Vivienda social: la predictibilidad también es una responsabilidad del Estado

El acceso a una vivienda digna y formal continúa siendo uno de los grandes desafíos del Perú. Miles de familias enfrentan barreras económicas que limitan sus posibilidades de adquirir una vivienda y las empujan hacia soluciones informales, muchas veces ubicadas en zonas de riesgo y sin acceso adecuado a servicios básicos. Frente a esta realidad, programas como Techo Propio cumplen un papel importante para facilitar el acceso a vivienda formal de los hogares de menores ingresos, mediante subsidios focalizados y la participación del sector privado. 

Sin embargo, la sostenibilidad de estos mecanismos exige algo fundamental: una adecuada planificación presupuestal y reglas claras que generen confianza tanto en los beneficiarios como en quienes invierten en el desarrollo de viviendas. 

Hoy, el agotamiento de los recursos destinados al Bono Familiar Habitacional (BFH) pone en evidencia posibles deficiencias en la programación y ejecución presupuestal del programa. Según estimaciones del sector, alrededor de 6,500 familias podrían ver postergada la entrega de sus viviendas durante el último trimestre de 2026 debido a la insuficiencia de recursos para financiar los subsidios correspondientes. 

Esta situación no debe analizarse únicamente como un problema del sector inmobiliario. Cuando los mecanismos públicos de acceso a vivienda pierden predictibilidad, las consecuencias trascienden a las empresas constructoras. Se perjudica a las familias que planificaron la adquisición de sus hogares, se afectan las decisiones de inversión, se compromete la generación de empleo formal y se debilita la confianza en las políticas públicas. 

A ello se suma una preocupación adicional. El proyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción del 54.2% en los recursos destinados al BFH, que pasarían de S/ 1,013 millones en 2026 a aproximadamente S/ 464 millones. Una disminución de esta magnitud exige conocer los criterios técnicos que sustentan esta decisión, así como sus implicancias en la cobertura del programa y la atención de la demanda de vivienda social. 

Ello no significa que la respuesta sea necesariamente incrementar el presupuesto. En un contexto de restricciones fiscales, cualquier asignación adicional de recursos públicos debe sustentarse en criterios de eficiencia, adecuada focalización y resultados verificables. El objetivo no puede ser simplemente gastar más, sino asegurar que cada sol destinado a vivienda social genere el mayor beneficio posible para las familias que realmente lo necesitan. 

En ese sentido, corresponde tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento evaluar oportunamente la disponibilidad de recursos, transparentar los compromisos pendientes y establecer mecanismos que permitan evitar interrupciones imprevistas en la ejecución de los subsidios. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la planificación multianual, mejorar los mecanismos de seguimiento y asegurar que las decisiones presupuestales respondan a una evaluación rigurosa de la demanda y los resultados del programa. 

La participación privada es fundamental para ampliar la oferta de vivienda formal, pero necesita reglas claras y compromisos públicos previsibles. Sin estas condiciones, se desincentivan nuevas inversiones y se reducen las oportunidades de acceso a vivienda para las familias más vulnerables.