Problemáticas que deben priorizar las nuevas gestiones subnacionales

En enero de 2027 se iniciarán las nuevas gestiones subnacionales. Las flamantes autoridades deberían, entre otras cosas, priorizar una buena gobernanza regulatoria: fiscalizar adecuadamente, respetar los contratos y aprobar normas sustentadas son responsabilidades que influyen directamente en la inversión, el empleo y la vida cotidiana. 

La jornada electoral del pasado 4 de octubre marca el inicio de una nueva etapa para las gestiones regionales y municipales del periodo 2027-2030. Además de priorizar el cumplimiento de las demandas de seguridad, infraestructura y servicios públicos, las próximas autoridades deberían atender una tarea menos visible, pero decisiva: la gobernanza regulatoria. Es decir, mejorar las actuaciones internas para cumplir con las normas, lo que impacta en la relación del Estado con quienes desarrollan actividades económicas. Las decisiones de una entidad estatal sobre un negocio, una concesión o un trámite pueden facilitar el desarrollo o convertirse en un obstáculo. 

Un primer desafío sería asegurar el cumplimiento de la Ley N.º 31914, que regula la clausura de establecimientos. Las municipalidades deben proteger la seguridad y la salud de las personas respetando las reglas que esta norma establece. Para un pequeño negocio, un cierre indebido significa perder ingresos y afrontar dificultades para pagar a sus trabajadores y proveedores. 

La ley establece cuándo puede cerrarse un local y cuándo corresponde su reapertura. Si el negocio subsana las observaciones y lo comunica formalmente, la municipalidad tiene 48 horas para verificarlo. Si no notifica observaciones debidamente motivadas dentro de ese plazo, la clausura queda sin efecto automáticamente. Además, la reapertura no puede condicionarse al pago de multas. 

Sin embargo, estas reglas no siempre se cumplen. El Indecopi declaró ilegal exigir un acta adicional para que operara el levantamiento automático de una clausura temporal^[1]. Esta exigencia añadía una traba para reabrir el negocio, pese a que la ley ya establecía las condiciones para hacerlo. Este tipo de prácticas puede prolongar los cierres y trasladar al empresario los costos de las demoras municipales. 

Las próximas autoridades deberían adecuar sus procedimientos de inspección, capacitar a sus funcionarios y supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos. Aplicar correctamente esta ley permite atender los riesgos que justifican una clausura y asegurar que los negocios puedan retomar sus actividades cuando corresponda. 

Un segundo frente sería la gestión de los contratos de concesión o de obras públicas. Defender el interés público exige que se supervisen las obligaciones de ambas partes, se documenten los incumplimientos y se evalúen las alternativas disponibles antes de optar por resolver o buscar la nulidad de los contratos. 

Incluso antes de disponer una medida como las antes descritas, el funcionario debe identificar la causal aplicable a la resolución o nulidad del contrato, sustentar los hechos alegados y respetar los procedimientos correspondientes. Una actuación sin fundamento puede comprometer recursos públicos y afectar la continuidad de servicios y proyectos. 

Casos recientes, como el de Rutas de Lima, muestran que la terminación de contratos y el incumplimiento de obligaciones asumidas por las entidades públicas pueden derivar en procesos arbitrales y judiciales. Estos generan costos de defensa y pueden dar lugar a indemnizaciones que deben pagarse con recursos públicos. Esta problemática se extiende a la ejecución de obras, la prestación de servicios y la confianza para desarrollar nuevas inversiones. 

Un tercer frente sería la calidad de las normas que emiten los Gobiernos subnacionales. Una ordenanza puede introducir requisitos incompatibles con la legislación nacional o restricciones cuyos costos no se han evaluado. Cuando se omiten el diagnóstico del problema, la consulta a los afectados y la comparación de alternativas aumenta el riesgo de aprobar medidas que dificulten la actividad económica y generen nuevas controversias. 

En junio, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó lineamientos para mejorar la calidad regulatoria regional y local. La resolución prevé que, desde el 1 de julio de 2027, comience la aplicación obligatoria y progresiva de instrumentos en las entidades priorizadas. Las nuevas gestiones deberán preparar equipos, recursos y objetivos de mejora regulatoria. Este proceso debe acompañarse de revisión de ordenanzas, simplificación de trámites y participación de ciudadanos y empresas. 

Estos son algunos temas de agenda que deberían ser prioridades de las próximas autoridades. Fiscalizar con criterios claros, gestionar responsablemente los contratos y evaluar las regulaciones permite proteger a la población y generar confianza para invertir. La expectativa tras las elecciones es concreta: que abrir un negocio, prestar un servicio o ejecutar un proyecto encuentre un Gobierno capaz de actuar con legalidad, previsibilidad y responsabilidad.

[1] Res 0286-2026/SEL-INDECOPI