Defensoría de las mypes en el Perú

El Proyecto de Ley 12603/2025-CR propone la creación de una Defensoría para las micro y pequeñas empresas (mypes), a cargo del Ministerio de la Producción. A propósito de esta iniciativa, se destacan algunos desafíos regulatorios que deben replantearse para poder promover la formalidad y el crecimiento de estos negocios. 

La exposición de motivos del proyecto indica que no existe un órgano que realice diagnósticos y propuestas de política pública basadas en evidencia que ayuden a las mypes frente a diversos desafíos regulatorios que soportan en el desarrollo de su actividad. Específicamente, se hace referencia a la articulación con la Sunafil, la Sunat y el OSCE.  

La situación de las mypes en el Perú ha sido materia de análisis del informe “Las micro y pequeñas empresas en el Perú – Resultados 2024”, elaborado en 2025 por ComexPerú. En él se da cuenta de problemáticas como la dificultad para mantener licencias de funcionamiento debido a cómo se realizan las fiscalizaciones municipales, así como la falta de conectividad, energía y acceso a servicios básicos como el agua. 

Iniciativas como el proyecto de ley que propone crear la Defensoría de las mypes evidencian la falta de articulación entre entidades públicas para proponer medidas y políticas orientadas a mejorar la realidad de las micro y pequeñas empresas que no requieren de una entidad nueva para resolverse. De hecho, muchos de los problemas señalados tanto en su exposición de motivos como en el informe de ComexPerú pueden resolverse a través de la evaluación del panorama regulatorio y el destrabe de proyectos. 

Por ejemplo, una norma cuya reglamentación está pendiente es el Decreto Legislativo 1729 (publicado el 12 de febrero de 2026), que prohíbe el uso de patrones oscuros en el comercio electrónico. Estos son métodos comerciales que se emplean en el comercio (mayormente, pero no exclusivamente, en el electrónico) para “empujar” a los consumidores y usuarios hacia una decisión en específico (realizar una compra, mantener una suscripción, entre otros). 

La prohibición parte de la premisa de que estos métodos distorsionan o manipulan la autonomía de los consumidores. Sin embargo, algunos métodos (que pueden calificar como patrones oscuros), lejos de perjudicar al consumidor, ayudan a que su experiencia en el comercio electrónico sea más sencilla y ágil (por ejemplo, cuando un comercio ya cuenta con el historial de compras de un consumidor y le recomienda los mismos productos, si bien mantiene la posibilidad de que este pueda elegir otros). 

Dichos supuestos deben ser considerados en la reglamentación del Decreto Legislativo 1729. Este proceso normativo cobra más relevancia si se tiene en cuenta que muchos micro y pequeños empresarios ofrecen sus bienes y servicios por medio de plataformas web (marketplaces) que podrían usar estos parámetros, o por páginas web propias que deberán modificar, con lo que incurrirían en gastos adicionales (por la contratación de programadores web externos, por ejemplo), lo que dificultaría su permanencia en el mercado. 

El principal reto que tienen las mypes está vinculado con la licencia de funcionamiento y las fiscalizaciones municipales. A pesar de que se encuentra vigente la Ley 31914 (que dicta el procedimiento para que los municipios puedan realizar una fiscalización respetando los derechos de los agentes involucrados), muchas autoridades estarían actuando de forma arbitraria y cerrando locales por fallas que pueden resolverse en el mismo momento de la inspección, o por cuestiones que no suponen un peligro inminente. 

Ante ello, corresponde la evaluación de esta norma, a fin de realizar los ajustes correspondientes que respeten el debido procedimiento, la seguridad jurídica y eviten la arbitrariedad (que a su vez genera el riesgo de corrupción). 

La atención de las problemáticas de las mypes debe ser una prioridad, ya que representan más del 90% del tejido empresarial. Más allá de la creación de una Defensoría específica, adscrita al Ministerio de la Producción, la principal tarea pendiente es que quienes asuman los cargos de dirección del Estado se comprometan a revisar la carga regulatoria que soportan estos agentes económicos y dispongan la simplificación administrativa en beneficio de este sector.