La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró carente de razonabilidad la prohibición de venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en supermercados ubicados en la Zona de Reglamentación Especial-Entorno Histórico Monumental, impuesta por la Municipalidad Provincial de Trujillo. La denuncia fue presentada por ComexPerú. 

La Ordenanza Municipal 049-2021-MPT prohibía que supermercados vendan al por menor de alimentos, bebidas y tabaco sin justificación, lo que limitaba el acceso al mercado y afectaba el funcionamiento de los negocios que ya realizaban esas actividades. 

Tras evaluarla, el Indecopi concluyó que la Municipalidad no señaló las razones que dieron origen a la referida prohibición, la cual generaba un trato desigual entre quienes operaban en el entorno histórico monumental (ya que comercios de menor tamaño, como bodegas, no tenían tal prohibición). En consecuencia, se declaró la inaplicación de la ordenanza municipal. 

Las barreras burocráticas terminan siendo perjudiciales, pues son disposiciones, requisitos o restricciones impuestas por entidades públicas que dificultan o encarecen el acceso al mercado, lo que afecta directamente a ciudadanos y empresas. Estas pueden traducirse en costos monetarios, materiales y humanos, como el pago de tasas administrativas, la exigencia de documentos innecesarios o la imposición de plazos mayores a los que permite la ley. También pueden generar impactos indirectos, como prohibiciones injustificadas que paralizan actividades económicas, entorpecen la inversión privada y desalientan la formalización empresarial. 

Si bien las municipalidades cuentan con competencias normativas para regular aspectos vinculados a su ámbito territorial y funcional, en diversos casos, el ejercicio de dichas facultades ha derivado en la emisión de disposiciones que constituyen barreras burocráticas carentes de justificación técnica o legal. Estas medidas no solo exceden los límites de sus atribuciones, sino que afectan negativamente el entorno económico, al restringir el funcionamiento del mercado. 

Proyectos normativos que contendrían barreras burocráticas

La eliminación de barreras burocráticas constituye un mecanismo que asegura que las regulaciones impuestas por las entidades sean eficientes, estén debidamente justificadas y se encuentren sustentadas en el principio de legalidad. Por parte de ComexPerú, se han identificado dos iniciativas que, de publicarse, podrían ser objeto de denuncia por constituir barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Estos son el Proyecto de Reglamento de la Ley 32251 y el proyecto de Resolución contenido en la Resolución Ministerial 419-2025/MINSA. 

Tal como se comentó en el Semanario 1266, se publicó el proyecto de reglamento de la Ley 32251, el cual norma el uso de símbolos patrios. Dichas disposiciones contempladas en el proyecto calificarían como una barrera burocrática carente de razonabilidad, debido a que no considerarían los impactos y costos que generarían tanto sobre el patrimonio público como sobre las empresas privadas. Las limitaciones propuestas incidirían en el mercado sin que se advierta una justificación técnica o una evaluación de proporcionalidad que sustente razonablemente su implementación. 

Por otro lado, el proyecto de resolución contenido en la Resolución Ministerial 419-2025/MINSA sugiere implementar prohibiciones de venta de diversos artículos en farmacias y boticas (como ropa y calzado, a excepción del uso neonatal). Esta iniciativa no cuenta con una debida justificación técnica, además que contravendría lo dispuesto en la Ley 29459, la cual no establece un régimen de autorizaciones para definir qué productos pueden ser vendidos en farmacias y boticas. Por el contrario, la ley parte de un enfoque que permite la comercialización general y que únicamente establece restricciones cuando existan razones debidamente justificadas, que impidan la venta de determinados productos en dichos establecimientos. 

En conclusión, eliminar barreras burocráticas es fundamental para la protección de los agentes económicos frente a actos administrativos que, de manera ilegal o irracional, imponen restricciones que afectan su participación en el mercado. Este sistema permite denunciar aquellas medidas que, sin base legal o sin una justificación adecuada, limitan el ejercicio de derechos como la libertad de empresa o el acceso a determinados canales de comercialización.