¿Más regulación sobre el escenario?

Los conciertos son mucho más que espectáculos musicales: constituyen espacios de entretenimiento que congregan a miles de personas y dinamizan diversas actividades económicas. Sin embargo, su organización podría enfrentar nuevas exigencias a raíz de dos iniciativas que se discuten en el Congreso. 

El primero de estos proyectos es el 116-2026-2031-CD, presentado por el diputado Ángel Meneses, de la bancada de Ahora Nación. Su objetivo es permitir que quienes asistan a eventos de 500 personas a más (denominados por el texto como de concurrencia masiva) cuenten con puntos de hidratación gratuitos y puedan ingresar con alimentos y bebidas de iguales características. Si bien la iniciativa parte de una preocupación legítima por el bienestar del público, su planteamiento presenta dos problemas. 

En primer lugar, se invoca el caso Cineplanet como precedente que permitió el ingreso de alimentos y bebidas a las salas de cine. Sin embargo, el criterio aplicado en este caso responde a las características particulares de las salas de cine y no puede trasladarse automáticamente a los espectáculos masivos. En estos últimos, las restricciones al ingreso de alimentos y bebidas pueden responder a razones de seguridad, salubridad y control de riesgos, por lo que no necesariamente constituyen cláusulas abusivas contra los consumidores. Su evaluación debe considerar las condiciones específicas de cada evento. 

Este enfoque, además, no es nuevo. Como señalamos en el Semanario 1238, en el Congreso 2021-2025 surgieron iniciativas que atribuían erróneamente la condición de cláusula abusiva a cualquier restricción. Esto sin considerar que ya existe una vía adecuada: el consumidor puede denunciar ante el Indecopi, que evalúa cada caso por separado y evita generalizar los supuestos. 

El segundo problema se vincula con los puntos de hidratación. Garantizar condiciones adecuadas de hidratación puede contribuir a prevenir riesgos para la salud de los asistentes. Sin embargo, el proyecto no sustenta por qué establece un umbral de 500 personas ni considera las diferencias entre eventos según su duración, ubicación, condiciones climáticas y características del público. Una regulación proporcional debería atender estos factores antes de imponer obligaciones uniformes a los organizadores. 

Si el primer proyecto genera dudas por su alcance, el segundo las genera por sus efectos. Se trata del Proyecto de Ley N.° 00665-2026-2031-CD, presentado por el diputado Diego Bazán, de Renovación Popular, que propone que los artistas extranjeros que se presenten en el Perú tengan como teloneros a artistas nacionales, con participación remunerada. 

Promover la participación de artistas nacionales es un objetivo legítimo. Sin embargo, imponer su contratación obligatoria podría incrementar los costos de organización y reducir la flexibilidad para diseñar los espectáculos. En determinados casos, ello podría desincentivar la realización de eventos o limitar las oportunidades de participación de artistas que no se ajusten a las condiciones establecidas por la regulación. Además, la propuesta desconoce que la libertad de contratación comprende la facultad de los organizadores de seleccionar a los artistas que integrarán el espectáculo, en función de criterios artísticos, técnicos y de disponibilidad. Imponer la participación de un artista nacional, incluso cuando no exista una propuesta compatible, supone trasladar al Estado una decisión que corresponde al ámbito de la iniciativa privada. 

La propuesta incluye, además, una medida que, bajo el ideal de fomentar la cultura, obliga a aumentar la difusión de programación nacional del 10 % al 30 %. Su justificación se reduce a una comparación regional sobre cómo operan estos mecanismos en otros países, sin un análisis efectivo de su impacto, y supone una mayor intervención en la actividad privada de las empresas de radiodifusión. 

Existen alternativas más eficaces para lograr el mismo objetivo. Un ejemplo es el modelo de Corea del Sur donde, de acuerdo con un informe de la ONU, el éxito en las industrias del cine y la música responde a políticas que refuerzan el valor creativo, como invertir en programas que promuevan el talento y el emprendimiento, asegurar la infraestructura digital para la difusión y el consumo de contenido, y promover asociaciones público-privadas, es decir, colaboraciones que estimulen la innovación y el crecimiento. 

La experiencia de Corea del Sur refleja la importancia de complementar la promoción cultural con políticas orientadas al desarrollo del talento, la inversión en infraestructura, la innovación y la colaboración público-privada. Estas herramientas pueden contribuir a fortalecer la competitividad de las industrias creativas sin depender exclusivamente de obligaciones regulatorias. 

En conclusión, ambos proyectos persiguen fines legítimos, como proteger al asistente y promover el talento nacional, pero optan por vías que podrían producir el efecto contrario. El primero impone obligaciones generales sin distinguir la naturaleza de cada evento ni sustentar el umbral de 500 personas, y desconoce que el Indecopi ya permite evaluar cada caso concreto. El segundo encarece la realización de conciertos, interviene en la libertad de contratar y en la actividad de empresas privadas, y se apoya en comparaciones regionales sin evidencia sobre su impacto. 

Por ello, la regulación de los espectáculos masivos debe basarse en una revisión por riesgos y no en obligaciones uniformes que desincentivan la realización de eventos de gran magnitud. Asimismo, fortalecer la industria nacional exige eliminar barreras y generar condiciones de difusión, inversión y colaboración público-privada. Una regulación mal calibrada pondría en riesgo tanto la realización de los espectáculos como las oportunidades para los artistas nacionales.