En 2023, 5 de 24 departamentos tenían un porcentaje de viviendas con acceso a energía eléctrica inferior a su nivel de prepandemia. Los departamentos con menor porcentaje de cobertura fueron Huánuco, Tumbes y Ucayali. 

Moquegua (96%), Lima (95%) y Lambayeque (94%) registraron el mayor porcentaje de viviendas con acceso a energía eléctrica por red pública, según los datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). En contraste, Huánuco (86%), Tumbes (82%) y Ucayali (80%) mostraron los niveles más bajos, lo que sugiere la existencia de desafíos en la expansión de la infraestructura eléctrica en esas áreas. 

Entre 2019 y 2023, hay una disminución de 1 a 2 puntos porcentuales (pp.) en el porcentaje de viviendas con acceso a energía eléctrica en Arequipa, Áncash, Tacna, Ica y Piura. Con respecto a los departamentos con mayor cobertura, Moquegua y Lima mantuvieron consistentemente un alto nivel de acceso a electricidad entre esos años. En Lambayeque, se observó un incremento de 2 pp. entre 2019 y 2023. A pesar de haber mejoras en los departamentos con menor acceso, aún se presenta una cobertura limitada. Por ejemplo, Ucayali aumentó en 5 pp., hasta alcanzar el 80% en 2023, pero sigue ubicándose por debajo del promedio nacional (91%). 

Si consideramos la calidad de acceso a la energía eléctrica, la realidad se torna más compleja. En 2022, un 50.5% de la población nacional carecía de acceso a este servicio a través de red pública o tenía un acceso inadecuado al presentar cortes de servicio por razones distintas a la falta de pago, según el informe de Pobreza Monetaria de 2014-2023 del INEI. Esta carencia es más notoria en las áreas rurales, donde el 69.9% de la población no tenía un acceso adecuado, en comparación con un 45.7% en las áreas urbanas. 

En ese mismo año, un 50.3% de las viviendas a nivel nacional tenían un acceso inadecuado al servicio de energía eléctrica debido a interrupciones no relacionadas con deudas. Se observa que 12 de los 24 departamentos del país tenían más del 50% de viviendas con acceso deficiente a la energía eléctrica por red pública. Madre de Dios tuvo el porcentaje más alto, con un 73.9%, seguido por Amazonas, con un 67.3%, y Puno, con un 61.8%. 

En lo que va del año, el reporte de Condiciones de Vida en el Perú, del INEI, revela que un 96% de la población tuvo acceso a energía eléctrica a través de la red pública en el primer trimestre de 2024. En las áreas urbanas, el 99.1% de las viviendas tienen acceso a energía eléctrica; mientras que en las zonas rurales es el 83.2%. Estos resultados se mantienen prácticamente constantes desde 2019. 

La ejecución de la inversión pública es fundamental para incrementar la cobertura. Sobre todo, en las zonas rurales, donde existen mayores limitaciones geográficas para implementar las conexiones necesarias. Por esto, aquí también se registra una mayor proporción de viviendas sin electricidad.  

A julio de 2024, el presupuesto asignado para proyectos de energía eléctrica en el país asciende a S/ 607 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De esta cifra, se han ejecutado S/ 283 millones, equivalentes al 48.5% del total. Para las zonas rurales, se destinó un presupuesto específico de S/ 542 millones, a fin de promover el acceso y uso de la electrificación. A la fecha, se han utilizado S/ 266 millones, lo que representa el 51.1% de lo asignado. 

En cuanto a la distribución del presupuesto entre los distintos niveles de gobierno, el Gobierno nacional tiene un presupuesto de S/ 277 millones y ejecutó un 64.7% del total; los Gobiernos locales disponen de S/ 145 millones y usaron un 37.4% del total; y los Gobiernos regionales cuentan con S/ 120 millones y ejecutaron un 36.1% del total. Los Gobiernos locales y regionales presentan los menores niveles de ejecución. A nivel departamental, los que muestran menor ejecución presupuestal son Áncash, con un 20.2%; Arequipa, con un 19.9%, y San Martín, con un 14.9%. 

La constante diferencia en el acceso a la electricidad entre zonas rurales y urbanas, así como entre departamentos, evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura eléctrica y ejecutar eficientemente los proyectos a nivel nacional.