APP como motor de inversión y resiliencia ante el FEN

Las asociaciones público-privadas (APP) dentro de la cartera presentada por ProInversión a inversionistas mundiales podrían reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y los servicios básicos de los departamentos afectados frente a futuros eventos del fenómeno de El Niño (FEN). Para asegurar su financiamiento, es necesario garantizar las condiciones y la estabilidad que den confianza a la inversión. 

El financiamiento de las APP cuenta con la participación de inversionistas privados que, junto con el Estado, comparten los riesgos asociados a los proyectos. Frente al FEN extraordinario, las APP prioritarias deberían enfocarse en los departamentos afectados para reducir su vulnerabilidad en próximos eventos, debido a que su adjudicación se realizará luego del periodo de mayor intensidad del fenómeno

.^[1] 

En total, estos proyectos equivalen a US$ 4,601 millones, donde solo 3% (US$ 140 millones) se adjudican en 2026 y 10% (US$ 453 millones) en 2027, de acuerdo con ProInversión. El 56% se adjudican en 2028 (US$ 2,571 millones), lo cual incluye las plantas de tratamiento de aguas residuales y potable de Trujillo, Tumbes y Cajamarca. El resto se adjudicará en 2029 y 2030. Por ello, estas APP no acelerarían la reconstrucción en el corto plazo. Su valor está en los años siguientes. 

¿Por qué importa la estabilidad jurídica?

El capital privado exige predictibilidad para financiar proyectos de largo plazo. Los convenios de estabilidad jurídica son contratos con el Estado, con fuerza de ley, que garantizan la estabilidad de determinadas condiciones jurídicas vigentes al momento de su suscripción. Cubren, entre otros, el impuesto a la renta, el mismo trato que a inversionistas locales y la libre movilidad de ganancias al extranjero. A octubre de 2026, se firmaron 740 por US$ 37,000 millones, con inversionistas de 50 países. Sin embargo, pierden valor si no se cumplen en la práctica. 

Para asegurar el financiamiento de nueva infraestructura, el Perú debe evitar que la viabilidad de los contratos quede condicionada a intereses políticos, una vulnerabilidad institucional que debilita directamente nuestra posición frente a los mercados globales. El caso Rutas de Lima ejemplifica esto: sentencias arbitrales ratificadas en EE. UU. ordenan a la Municipalidad de Lima (MML) que pague US$ 200 millones por incumplir el contrato de concesión, pero esta no ha cumplido. El incumplimiento de los laudos arbitrales ha incrementado la exposición del país a controversias internacionales vinculadas con la inversión en Rutas de Lima, cuyo monto reclamado alcanzaría los US$ 2,700 millones. 

Este problema no se limita a la actual gestión de la Municipalidad de Lima, sino que es recurrente. El contrato es de 2013 y las dos sentencias son de 2020 y 2022, anteriores a esta administración. Tampoco se limita al ámbito municipal: en 2023 se presentaron proyectos de ley para anular el artículo 62 de la Constitución y suprimir los contratos ley, y en 2024 el Tribunal Constitucional suspendió el cobro del peaje en Puente Piedra. Por esto, para que los inversionistas confíen en nuestro país, es indispensable que el Gobierno demuestre que los contratos se respetan. 

¿Qué se debe garantizar para promover la inversión?

Un riesgo particular está en los Gobiernos regionales y locales, entidades que suelen presentar mayor volatilidad política y menor capacidad presupuestal, lo que eleva el riesgo de incumplimiento de contratos. Considerando que 10 de los 87 proyectos de la cartera (US$ 7,057 millones) tienen a un Gobierno subnacional como titular, el Gobierno nacional podría evaluar mecanismos de garantía frente a incumplimientos contractuales de entidades subnacionales, acompañados de esquemas de recuperación de los recursos comprometidos. 

Con el fin de asegurar el capital de la cartera de 87 proyectos y más de US$ 50,000 millones que ProInversión presentó a los inversionistas, conviene priorizar las mejoras que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) recomienda: incorporar los costos sociales y ambientales en el análisis del ciclo de vida de las obras y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos que participan en la estructuración y gestión de las APP. 

El aporte de las APP radicará en liderar la posterior recuperación y reconstrucción de los departamentos afectados, dado que los plazos de adjudicación exceden la emergencia. Mientras que el paquete anticíclico de S/ 18,000 millones servirá como contención pública a corto plazo, las APP podrían contribuir al desarrollo de infraestructura más resiliente y sostenible, necesaria para reducir la vulnerabilidad del país frente a futuros desastres. Ese capital solo llegará si el Gobierno respeta sus compromisos, pues la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos contractuales son condiciones fundamentales para atraer inversión. Garantizar las reglas de juego es, por ello, la condición para concretar la cartera de 87 proyectos (ver Semanario 1250).

[1] El Grupo 3 de Transmisión contempla 4 proyectos: enlace 220 kV Miguel Grau-Sullana, enlace 220 kV Miguel Grau-Chulucanas, enlace 138 kV Nueva Virú-Trujillo Sur y Nueva SE Moche 220/138 kV.