Solo el 5% de bienes públicos están asegurados ante desastres naturales

Los recientes sismos registrados en Junín vuelven a evidenciar la vulnerabilidad de la infraestructura pública frente a los desastres naturales. A ello se suma que especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) advierten que Lima y el Callao acumulan cerca de 280 años de silencio sísmico, mientras el país permanece expuesto a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿qué tan preparado se encuentra el Estado para proteger el patrimonio público frente al próximo gran desastre? 

La relevancia de este tema se entiende mejor al considerar el impacto que los desastres naturales generan sobre la infraestructura pública en el Perú. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre 2015 y 2024, estos eventos destruyeron 348 establecimientos de salud, 2,966 puentes y 8,660 kilómetros de carreteras; además, dejaron afectados 3,958 establecimientos de salud, 6,019 puentes y más de 32,000 kilómetros de carreteras. Frente a este escenario, proteger financieramente el patrimonio público cobra especial importancia, pues permite reducir el impacto fiscal de los desastres y acelerar la recuperación de los servicios públicos. 

En este contexto, el aseguramiento constituye uno de los principales mecanismos de protección financiera del patrimonio público. Si bien no evita que ocurran los desastres, permite reducir su impacto fiscal y acelerar la reposición de los bienes afectados. Para ello, resulta indispensable contar con información confiable sobre qué bienes posee el Estado, cuál es su valor y cuáles cuentan con cobertura. 

Para los bienes muebles[1], el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que, tras el primer registro del aseguramiento de bienes muebles patrimoniales, cuyo plazo venció en febrero de 2026, solo 88 de las 2,784 entidades públicas registradas cuentan con bienes muebles asegurados, mientras que los 2,696 restantes no registran ningún seguro para este tipo de activos. En otras palabras, el 96.8% de las entidades públicas carece de protección financiera para bienes esenciales que permiten mantener operativos los servicios del Estado durante una emergencia. 

Las brechas son aún más pronunciadas entre los Gobiernos subnacionales. De las 1,796 entidades del Gobierno local evaluadas, únicamente ocho registran bienes muebles asegurados. En los Gobiernos regionales, apenas 7 de 542 entidades cuentan con cobertura, mientras que el Gobierno nacional concentra 73 de las 88 entidades aseguradas. La desigual distribución del aseguramiento también se observa al analizar el patrimonio protegido. De los 1.4 millones de bienes muebles asegurados que se registraron, el 96.9% corresponde al Gobierno nacional. En términos de valorización, este nivel de gobierno concentra, además, el 91.5% de los S/ 14,892 millones asegurados. 

Estas cifras muestran que el aseguramiento patrimonial no solo es reducido, sino también altamente concentrado. Los Gobiernos regionales y locales registran la menor cobertura, pese a que constituyen la primera línea de respuesta frente a terremotos, inundaciones y otras emergencias al interior del país, pues administran maquinaria, vehículos, equipos y otros bienes indispensables para restablecer los servicios públicos. Como resultado, una parte importante de los activos necesarios para atender una catástrofe podría no contar con protección financiera y depender de nuevos recursos públicos para su reposición, lo que retrasaría la recuperación de los servicios e incrementaría la presión sobre las finanzas del Estado. 

A la elevada concentración del aseguramiento se suma su limitada cobertura territorial. Nueve departamentos no registran bienes muebles asegurados, según la información disponible del MEF y, con excepción de Lima, donde el 15.6% de los bienes registrados cuenta con cobertura, en el resto del país el aseguramiento no supera el 3%. Estos resultados evidencian que la protección financiera del patrimonio público presenta importantes disparidades territoriales. 

En el caso de los bienes inmuebles, el principal desafío trasciende el nivel de aseguramiento y pasa por la calidad de la información disponible para gestionarlo. Si bien el MEF presentó este año una estimación sobre el aseguramiento del patrimonio inmobiliario estatal, esta se elaboró a partir de un levantamiento específico realizado entre 160 entidades públicas y no de un registro nacional consolidado. El propio informe advierte que se trata de un universo acotado, por lo que sus resultados no representan la totalidad de los inmuebles del Estado. En consecuencia, el país aún no dispone de una fuente única y permanente que permita conocer qué infraestructura pública está asegurada y cuál permanece expuesta. 

A ello se suma que el MEF reconoce que no existe una herramienta de uso masivo para registrar bienes inmuebles y que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) presenta limitaciones, como la ausencia del valor comercial de estos activos. Estas deficiencias dificultan consolidar información homogénea sobre el patrimonio público y estimar adecuadamente la exposición patrimonial del Estado. Sin información completa sobre los bienes que posee, su valorización y nivel de aseguramiento, resulta difícil priorizar la protección de infraestructura estratégica y diseñar una política de protección financiera basada en evidencia. 

Frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer el sistema de información patrimonial del Estado. Ello supone consolidar e integrar la información existente sobre bienes muebles e inmuebles, superar las limitaciones del SIGA e incorporar variables esenciales, como la valorización de los inmuebles y su nivel de aseguramiento. Contar con información interoperable, homogénea y permanentemente actualizada permitiría identificar con mayor precisión las brechas de protección financiera, estimar la verdadera exposición patrimonial del Estado y orientar una política de aseguramiento basada en evidencia. En ese sentido, fortalecer la gestión de la información patrimonial deja de ser una mejora administrativa para convertirse en una condición indispensable para mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante futuros desastres.

[1] Según la Directiva N.° 001-2024-EF/54.01, el patrimonio público comprende dos grandes grupos de activos: bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles corresponden a activos como vehículos, ambulancias, maquinaria, computadoras, equipos médicos y mobiliario; mientras que los bienes inmuebles incluyen hospitales, colegios, comisarías, edificios administrativos, terrenos y demás infraestructura pública.