La minería es, sin duda, una de las principales actividades económicas del Perú, clave tanto por ingresos fiscales como por su capacidad para impulsar el desarrollo en zonas rurales aisladas. Es, de lejos, la principal actividad exportadora. Como bien ejemplifica Elmer Cuba, de Macroconsult, concentra el 63% de las exportaciones, el 40% del impuesto a la renta empresarial y cerca del 16% del PBI. Once grandes proyectos podrían estar en operación hacia 2028, con una inversión de alrededor de US$ 8,000 millones. Eso significaría recursos decisivos para mejorar infraestructura, salud, educación y conectividad allí donde más se necesita. 

Al ser uno de los principales motores de la economía del Perú, es urgente que el Estado promueva y facilite la inversión en el sector, a la par de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal, y combatir con firmeza la minería ilegal y todas las economías ilegales conexas. 

Hace unos días, el ministro Montero informó que apenas el 4% de los poco más de 50,000 mineros excluidos del Reinfo presentaron recursos de reconsideración, lo que evidencia el agotamiento del modelo de formalización que se venía dando. 

Por ello, cobra relevancia escoger bien a quien presida la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que tendrá la responsabilidad de sacar adelante un marco legal de la pequeña minería y la minería artesanal que no constituya un mecanismo encubierto para la ilegalidad. Habrá que estar muy atentos a eso. 

Mientras tanto, la minería ilegal avanza a pasos acelerados y pone en riesgo no solo el sector formal, sino la propia institucionalidad del Estado. El Instituto Peruano de Economía estima que, en 2025, las exportaciones de oro ilegal ascenderían a US$ 12,000 millones, con lo que desplazarían por primera vez a la producción formal, no solo en valor exportado, sino también en volumen. 

A ello se suma una expansión preocupante: se registran, en promedio, 82 nuevas plantas procesadoras y 58 comercializadoras ilegales por mes, especialmente en departamentos como Puno y Arequipa. Esto es un indicador claro de que el Estado pierde capacidad de control territorial. 

Asimismo, esta realidad tiene consecuencias humanas graves: en Pataz, La Libertad, las incursiones de bandas vinculadas a minería ilegal dejaron múltiples asesinatos, atentados, secuestros y destrucción de infraestructura pública, lo cual generó una crisis de seguridad que en abril y mayo de 2025 se elevó a nivel de estado de emergencia. 

Urge una estrategia integral. Avanzar en la formalización efectiva de la pequeña minería y la minería artesanal mediante mecanismos claros, accesibles y con acompañamiento técnico. Es necesario que el Estado recupere credibilidad y proximidad en los territorios. Además, se debe fortalecer la trazabilidad del oro, combatir la corrupción institucional, reforzar capacidades de justicia y seguridad, articular esfuerzos interinstitucionales e internacionales para recuperar soberanía en zonas afectadas, y mejorar los niveles de ejecución de los recursos públicos, sobre todo a nivel local. 

Esos territorios rurales, donde abunda la minería, son el lugar donde el Estado históricamente ha brillado por su ausencia. Allí, los pobladores deben ser los defensores de la minería formal, porque es la fuente legítima que permitirá financiar mejoras educativas, sanitarias y de conectividad. Son ellos quienes no deben permitir que otros terceros interesados —mafias, impulsoras de minería ilegal— obstaculicen el desarrollo sostenible. 

La minería puede y debe contribuir al progreso del Perú, siempre que se ejerza dentro del marco formal, responsable y en defensa del interés nacional. Este es el momento de consolidar la formalización, erradicar la ilegalidad y preservar la minería como motor de desarrollo para todo el país.