Chancay, regulación y Estado de derecho: reglas claras para atraer inversión

La reciente sentencia vinculada a las competencias del Ositrán respecto del puerto de Chancay ha abierto un debate que trasciende lo estrictamente jurídico. No se trata solo de una discusión sobre tarifas o alcances regulatorios, sino de un tema mayor: de qué manera equilibramos, como país, la promoción decidida de la inversión privada con el respeto irrestricto del marco legal. 

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de suministro, América Latina vuelve a estar en el radar de las grandes economías. El Perú, por su ubicación estratégica y su red de acuerdos comerciales, tiene una oportunidad singular para consolidarse como un hub logístico y una plataforma exportadora. 

Debemos ser claros: el Perú es y seguirá siendo un país abierto a la inversión privada, nacional y extranjera. Nuestra Constitución y nuestro marco legal son promotores y protectores de la inversión. La diversidad de capitales —de EE. UU., Europa, Asia o la región— es una fortaleza que refleja confianza en nuestra economía. 

Pero apertura no es sinónimo de ausencia de reglas. Toda inversión, sin excepción, debe someterse plenamente al marco normativo peruano. Si no lo hace, corresponde que las autoridades competentes actúen con firmeza. Esa es la base de un Estado de derecho y la condición mínima para preservar la confianza de largo plazo. 

En el caso específico del régimen portuario, existe una divergencia jurídica que hoy sigue su curso institucional. Corresponde respetar lo que determinen las instancias competentes. Si finalmente se establece que el Ositrán puede regular determinadas tarifas bajo ciertos supuestos, deberá hacerlo conforme a ley. Lo importante es que las decisiones se adopten dentro del marco institucional. 

Este debate, además, ofrece una oportunidad para revisar si el marco legal vigente responde adecuadamente a la realidad actual del sector. Si existen vacíos regulatorios respecto de operadores privados de uso público o de la protección de usuarios intermedios, corresponde al legislador evaluarlos. Lo que no podemos hacer es improvisar ni sobrerregular por reacción coyuntural. 

Debe quedar absolutamente claro que en el Perú no existen inversiones “desreguladas”. Las empresas están sujetas a abundante regulación, sea en materia ambiental, laboral, tributaria, de competencia, de protección al consumidor o de seguridad. 

El desafío es mantener un equilibrio inteligente: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Un Estado que regule cuando corresponde, con criterios técnicos y previsibles; y un sector privado que invierta, compita y genere desarrollo bajo reglas claras. 

Si logramos sostener ese equilibrio, el mensaje hacia el mundo será potente: en el Perú se puede invertir, crecer y competir, con estabilidad jurídica y respeto institucional. Y eso, en el escenario global actual, es un activo estratégico que no podemos poner en riesgo.