Ante El Niño, sumemos todas las capacidades

El Perú enfrenta nuevamente una carrera contra el tiempo. El ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y estima una alta probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Ante este escenario, la prioridad debe ser clara: prevenir ahora y estar preparados para responder rápidamente si las lluvias afectan carreteras, puentes, ciudades y cadenas de abastecimiento. 

El Estado debe liderar este esfuerzo, pero una emergencia de esta magnitud requiere sumar todas las capacidades disponibles. El sector privado puede aportar recursos, capacidad de ejecución, infraestructura, logística, transporte y experiencia de gestión. Para aprovecharlos, sin embargo, no basta con pedir colaboración: hay que establecer desde ahora las reglas que permitan que esa colaboración ocurra con rapidez y seguridad. 

Un avance importante es el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que permite utilizar obras por impuestos para servicios e inversiones de emergencia vinculados con prevención, preparación, respuesta y rehabilitación; asimismo, simplifica procedimientos y plazos. Es una buena señal: frente a una emergencia extraordinaria necesitamos mecanismos extraordinariamente ágiles. 

Pero debemos ir más allá. 

Uno de los principales riesgos ante lluvias intensas es la interrupción de las carreteras y, con ello, del abastecimiento de las ciudades. Si una vía terrestre queda bloqueada, el Perú debería poder recurrir inmediatamente al mar como una gran carretera alternativa. Con ese fin, necesitamos asegurar la disponibilidad de embarcaciones para transportar contenedores a lo largo de nuestra costa y habilitar temporalmente, cuando sea necesario, embarcaciones pesqueras y muelles para trasladar alimentos, agua, medicinas, equipos y otros bienes esenciales. 

También debemos facilitar realmente el cabotaje marítimo. Permitir que embarcaciones extranjeras transporten carga entre puertos peruanos es un avance, pero resulta insuficiente si el tratamiento tributario encarece significativamente estas operaciones. Se requiere, de una vez por todas, establecer un régimen tributario que promueva la actividad, elimine estos sobrecostos y permita aprovechar toda la capacidad naviera disponible. 

Lo mismo ocurre con los contenedores. Si son necesarios para movilizar ayuda o bienes esenciales dentro del país, debemos evitar que su utilización temporal genere costos tributarios adicionales que terminen desincentivando su disponibilidad. En una emergencia, la regulación debe facilitar la logística, no complicarla. 

Además, transportar alimentos y medicinas por vía marítima puede ser más costoso que hacerlo normalmente por carretera. Si las vías terrestres quedan interrumpidas, ese mayor costo no debería traducirse automáticamente en menor abastecimiento o mayores precios para las familias. Una alternativa sería precalificar desde ahora a distribuidores de productos esenciales y establecer, exclusivamente durante la emergencia, un mecanismo transparente que permita compensar el sobrecosto del transporte marítimo cuando este sea necesario para reemplazar rutas terrestres afectadas. 

El transporte aéreo también debe formar parte de esta estrategia. Tenemos que estar preparados para establecer rápidamente puentes aéreos hacia las zonas que queden aisladas. En ese sentido, se deberían autorizar temporalmente modalidades especiales para el transporte exclusivo de carga y ayuda humanitaria, ampliar los horarios de operación de aeropuertos y aeródromos cuando sea necesario, así como asegurar que cuenten con combustible, personal, maquinaria y equipos suficientes para recibir aeronaves, descargar, almacenar y despachar rápidamente la ayuda. 

La experiencia nos enseña, además, que la voluntad de colaborar puede verse frenada por el temor a las consecuencias posteriores. Necesitamos un marco legal que dé seguridad jurídica a las empresas que actúen de buena fe durante una emergencia, con reglas claras sobre sus responsabilidades. Una empresa que pone a disposición maquinaria, infraestructura, embarcaciones, almacenes o capacidad logística para atender una crisis no debería enfrentar, años después, incertidumbre por haber ayudado al Estado. 

Finalmente, ninguna de estas medidas funcionará si las decisiones siguen demorando meses. Los expedientes técnicos y las autorizaciones vinculadas con intervenciones de prevención y emergencia deben contar con procedimientos realmente expeditivos, con responsables y plazos claramente definidos. 

Prepararnos para El Niño no significa únicamente construir defensas ribereñas o limpiar quebradas. Significa también anticipar cómo mantendremos abastecidas a las ciudades, cómo llegaremos a poblaciones aisladas y cómo movilizaremos rápidamente alimentos, medicinas, maquinaria y ayuda cuando las vías habituales dejen de funcionar. 

El sector privado está organizado y dispuesto a colaborar. Tiene barcos, aviones, camiones, maquinaria, almacenes, infraestructura, redes de distribución, recursos y capacidad de gestión que pueden ponerse al servicio del país. Lo que necesitamos ahora es que el Estado establezca las reglas para que todas esas capacidades puedan movilizarse rápidamente cuando sea necesario. 

El Niño no espera procedimientos. Cada día que ganemos hoy en prevención puede significar vidas protegidas y pérdidas evitadas mañana. El Gobierno debe liderar la respuesta, pero el país necesita sumar todas sus capacidades. Facilitemos desde ahora que el sector privado pueda hacer su parte.