

Hay quienes tratan de instalar en el debate público la idea de que la desigualdad económica en el Perú viene aumentando y que los beneficios del crecimiento se concentran en unos pocos. Si bien es cierto que nuestro país enfrenta profundas brechas económicas y sociales, resulta fundamental distinguir entre desigualdad de ingresos, concentración de riqueza y distribución de los beneficios del crecimiento. Confundir estos conceptos puede desinformar, llevarnos a diagnósticos equivocados y, consecuentemente, a políticas públicas que no atiendan los verdaderos problemas. 

La evidencia muestra una realidad distinta a la que muchas veces se presenta. Según el Banco Mundial, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, pasó de 49.9 en 2004 a 40.1 en 2024. Si bien durante las últimas dos décadas la desigualdad de ingresos disminuyó considerablemente, desde 2021 se ha mantenido relativamente estable y registró en 2024 el mismo valor que en dicho año. 

Esta evolución estuvo acompañada de una extraordinaria reducción de la pobreza monetaria, que pasó del 58.7% de la población en 2004 al 20.2% en 2019 (si bien subió al 30.1% en 2020, como consecuencia de la COVID-19, en 2025 se ubicó en 25.7%). Millones de peruanos mejoraron sus condiciones de vida gracias a un periodo de crecimiento económico sostenido, inversión privada, generación de empleo y mayor dinamismo productivo. Por tanto, afirmar que el crecimiento benefició exclusivamente a los sectores más ricos no se condice con la evidencia. 

Es cierto que la concentración de la riqueza es una característica presente en numerosas economías, tanto desarrolladas como en desarrollo. Sin embargo, ello no significa necesariamente que el resto de la población se esté empobreciendo. Es perfectamente posible que los patrimonios de los más ricos aumenten y que, simultáneamente, los sectores de menores ingresos experimenten mejoras sustanciales en su bienestar. 

El problema es que ese proceso de progreso económico y social perdió dinamismo. La pobreza alcanzó el 25.7% en 2025, todavía por encima de los niveles prepandemia. La desaceleración económica, la elevada informalidad y las persistentes brechas de productividad limitan las posibilidades de desarrollo de millones de peruanos. 

Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto tienen los que más tienen, sino, principalmente, en cómo logramos que quienes menos tienen puedan progresar. La verdadera inclusión económica no consiste en igualar resultados, sino en ampliar las oportunidades para que todos puedan desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida. Muchos de estos temas fueron parte del pedido de delegación de facultades que bancadas en el Congreso no quisieron otorgar por no considerarlo “urgente”. 

Aquí cobra especial relevancia el modelo de economía social de mercado consagrado en nuestra Constitución, que reconoce la iniciativa privada como motor del desarrollo y establece un rol fundamental del Estado en la promoción del bienestar general. 

Un Estado que cumpla efectivamente ese rol debe concentrar sus esfuerzos en garantizar los grandes habilitadores de la igualdad de oportunidades: salud y educación de calidad, seguridad ciudadana y conectividad física y digital. Sin estos elementos, el lugar donde nace una persona termina condicionando sus posibilidades de progreso, independientemente de su talento o esfuerzo. 

El Perú no necesita enfrentar crecimiento y equidad como objetivos contrapuestos. Necesita recuperar el crecimiento, fortalecer sus instituciones y contar con un Estado que cumpla eficazmente sus responsabilidades esenciales. 

Porque una sociedad verdaderamente justa no es aquella en la que todos obtienen los mismos resultados, sino aquella en la que todos cuentan con oportunidades reales para salir adelante y donde el progreso de cada persona depende cada vez más de su esfuerzo, talento y capacidad, y cada vez menos de las circunstancias en las que nació.