Minería ilegal: un tema de derechos humanos

Cuando hablamos de minería ilegal, solemos empezar por las cifras: cuánto oro sale del país sin ser declarado, cuánto pierde el fisco, cuánto bosque se destruye, cuánto mercurio termina en nuestros ríos o cuánto dinero mueve una economía que opera al margen de la ley. Todo ello importa. Y mucho. Pero, adicionalmente al problema económico, ambiental o de seguridad, estamos frente a una grave crisis de derechos humanos.

El estudio Violencia y vulneración de Derechos Humanos en contextos de minería no legal en el Perú, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, aporta evidencia particularmente preocupante. A partir del análisis de La Rinconada, Atico y Pataz, muestra que la minería no legal trasciende largamente el daño ambiental: amenaza la vida, la dignidad, la salud y la seguridad de las personas, precariza el trabajo, intensifica la violencia territorial y genera recursos que fortalecen a organizaciones criminales. 

No estamos hablando simplemente de personas que extraen mineral sin contar con todos los permisos. Estamos hablando de homicidios y desapariciones; explotación laboral y trabajo forzoso —formas contemporáneas de esclavitud—; trabajo infantil; trata de personas y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes; extorsiones, robos, lesiones; y contaminación con sustancias tóxicas. El estudio vincula expresamente estas conductas con la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal, la prohibición de la esclavitud, el derecho al trabajo y a condiciones de vida adecuadas. 

Hay una conclusión especialmente importante: la vulneración de derechos humanos no es simplemente una consecuencia indeseada de la minería no legal. Es parte funcional de su modelo de negocio. Uno que es extraordinariamente rentable precisamente porque alguien más paga el verdadero costo: el trabajador explotado, la mujer víctima de trata, el niño sometido a condiciones inadmisibles o la comunidad abandonada frente al crimen organizado. 

Por eso, cuando desde el Congreso se impulsen iniciativas bajo el argumento de proteger al pequeño minero, debemos mirar también sus consecuencias. Prolongar regímenes transitorios cuestionables o fracasados, o que generan espacios de impunidad para actividades ilegales, no es solamente una discusión sobre formalización minera. Blindar a quienes operan dentro de estas cadenas significa también dejar desprotegidas a sus víctimas. Los derechos humanos no pueden defenderse selectivamente. 

¿Qué hacer? La respuesta no puede reducirse a enviar más militares o realizar operativos esporádicos. El propio estudio evidencia que estos territorios suelen caracterizarse por una presencia policial limitada y episódica. Recuperarlos exige Estado permanente: conectividad física y digital, servicios públicos, educación, salud, justicia, fiscalías y policía con capacidad real de permanecer en el territorio. 

Pero también necesitamos inteligencia. Hay que entender las cadenas logísticas, identificar quién proporciona insumos, quién transporta, quién compra y quién comercializa. Y, especialmente, seguir la ruta del dinero. El mineral ilegal necesita convertirse en aparentemente legal y sus ganancias deben ingresar al sistema económico. El estudio identifica precisamente la comercialización como un punto crítico, donde corresponde analizar los mecanismos de lavado del mineral y los flujos financieros que permiten su inserción en los mercados. 

Combatir la minería ilegal es también proteger la pequeña minería que busca operar dentro de la ley. Detrás de cada gramo de oro ilegal puede haber un peruano al que se le está arrebatando la vida, la libertad, la salud o la dignidad. Por eso, cualquier decisión pública que termine facilitando estas cadenas debe evaluarse también por sus consecuencias sobre las víctimas. Los derechos humanos no pueden ser un daño colateral de la política de formalización. Ese debería ser el centro de la discusión. 

*Publicado en Diario Gestión el 18.09.2026