Controles de precios: una herramienta obsoleta

El candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, en su plan de gobierno, propone establecer un control de precios en sectores en crisis, con mención específica al sector farmacéutico. Se justificaría en la existencia de una “captura corporativa del Estado” y la necesidad de garantizar justicia social. Sin embargo, lejos de la realidad, la propuesta desconoce los mecanismos legales que el mismo Gobierno dispone, ejerce y funcionan para evitar prácticas anticompetitivas. 

Recordemos que, durante el primer gobierno del expresidente Alan García (1985 a 1990) se introdujo controles de precios, fijándolos debajo del costo de producción, lo cual generó escasez por la insostenibilidad financiera para producirlos. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las medidas populistas y estatistas de aquella época, como el control de precios, exceso de gasto público, subsidios masivos y control del BCRP generaron un deterioro significativo en la economía y calidad de vida de los peruanos. 

La economía se contrajo considerablemente en 1988 (-8.3%) y 1989 (-11.6%), mientras que los salarios reales y el poder adquisitivo de los peruanos se redujeron en más de la mitad. En aquel entonces, el PBI per cápita retrocedió a niveles de los años sesenta, lo que borró el progreso de casi 20 años. Al país le tomó otros quince más recuperar los niveles de ingreso de 1987. 

Entonces ¿por qué Juntos por el Perú quiere volver a instaurar el control de precios? Según exponen en su plan de gobierno, sería para resolver la concentración monopólica en sectores clave como el farmacéutico, combustibles, entre otros. Sin embargo, en la Resolución 0738-2017/SDC-INDECOPI, la entidad analizó y encontró que existe un alto nivel de competencia entre farmacias. Tanta es la competencia que en varios productos ocurre una distorsión de precios a favor del consumidor, donde el precio es menor al costo de los laboratorios. 

Esto no excluye que hayan existido malas prácticas. De hecho, en la misma resolución, la autoridad terminó sancionando y multando con 2,276 UIT en total al grupo de cadenas corporativas por intentar concertar precios en un periodo específico para frenar sus pérdidas. 

En ese sentido, existe una percepción errada del desempeño de los mercados. Ya anteriormente otros partidos habían considerado, erróneamente, que la sola presencia de pocas empresas en el mercado basta para que exista un monopolio o una situación nociva para el consumidor. En realidad, más allá de cuántas empresas hay, lo que importa es cómo se comportan e interactúan entre ellas, y que se deben imponer sanciones cuando existan prácticas anticompetitivas. 

En el mercado farmacéutico, el Indecopi encontró que la existencia de pocas empresas no deriva en consecuencias negativas para el consumidor. Esto no descarta que, en ocasiones, la misma entidad deba sancionar prácticas puntuales, como la coordinación de precios a través de un proveedor común en 2008. Situación que ya no ocurriría en la práctica y habría sido resuelta por dicha entidad a través de los mecanismos legales de los que dispone.  

El Indecopi está debidamente habilitado para resolver prácticas anticompetitivas cuando aparezcan. Está facultado para investigar y sancionar carteles, acuerdos de fijación de precios y de repartición del mercado. Respecto al sector farmacéutico en específico, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) regula el registro, la calidad y la comercialización de medicamentos, mientras que el Minsa puede establecer precios de referencia para genéricos esenciales. 

Por esto mismo, medidas como el control de precios, lejos de resolver problemas específicos, representan iniciativas obsoletas y sin sustento técnico. La sola existencia de esta medida, aun cuando sea en un solo sector, genera un precedente negativo que desalienta la actividad e inversión en las demás industrias. Por el contrario, el Estado debe priorizar una gestión ejemplar del Indecopi, con investigación y análisis previo, junto con medidas que sí beneficien a la población. 

En esa línea, preocupa el deterioro del sistema de salud público a nivel nacional. Existen brechas de infraestructura en la red asistencial, con el 95.9% de establecimientos del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada, según el Minsa. Esto implica que la gran mayoría de postas y centros de salud no solo presentan graves deficiencias en su infraestructura y equipamiento, sino que también sufren de una escasa dotación de recursos humanos y tecnológicos, lo cual limita la implementación de medidas de prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. 

Por su parte, en la red de EsSalud, además de carecer de citas y presentar demoras para la atención, pese al aporte obligatorio del empleador, el paciente asume un gasto de bolsillo adicional que ascendió a S/ 26,132 millones acumulados entre 2019 y 2024 (ver policy brief de EsSalud). 

Establecer controles de precios no resolverá el problema que enfrentan millones de peruanos, sino que podría agravarlo, con el riesgo de desabastecimiento. La prioridad del Estado debe ser hacer que la red pública de salud funcione y cubra de manera adecuada a todos los asegurados. Esto implica reformar la cadena logística de Cenares, incorporar operadores especializados o asociaciones público-privadas en la distribución, y garantizar que al final de la atención el paciente salga con su medicamento en la mano, entre otras medidas.