Agenda pendiente en innovación y tecnología

En la antesala de las elecciones del 12 de abril, el país se encuentra ante un momento decisivo para definir el rumbo de su desarrollo. La persona elegida deberá priorizar políticas públicas que respondan a los desafíos estructurales y permitan construir una economía más dinámica y preparada para el futuro. Por ello, la transformación digital es un componente importante en ese cometido. 

Su importancia trasciende lo económico, pues impacta directamente en la productividad, la calidad de los servicios públicos y la capacidad del Estado para responder a los desafíos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha establecido recomendaciones en ejes como acceso a infraestructuras de comunicaciones, el uso efectivo de tecnologías digitales y datos, entre otros[1]. Sin embargo, pese a su relevancia, continúa siendo un ámbito donde las políticas públicas han avanzado de manera fragmentada y sin una visión de largo plazo. 

Sin tomar acciones oportunas, el Perú podría quedar rezagado frente a otros países de la región que ya vienen impulsando el desarrollo de la transformación digital y la promoción de ecosistemas de innovación y comercio.[2] 

Por ello, el proceso electoral representa una oportunidad clave para plantear y discutir medidas específicas que permitan cerrar brechas, incentivar la inversión y consolidar un entorno propicio para la generación de conocimiento y valor. 

ComexPerú encargó a Apoyo Consultoría la elaboración de la Agenda Digital 2021-2026, donde se advierte que aún se encuentra pendiente la implementación de políticas para fomentar la gobernanza de la transformación digital, la cobertura y el acceso, la apropiación digital, y el fortalecimiento del Gobierno y la economía digital. 

Con relación a la gobernanza de la transformación digital, una de las principales propuestas consiste en otorgar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) una mayor relevancia institucional y autonomía frente a su actual dependencia funcional de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ello con el fin de fortalecer su capacidad para ejercer la rectoría del proceso de transformación digital a nivel nacional, articular a las distintas entidades públicas y garantizar la continuidad de las propuestas del sector más allá de los ciclos políticos. 

En cuanto a la cobertura y el acceso, las medidas que deben implementarse para desarrollar el sector están orientadas a actualizar el Plan Nacional de Banda Ancha, mediante el trabajo colaborativo de mesas ejecutivas, a fin de contar con un diagnóstico integral sobre el estado de la conectividad, tanto alámbrica como inalámbrica, en el país. De igual forma, debería implementarse un mecanismo de fast track para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, a través de una ventanilla única y la aplicación de una metodología de análisis de impacto regulatorio que permita revisar de manera priorizada aquellas regulaciones que inciden directamente en el despliegue de infraestructura, en coordinación con el sector privado. 

En el ámbito de la apropiación digital, se propone la suscripción de convenios de cooperación entre el MTPE y el sector privado, con el objetivo de identificar las necesidades digitales y no digitales de la fuerza laboral, diseñar programas de capacitación enfocados en habilidades para el empleo y ampliar el alcance de su difusión hacia los ciudadanos. De este modo, se busca no solo cerrar brechas de acceso, sino también asegurar el uso efectivo de las herramientas digitales en beneficio de la empleabilidad y la productividad. 

En cuanto al Gobierno digital, resulta pertinente implementar instrumentos de compras públicas de servicios tecnológicos —como servicios en la nube— que respeten el principio de neutralidad tecnológica y permitan procesos de contratación más ágiles y eficientes. Finalmente, en relación con la economía digital, es necesario diseñar y publicar lineamientos generales para la implementación de sandboxes regulatorios, con la finalidad de facultar a las autoridades de los distintos sectores a crear espacios controlados donde se puedan probar nuevos modelos de negocio, lo que promoverá la innovación sin descuidar la supervisión regulatoria. 

En este contexto, el próximo Gobierno tiene la responsabilidad de colocar la innovación y la tecnología en el centro de su agenda como un motor del desarrollo. Se requiere avanzar en una gobernanza sólida, mejorar la conectividad, promover la apropiación digital y modernizar el Estado. Sin una apuesta decidida en estos frentes, el país no solo perderá competitividad, sino también oportunidades clave para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

[1] The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026. (marzo de 2026). OECD Digital Economy Papers, N.° 381.

[2] The 2023 Latin American E-Commerce Blueprint. (2023). Payments & Commerce Market Intelligence.