Menos peruanos acceden a agua y saneamiento. ¿Qué propuestas solo los perjudican más?

Como desarrollamos la semana anterior, la brecha de cobertura de agua y saneamiento continúa siendo mayor a la existente prepandemia. Menos peruanos acceden a ambos servicios desde sus viviendas, debido a la inadecuada gestión del Gobierno para reducirla. Preocupa que propuestas de candidatos como Roberto Sánchez solo la incrementen. 

Entre 2019 y 2025, la proporción de peruanos con acceso a agua dentro de sus viviendas vía red pública disminuyó del 89.8% al 88.1%, lo que mantiene la tendencia a la baja en los últimos años, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). En total, se registraron 30.7 millones de personas (+1.4 millones respecto a prepandemia) que sí tuvieron acceso. Sin embargo, el aumento de la población sin acceso subió a 4.1 millones (+820,370 personas), progreso insuficiente para cubrir el crecimiento poblacional. 

En el mismo periodo, aunque con un ligero incremento en últimos años, la proporción de peruanos con acceso a red pública de saneamiento en sus viviendas disminuyó del 73.3% al 71.7%, según estimaciones de la Enaho. Mientras que la población con acceso ascendió a 25 millones (+1 millón de personas), aquellos sin acceso sumaron 9.9 millones (+1.1 millones). 

Es importante enfatizar que el incremento de la población sin acceso a ambos servicios públicos se concentró exclusivamente en las zonas urbanas. La población urbana sin acceso a agua dentro de sus viviendas ascendió a 2.6 millones (+1.1 millones), mientras que aquella sin acceso a desagüe aumentó a 4.9 millones (+1.7 millones). En contraste, en el ámbito rural se registró una disminución en ambos casos, debido a una reducción de la población total que habita en dichas zonas. 

De acuerdo con la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, aprobada en abril de este año, el Gobierno reconoce esta problemática y que el limitado acceso a ambos servicios responde a una inadecuada gestión pública respecto de la planificación urbana, la capacidad de los prestadores y la sostenibilidad del sistema. Entre los principales problemas identificados destacan los siguientes:

i) Un crecimiento urbano desordenado e informal, debido a una insuficiente planificación, control del uso del suelo y ejecución de la inversión pública.

ii) Una débil articulación entre los Planes Regionales de Agua Potable y Saneamiento (PRAS) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU).

iii) La limitada capacidad de las redes existentes para admitir nuevas conexiones.

iv) La insostenibilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS).

v) Las bajas capacidades para planificar, formular y ejecutar inversiones que respondan oportunamente al crecimiento urbano.

vi) La reducción del presupuesto público asignado a inversiones en el sector respecto de niveles prepandemia, sobre todo a nivel subnacional y dentro de los planes nacionales.   

Por esto mismo, reducir la brecha de agua y saneamiento requiere una revisión integral del sistema que priorice la asignación del presupuesto a la inversión pública —en vez de destinarlo a otras propuestas que comprometan los recursos del Estado— y reduzca la discrecionalidad subnacional. 

¿Qué promesas limitarían reducir la brecha?

Una mayor descentralización política y administrativa no traerá mayor desarrollo, sin cambios sustanciales a cómo opera esta. Actualmente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ejerce la rectoría del sector, pero son las municipalidades quienes se encargan de implementar las políticas aprobadas a nivel nacional. Esto porque las comunas se encargan de diseñar los PDU, ejecutar obras públicas y administrar directamente las EPS (48 de 49 son municipales). 

Promover la creación de nuevas empresas públicas no garantizará que el Estado actúe plenamente y se logren mejores resultados en el acceso a servicios básicos. Según estimaciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), mientras que 7 EPS públicas estarían en insolvencia económica y financiera, otras 20 se encontrarían en riesgo de estarlo. La misma institución también evidenció ineficiencias en la gestión operativa, debido a que cerca del 40% del agua producida por estas empresas públicas se perdió debido a factores físicos (roturas, antigüedad de infraestructura, etc.) o comerciales (problemas con medidores). 

Los compromisos de elevar el presupuesto de salud al 8% del PBI o mayores aumentos salariales en el sector público limitarán los recursos fiscales disponibles para saneamiento. Si se considera que tan solo las iniciativas del Congreso aprobadas en marzo del presente año implican un desembolso anual del Estado de S/ 11,400 millones, según estimaciones del Consejo Fiscal, las promesas de asignar más presupuesto a otros conceptos implican reducir lo disponible para el resto. Por tanto, preocupa la situación del sector saneamiento, que a abril de este año dispone de S/ 5,908 millones, monto por debajo del presupuesto de 2019 (S/ 6,531 millones), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Pese al populismo de los últimos Gobiernos y el actual Congreso, el cierre de brechas sociales ha quedado en el olvido, como evidencia la situación del sector saneamiento. Este acumula una brecha de infraestructura cercana a S/ 60,000 millones este año, que podría ascender hasta S/ 175,000 millones en 2050 sin el avance correcto de las inversiones. Dicha situación no se revertirá en lo absoluto si solo se propone incorporar en la Constitución el derecho a una vivienda digna o la creación de nuevas instituciones “especializadas”.