Obras por impuestos: los impuestos sí se pagan

Hace unos días, las empresas Coca-Cola y Arca Continental Lindley anunciaron una inversión de US$ 1,000 millones, durante los próximos cinco años, para fortalecer sus operaciones y capacidades de distribución en el país. Asimismo, concretaron, mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI), un proyecto que permitirá llevar agua potable y alcantarillado a miles de familias de Pucusana. 

La noticia debería ser motivo de celebración. Si las empresas invierten en el país, esto genera desarrollo económico y puestos de trabajo. Pero, aparte, estas empresas ponen su capacidad de gestión al servicio de una necesidad pública urgente y contribuyen a cerrar una brecha que el Estado no ha podido atender durante décadas. Sin embargo, como suele ocurrir cuando el sector privado participa en la provisión de infraestructura pública, han aparecido voces que sostienen que las empresas que ejecutan OxI estarían siendo “exoneradas” del pago de impuestos, lo cual no solo es falso, sino que evidencia una ignorancia absoluta. 

Las OxI no constituyen una exoneración tributaria ni un beneficio que permita a una empresa dejar de pagar los impuestos que le corresponden. El mecanismo permite que una empresa adelante recursos para financiar y ejecutar un proyecto de inversión pública priorizado por una entidad del Estado. Una vez cumplidos los requisitos establecidos, recibe certificados que puede aplicar contra el pago de su impuesto a la renta. 

En otras palabras, el impuesto se paga. La diferencia es que una parte de esos recursos, en lugar de seguir el circuito tradicional de recaudación y posterior ejecución presupuestal, se transforma directamente en infraestructura y servicios públicos para los ciudadanos. Y ahí está precisamente el valor del mecanismo. 

En el Perú, el problema no es solamente cuánto dinero tiene el Estado, sino qué tan bien y rápido lo utiliza. Durante años hemos visto presupuestos que aumentan mientras permanecen enormes brechas en agua y saneamiento, salud, educación, seguridad y transporte. Más presupuesto no necesariamente significa mejores servicios para los ciudadanos. 

Las OxI permiten incorporar capacidad de gestión privada para ejecutar proyectos públicos con mayor eficiencia. No reemplazan al Estado; por el contrario, requieren de él. Es la entidad pública la que prioriza los proyectos, participa en el proceso y, finalmente, recibe la infraestructura para ponerla al servicio de la población. Lo que hace el sector privado es aportar financiamiento, experiencia, capacidad de gestión y ejecución. 

¿Dónde está entonces la supuesta exoneración? No existe. Lo que existe es una empresa que cumple con una obligación tributaria mediante un mecanismo creado por ley y, al mismo tiempo, contribuye a que esos recursos se conviertan más rápidamente en una obra que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde ComexPerú hemos insistido en la necesidad de aprovechar mucho más este mecanismo. Las OxI permiten utilizar las capacidades del sector privado en términos de rapidez y eficiencia, generan empleo y, sobre todo, ayudan a enfrentar brechas que, al ritmo tradicional de ejecución pública, podrían tomar décadas en cerrarse. 

Necesitamos superar esa falsa dicotomía según la cual todo aquello que involucre al sector privado implica necesariamente una renuncia del Estado. El desarrollo requiere exactamente lo contrario: un Estado que cumpla adecuadamente sus funciones y sepa aprovechar las capacidades del sector privado para generar mejores resultados en favor de los ciudadanos. 

De eso se trata una verdadera colaboración público-privada: de sumar capacidades para mejorar la calidad de vida de la población.