No aprendemos del pasado

El reciente anuncio del Gobierno Regional del Cusco sobre su intención de no renovar la concesión de un hotel en Machu Picchu y asumir su administración directamente sería inconstitucional, y ha generado una ola de preocupación en diversos sectores. 

Esta decisión no solo restringe la inversión privada que contribuye al desarrollo económico y al incremento del turismo en la región, también contraviene el principio constitucional del rol subsidiario del Estado en la economía. 

El hotel, ubicado en un lugar privilegiado a las puertas de la ciudadela inca, ha sido un actor clave en la oferta turística de alta gama en el Perú. Gracias a la inversión privada, ha logrado mantener estándares internacionales de calidad, generar empleo, atraer a turistas de alto poder adquisitivo y promover la marca Perú como destino de lujo. El impacto positivo en la economía local es innegable, con beneficios que van desde el impulso a proveedores locales hasta el incremento en la recaudación fiscal. 

La intención del Gobierno Regional de Cusco de administrar el hotel directamente no solo despierta dudas sobre su viabilidad operativa, sino que sería inconstitucional. La Constitución establece el principio de subsidiariedad del Estado en la economía, lo que significa que solo puede intervenir en actividades empresariales cuando el sector privado no esté en condiciones de hacerlo, lo cual claramente no es el caso. Existen operadores privados con la capacidad y experiencia necesarias para gestionar este tipo de establecimientos de manera eficiente y rentable, algo que el Estado ha demostrado no poder hacer de manera sostenible en el pasado. 

El historial de los hoteles de turistas administrados por el Estado en el Perú es una muestra de las dificultades que enfrenta el sector público en la gestión hotelera. Durante décadas, estos hoteles se caracterizaron por la ineficiencia, el deterioro de infraestructura y el mal servicio, lo que los hizo inviables como negocios sostenibles. Fue precisamente esta mala experiencia la que llevó a su privatización, con resultados ampliamente positivos en términos de calidad y rentabilidad. 

Pretender que el Gobierno Regional de Cusco asuma la administración del hotel es un retroceso que afectaría gravemente la imagen de Machu Picchu como destino turístico de primer nivel. Basta con ver el estado en que se encuentra el hotel de turistas del Cusco. 

En lugar de estatizar la operación hotelera, lo que se requiere es garantizar un proceso de concesión transparente y competitivo que asegure que el mejor postor, con la mejor propuesta de servicio y desarrollo sostenible, continúe con la operación del hotel. En el mismo sentido se ha pronunciado el Colegio de Abogados del Cusco. 

Asimismo, un fallo judicial ya ha ordenado al Gobierno regional que se abstenga de realizar acciones que afecten el derecho al trabajo de los empleados del hotel, por lo que dispone que el hotel debe continuar bajo la administración actual hasta que se adjudique una nueva concesión. 

El desarrollo turístico del Perú ha demostrado que la colaboración entre el sector público y el privado es la clave del éxito. Perder de vista esta lección podría tener consecuencias negativas no solo para el hotel en cuestión, sino para toda la economía regional y la reputación del país como destino turístico de calidad.