Mientras el Gobierno destaca cifras récord en inversión pública, el mecanismo de obras por impuestos reaparece como una herramienta clave para cerrar brechas. Pero ¿está llegando a donde más se necesita?

En su último mensaje a la nación, la presidenta Boluarte destacó el dinamismo de la inversión pública y el papel del sector privado en el impulso de obras con impacto social. Uno de los mecanismos más relevantes en esa agenda es el de obras por impuestos (OxI). Según ProInversión, en 2024, alcanzó compromisos por más de S/ 4,200 millones y proyecta cerrar 2025 con un récord de S/ 10,000 millones. Sin embargo, este crecimiento abre una pregunta relevante: ¿los recursos están siendo canalizados hacia las zonas con mayores necesidades o solo hacia aquellas con condiciones más favorables para ejecutar proyectos?

En muchos casos, la concentración geográfica no obedece a una falla del mecanismo, sino a la ausencia de empresas privadas interesadas o con presencia en determinados territorios, lo que limita su uso. Esto plantea el reto de cómo potenciar el alcance del esquema sin distorsionar su lógica de participación voluntaria.

El mecanismo de obras por impuestos ha cobrado un nuevo impulso en 2025. Según ProInversión, solo entre enero y mayo se adjudicaron más de S/ 1,106 millones en proyectos, más del doble respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 435 millones).

Según ProInversión, los Gobiernos regionales, locales y universidades públicas cuentan con más de S/ 46,000 millones disponibles para ejecutar proyectos mediante obras por impuestos, a través de un instrumento llamado Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Este permite que el Estado reconozca a las empresas privadas el valor de las obras que financian, descontándolas del impuesto a la renta que deben pagar. Los sectores más dinámicos han sido salud, transporte y educación, que concentran más del 65% del monto adjudicado. Departamentos como La Libertad destacan por su cartera activa de 57 proyectos previstos este año, mientras que instituciones como la Marina de Guerra también vienen utilizando el mecanismo. Según la Alianza para Obras por Impuestos (ALOXI), más de 100 empresas han participado en proyectos OxI desde su creación, lo cual consolida al esquema como una vía efectiva de participación privada con impacto público.

El reciente impulso del mecanismo viene acompañado de un nuevo enfoque normativo. El Proyecto de Ley 03114/2022-CR, actualmente en debate en el Congreso, busca ampliar el alcance de las obras por impuestos hacia proyectos de infraestructura en comunidades rurales, nativas y campesinas. El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que, de aprobarse, se actualizará nuevamente el reglamento operativo para reforzar su orientación social. Cabe recordar que, en 2022, ya se aprobó una reforma normativa mediante el Decreto Supremo N.º 210-2022-EF, y que, en febrero de 2024, se publicaron 38 documentos estandarizados para facilitar la implementación del mecanismo en todos los niveles de gobierno. Según ALOXI, estas actualizaciones regulatorias son fundamentales para ampliar el uso de OxI en más regiones, siempre que estén acompañadas de asistencia técnica efectiva y criterios de priorización claros y transparentes.

Más allá del crecimiento en montos adjudicados, uno de los principales desafíos del mecanismo de obras por impuestos es su capacidad para llegar a donde más se necesita. No se trata de repartir recursos de forma equitativa entre departamentos, sino de focalizar inteligentemente en función de brechas estructurales: acceso a agua potable, conectividad vial, infraestructura educativa o servicios de salud. Sin embargo, la evidencia muestra que los proyectos suelen concentrarse en zonas con mayor capacidad técnica para estructurar iniciativas o donde existe mayor presencia de empresas dispuestas a participar.

Si bien mecanismos como los CIPRL y la plataforma de ProInversión buscan ordenar la oferta y la demanda, aún queda espacio para fortalecer una hoja de ruta nacional que vincule de forma más directa las adjudicaciones con indicadores sociales y territoriales. Una mayor alineación entre el uso del mecanismo y las principales brechas de infraestructura permitiría potenciar su rol como herramienta de desarrollo equitativo.

Las obras por impuestos han demostrado ser una de las formas más efectivas de alianza público-privada para ejecutar infraestructura de impacto social. A diferencia de las obras tradicionales financiadas con presupuesto público, los proyectos OxI suelen ejecutarse con mayor eficiencia en plazos y costos. Según ProInversión, el 74 % de las obras por impuestos se concluye dentro o incluso antes del plazo establecido, frente al 63 % en el modelo público tradicional. Esta mayor puntualidad se explica por menores tiempos de contratación y una mejor gestión de riesgos.

El modelo también promueve una supervisión más estricta por parte de las empresas privadas, incentivadas a garantizar la calidad del proyecto. Como señaló la presidenta en su mensaje, el país necesita confianza, descentralización y participación del sector privado. OxI representa justamente ese punto de encuentro: una política que permite acelerar la ejecución de infraestructura prioritaria, y con actores privados comprometidos con el desarrollo del territorio donde operan.

El crecimiento de las obras por impuestos en volumen y participación es una buena noticia, pero no puede ser el único indicador de éxito. La aprobación del nuevo marco normativo y la actualización del reglamento ofrecen una oportunidad clave para redefinir la orientación del mecanismo hacia aspectos como calidad, impacto y equidad territorial. Con criterios de priorización claros, acompañamiento técnico y transparencia, OxI puede consolidarse como una de las políticas públicas más efectivas del país. El desafío ahora no es solo adjudicar más, sino asegurar que cada sol invertido transforme vidas donde más se necesita.